Restricciones. El oficialismo acelera el proyecto de las clases, pero le hará cambios



El oficialismo tiene decidido acelerar el debate en el Senado y darle luz verde mañana en comisiones al proyecto con el que el Gobierno pretende imponer por ley las restricciones de actividades por la pandemia de coronavirus, entre ellas la suspensión de las clases presenciales, aunque la iniciativa sufrirá modificaciones con relación al texto enviado por el Poder Ejecutivo.

Así lo confirmó a LA NACION la senadora María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que, junto a la de Salud, se reunirá en plenario mañana a las 10 para discutir el proyecto.

El encuentro contará con la presencia de Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, y de Carla Vizzoti, ministra de Salud. La lista de expositores a la videoconferencia podría ampliarse si Juntos por el Cambio decide proponer invitados.

“Estamos chequeando la letra fina. Hay varias cuestiones que estamos evaluando, algunas son de forma y hay otras que todavía estamos viendo, pero no quiero adelantarme en nada”, aseguró Sacnun ante la pregunta de este diario sobre si el proyecto sufriría cambios.

La legisladora también confirmó el apuro del oficialismo en el Senado. “Entiendo que va a ser la única reunión, habría dictamen mañana”, señaló. De esta manera, el proyecto quedará en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado la semana próxima.

Según pudo saber LA NACION, surgirán de una negociación a tres bandas entre el Poder Ejecutivo y los bloques oficialistas de ambas cámaras legislativas.

La intervención de la bancada que conduce Máximo Kirchner en la Cámara baja es clave para tratar de conseguir el apoyo de diputados del interbloque que integran lavagnistas y peronistas cordobeses, entre otros, y de los provinciales de Río Negro y Misiones.

Sin esos votos, el oficialismo difícilmente pueda conseguir la sanción de la iniciativa.

Por lo pronto, la negociación no parece sencilla si se toma en cuenta que el proyecto implica una delegación de facultades que son patrimonio exclusivo de las provincias, como el de la regulación de la actividad educativa.

Para Juntos por el Cambio, que ya se plantó en el rechazo a la iniciativa en ambas cámaras, el texto es inconstitucional porque convierte a los gobernadores en meros delegados del Poder Ejecutivo amparada en el paraguas de la emergencia sanitaria.

Así lo ratificaron en la tarde de ayer sus senadores durante una reunión virtual en la que el interbloque definió la estrategia con la concurrirá al plenario de comisiones de hoy.

Para la principal bancada opositora de la Cámara alta, la discusión ya quedó saldada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con el Poder Ejecutivo por la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 235/21 del 14 de abril último.

En ese sentido, en la oposición se destacaba ayer que el fallo del máximo tribunal ya anticipa que aún “en el supuesto hipotético” de que el Poder Ejecutivo sancionara por ley el decreto regulatorio de la discordia, no cambiaría su opinión acerca de que sus disposiciones vulneran la autonomía de la Capital Federal.

El proyecto del Gobierno es casi una réplica exacta de aquel DNU y de los que lo siguieron (241 y 287) y que provocaron el duelo político por la continuidad de la presencialidad en las escuelas. Tanto es así que, de aprobarse como fue enviado, se sancionaría con fuerza de ley la obligación de estornudar en el pliegue del codo. Un absurdo, según lo admitió un senador oficialista en diálogo con este diario.

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