Impuesto a la riqueza: la Justicia obliga a pagar a alguien que vive en Uruguay



El impuesto a la riqueza -conocido en el oficialismo como el Aporte Solidario Extraordinario que grava a las grandes fortunas-, sigue activando conflictos en tribunales. En esta ocasión, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar que solicitó un contribuyente, quien alegó que “que no es residente fiscal en la Argentina” desde julio del año pasado.

El contribuyente había presentado un amparo para no pagar el impuesto, ya que vive en Uruguay desde el año pasado, antes de que el Congreso apruebe el impuesto a la riqueza el 18 de diciembre de 2020.

Además, indicó que a finales de agosto le informó a la AFIP “la pérdida de su condición de residente y solicitó su baja en impuesto a las ganancias y bienes personales”, al tiempo en que la Dirección General Impositiva uruguaya reconoció su residencia fiscal.

“A su criterio, la improcedencia de la tributación por un no residente viola los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho de circulación y residencia de cualquier persona; el Convenio para evitar la doble imposición suscripto entre la Argentina y Uruguay, de quienes tengan vinculación con ambos países, y el principio de irretroactividad de las leyes”, remarcó.

Sin embargo, el juez federal Walter Lara Correa rechazó la medida cautelar solicitada por Roberto Jorge Rodríguez, ya que “la doctrina ha señalado que puede plantearse que una persona física no sólo sea residente del exterior, sino también residente en la Argentina, es decir, tenga una doble residencia”.

Esta mañana la titular de la agencia, Mercedes Marcó del Pont, indicó que casi la mitad del patrimonio de quienes pagaron el impuesto a la riqueza se encuentra fuera de la Argentina. “La riqueza de los sectores alcanzados, los más ricos del país, está en distintas formas de activos financieros”, aseguró en declaraciones a la TV Pública.

Hasta ahora, los tribunales fallaron a favor de los contribuyentes en cinco ocasiones, mientras que nueve jueces rechazaron los mismos pedidos para no pagar el tributo en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Por el momento, la AFIP ya fue notificada en unas 60 causas, aunque se esperan muchas más.

El primer caso que se dio a conocer fue el del ejecutivo del unicornio argentino Globant, Alejandro Scannapieco. En esa ocasión, la jueza federal Madariaga de Negre le concedió la cautelar al empresario a finales de marzo, hasta en tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Cabe recordar que el 16 de abril venció el plazo para que los contribuyentes alcanzados por el tributo presenten sus Declaraciones Juradas y paguen el tributo. Según dio a conocer la AFIP, alrededor de 10.000 argentinos con patrimonios superiores a los $200 millones abonaron el impuesto, un 80% del universo estimado.

En tanto, en el caso de los 3000 contribuyentes que decidieron no pagar, la AFIP ya salió a realizar fiscalizaciones integrales. Los procedimientos abiertos a través Dirección General Impositiva permiten analizar el patrimonio de quienes omitieron el pago del aporte, durante un plazo de 150 días en el cual el organismo puede solicitar información detallada.

“Llevamos iniciadas más de 1000 fiscalizaciones a contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte y seguiremos por las vías administrativas o judiciales. Tenemos que dar una batalla cultural sobre la importancia de pagar impuestos y sobre todo los contribuyentes con mayor capacidad contributiva”, aseguró Marcó del Pont.

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