Carla Vizzotti y Vilma Ibarra defienden el proyecto de emergencia ante el Senado: “Ninguna medida es irrazonable”



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se presentan, desde esta mañana, frente a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado para defender el proyecto de ley de emergencia de Covid-19, que el Gobierno envió al Congreso el lunes pasado con el objetivo de fijar “parámetros objetivos” para determinar las competencias de cada una de las provincias en el manejo de la pandemia. Frente a cuestionamientos de legisladores de la oposición, las funcionarias remarcaron que ninguna medida del proyecto es “irrazonable” y la norma apunta a generar el “mayor beneficio sanitario”.

“Todas las medidas tienen contexto científico, algunas son más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo establecidas por parámetros objetivos”, indicó Ibarra ante los senadores presentes.

La secretaria Legal y Técnica dio un discurso más amplio que Vizzotti. “Con la obligación que tiene el gobierno nacional de proteger la vida y la salud, no podemos pedir que en una situación de alto riesgo epidemiológico, cuando ya se han tomado medidas por los gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes para mejorar los parámetros epidemiológicos, nos parece absolutamente razonable que el Presidente adopte medidas adicionales a fin de evitar que un lugar pase a una situación de riesgo. Se basa en los principios más básicos, que son el cuidado de la vida y la salud en el marco de una pandemia”, argumentó Ibarra.

Además, hizo mención a las facultades que el proyecto de ley le atribuye a los administradores de cada provincia, y remarcó que están habilitados a suspender las clases presenciales, si lo considerasen “necesario”. Según indicó, “el artículo 20 establece que gobernadores y gobernadores tengan a su cargo adoptar las medidas que consideren necesarias y que se suspenda la modalidad de clases presenciales, que se vincula con la resolución establecida por el Consejo Federal de Educación, que tiene un semáforo donde se establecen las formas de evaluación de riesgo”.

En el marco de la disputa política que generó la suspensión de las clases presenciales entre el oficialismo y la oposición. Ibarra manifestó: “Todos queremos tener clases presenciales, creemos que es la mejor manera y la más plena de acceder al derecho de la educación. Precisamente, para garantizarlo, no queremos seguir en la situación de alarma. Queremos bajar de alto riesgo a mediano riesgo, necesitamos normalizar los valores para poder ejercer con más amplitud nuestros derechos”.

Previo a las palabras de Ibarra, Vizzotti explicó algunos lineamientos del proyecto, y dijo que el Gobierno apunta a “generar las medidas con el menor impacto social y económico y el mayor beneficio sanitario, para poder tener menos casos y menos muertos, y que el sistema de salud pueda dar respuesta”.

La titular de la cartera de Salud nacional advirtió, además, que el marco normativo “tiene una mirada federal”. “No hay ningún indicador que pueda incluir todas las situaciones epidemiológicas, pero se da un marco legal con previsibilidad para que la población pueda saber los parámetros y generar acciones en ese sentido”, agregó.

El esquema federal que mencionó Vizzotti fue, de inmediato, cuestionado por los senadores de la oposición. “Desde donde se lo mire, no podemos votar el proyecto de ley de los superpoderes porque no se puede delegar lo que no se tiene. No es potestad de este Congreso de dar facultades que les fueron reservadas a los estados provinciales”, remarcó la senadora radical por Jujuy Silvia Giacoppo.

La legisladora del Frente Jujeño Cambiemos, vocera de la comisión de Asuntos Constitucionales, apuntó contra la vacunación vip y calificó de “doloroso” lo sucedido. “Los escándalos hieren, lastiman y duelen. Con la ida de un ministro no alcanza. Hubiésemos querido que usted venga antes y nos diga cómo vamos”, indicó Giacoppo, y también se sumó al reclamo de su par radical Mario Fiad, quien pidió a la ministra que “responda los mensajes a los gobernadores”.

Otro de los legisladores radicales, Pablo Blanco, afirmó, en línea con Giaccoppo, que “el Congreso no puede delegar facultades que no tiene”. Además, respecto de la facultad que la norma le atribuye al Gobierno para suspender las clases presenciales, el senador nacional por Tierra del Fuego disparó: “Veo esto como una forma de buscar una herramienta legislativa para ir en contra de los parámetros del fallo que fijó la Corte. Es una forma de fijar una desobediencia por los parámetros que fijó el Tribunal”.

Guadalupe Tagliaferri, senadora de Pro, fue contundente. “Esta ley es un mamarracho jurídico”, indicó la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. “La Corte declaró que es inconstitucional y el oficialismo decide instalarlo en el Senado”, insistió, en referencia a la resolución de la Justicia a favor de Horacio Rodríguez Larreta, en la que el Tribunal Supremo resolvió que el Gobierno nacional violó la autonomía porteña al suspender las clases presenciales.

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