Telecomunicaciones. Las empresas ratificaron el rechazo al DNU que congeló los precios



El Enacom recibió a las compañías después de la sanción del DNU

A pesar de los antecedentes, la reunión de ayer entre las autoridades del Enacom y las principales empresas de telefonía del país -Telecom, Telefónica y Claro- fue en buenos términos. Era la primera vez que se encontraban desde el sorpresivo decreto de necesidad y urgencia (DNU) que definió sus prestaciones como “servicio público esencial y estratégico en competencia” y estableció que los precios serán regulados por el ente.

En líneas generales, las empresas ratificaron su rechazo al DNU, a que se las considere compañías que dan un servicio público y al establecimiento de una tarifa regulada. Del otro lado, las autoridades dijeron que no buscan “matar” a la industria sino llegar a un consenso que incluya al usuario, que se vería reflejado en la reglamentación del decreto. Aunque en sí no hubo ningún adelanto de cómo sería ese decreto reglamentario, sino que volverían a reunirse otra vez junto a los demás actores del sector. Un encuentro aún sin fecha.

“La norma no la sacó el Enacom. Fue una decisión del presidente. Es un tema que los excede. Nos citaron para expresar que querían tener un diálogo con todos los actores y nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, porque así es como se hacen las regulaciones en el mundo, mientras que acá no hubo una consulta para hacer cambios regulatorios sustantivos”, dijo una fuente de una de las empresas presente en el encuentro.

“Obviamente les manifestamos que no estábamos de acuerdo con el DNU. Que no es positiva una herramienta que combina servicio público con control de precios, cuando en el mundo las empresas se rigen por la competencia”, agregó.

Las firmas habrían planteado también la necesidad de tener una mayor previsibilidad y un horizonte más sustentable para el negocio (con el congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre las líneas pospagas van a haber estado congeladas nueve meses y las prepagas, un año), porque si no se generan ingresos no se puede reinvertir. Y les recordaron a los funcionarios que siendo los servicios convergentes no se puede segregar por el perfil del prestador.

Por su parte, las autoridades habrían dicho que no quieren “matar” a la industria sino dar claridad y fijar criterios sobre precios y no tarifas. “Cumplieron con el hecho de invitarnos y empezar la ronda de trabajo, pero no estuvo la propuesta de reglamentación. Vendrá en una segunda vuelta. Ellos creen que no pueden tratar el tema de forma segmentada, sino que tienen que intervenir todos los actores TIC. Es bueno que haya un marco de discusiónpara que por lo menos haya un mayor grado de razonabilidad dentro de un marco que no es positivo, o por lo menos así lo pensamos nosotros”, cerró.

Otra fuente de la industria dijo que las compañías no se mueven de la postura de que no pueden ser servicio público, mientras que los reguladores creen que pueden enmendar el DNU con la reglamentación. “La propuesta es que todas las preocupaciones se podrían resolver con el decreto reglamentario y este no puede decir que no somos servicio público, y para nosotros ese es el tema. Algunos hablan sin saber o con picardía de que es en competencia, pero si tenés que pedir permiso para aumentar precios, es otra la dinámica del negocio”, afirmó el ejecutivo.

En cuanto a la próxima reunión, dijo que sería para conformar una especie de “comisión redactora que no va a terminar nunca”. “Hasta ahora lo único concreto es que el congelamiento dura hasta diciembre, pero para eso no hacía falta cambiar la naturaleza jurídica del negocio”, argumentó.

Por último, en el Gobierno dijeron a LA NACION que no va a haber un “tarifario que respetar” sino que la idea es que se pongan todos de acuerdo y haya un “marco que pueda beneficiar al usuario”.

Participaron de la reunión funcionarios del Enacom, entre los que estaban el presidente, Claudio Ambrosini; el vicepresidente, Gustavo López; los directores Gonzalo Quilodrán, María Florencia Pacheco y Alejandro Gigena. También asistió Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública.

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