Retenciones: el camino equivocado que no lleva a soluciones para la inflación



La reunión de la Mesa de Enlace con el presidente Alberto Fernández Crédito: Presidencia

Una suba de diez puntos en las retenciones de maíz y del trigo implicaría, por única vez, una baja de 1,5 puntos porcentuales en el kilo del pan, lo que significaría un ahorro de solo once días en la inflación anual de la Argentina. En el caso del pollo, bajaría tres puntos porcentuales y la reducción en carne y leche equivaldría a cuatro días de inflación. Estos ejemplos son de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Los datos muestran que la solución a la inflación que registran los alimentos en los últimos meses no pasa por las vías con las cuales el presidente Alberto Fernández amenazó: suba de retenciones y cupos para las exportaciones.

Si bien la tensión con el campo cedió después de la reunión que el jefe de Estado mantuvo con la Mesa de Enlace, el miércoles pasado, lo concreto es que cualquier mecanismo de más derechos de exportación o trabas para vender al exterior se trata de un camino equivocado. Expertos consultados por LA NACION destacaron la necesidad de usar otras recetas ante la inflación.

Un estudio de la consultora DNI, de Marcelo Elizondo, revela que aquellos países que imponen tributos a la exportación tienen tasas de inflación más altas y no son, en general, los mayores exportadores que los que no apelan a esas herramientas. La Argentina aparece como uno de los dos que más recaudan por tributos a las exportaciones junto a Kazajistán (21,9%). A continuación figuran Islas Salomón (21,2%), Rusia (19,1%), Bielorrusia (17%), Tayikistán (15,7%), Guinea-Bisáu (14,7%), Costa de Marfil (13%), Madagascar (3,9%), Papúa Nueva Guinea (3,7%), Etiopía (2,6%) y Uzbekistán (1,9%). En cuanto a la inflación, Kazajistán tuvo una inflación del 5,25% en 2019, Islas Salomón, 1,61%; Rusia, 4,47%; Bielorrusia, 5,62%; Tayikistán, 6,01%; Guinea-Bisáu, 0,2%; Costa de Marfil, 0,81%; Madagascar, 5,6%; Papúa Nueva Guinea, 3,6%; Etiopía, 15,8%; Uzbekistán, 14,5%.

Para Iván Ordoñez, economista especializado en agronegocios, las advertencias de más retenciones o cupos muestran una inclinación a privilegiar “en extremo” el corto plazo. Grafica con que si se cierran las exportaciones de carnes se forzará un ciclo de liquidación de hacienda con el costo de descapitalizar el negocio. “Si se crea un incentivo a producir animales livianos habrá menos rendimiento y hasta problemas para la industria del cuero, ya que serán chicos y muy delgados que no servirán, por ejemplo, para asientos de autos. A largo plazo se ataca el problema con una no solución para obtener un beneficio de menos de un año con costos que se pagan en cinco”, dijo.

“El problema de la carne no es el precio, sino los ingresos. Se destruyeron tres millones de puestos de trabajo informales y las entradas de los formales perdieron frente a la inflación. Si preocupa que los de menos ingresos puedan acceder a la carne, podemos asistirla. La clave es subsidiar a la demanda, no toquetear a la oferta”, explicó Ordoñez.

Entre los especialistas hay consenso de que la incidencia de la producción en el precio final de los alimentos es baja porque la cadena de valor tiene una extensión diferente a la de un siglo atrás y cada proceso de transformación, transporte, depósito y comercialización incide.

Escenario

Para Juan Manuel Garzón, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, el alza de las materias primas tendrá un impacto muy bajo en el actual contexto. “No podemos aislarnos de que existe una suba persistente y generalizada de precios, las dos características que definen a la inflación. Crecen los precios de más de 500 productos, lo que marca un fenómeno transversal y no un problema de precios relativos”, precisó.

En Chile y Brasil la inflación del rubro alimentos fue, en promedio, del 1% en los últimos meses del 2020 cuando en la Argentina fue de entre 4% y 5%. “Los números muestran que hay otras cosas por detrás de las subas locales -indicó Garzón-. El Gobierno nos mete en esta discusión y apunta a sacarse de encima la responsabilidad de controlar la inflación, busca a un enemigo de bajo costo político porque no comulga con el modelo de país que busca impulsar”.

Jorge Ingaramo, economista, coincidió en que la inflación es “responsabilidad” de la política económica. Sostuvo que la estrategia oficialista es apuntar al campo por la medición de los “síntomas” desde agosto cuando los alimentos subieron. “Le pide al campo que resuelva por sí mismo el tema y señala el fideicomiso del aceite sin analizar que ese esquema no se puede repetir en otras cadenas porque son diferentes”, afirmó. Su propuesta es que el Gobierno subsidie por cinco meses a los compradores de maíz por unos US$100 millones para, de esa forma, reducir el impacto de la suba del cereal.

“Hay un problema, hay que mostrar una reacción y la solución real no pueden o no quieren aplicarla. El Plan B es Precios Cuidados, Precios Máximos, cupos, subsidios a tarifas; se toman medidas que no van a las causas sino a las consecuencias, son un paño frío a las consecuencias”, afirmó David Miazzo, economista de FADA.

Los dirigentes del agro antes del encuentro con Fernández Crédito: FAA

El analista político Sergio Berenztein dijo que los populismos -de derecha y de izquierda- buscan siempre presentarse como “víctimas” de las situaciones. “Para el kirchnerismo, el conflicto por la 125 marcó un punto de inflexión y aunque Fernández dijo haber aprendido de esa experiencia, sistemáticamente vuelven a esas acciones. Amagan con equivocarse a fondo y frenan, no reflexionan antes sino que comenten el error y van para atrás”, expresó.

Insistió en que detrás de todo hay un cálculo electoral que tiene como eje la idea de que el que no vota al oficialismo “lo paga”. Remarcó: “El campo no lo vota ni antes de la 125 ni después; les quieren bajar Ganancias a los empleados pero subir impuestos a los empresarios; antes fueron los jubilados, subas para los que cobran la mínima y mucho menos al resto”.

Para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que estuvo en la reunión con Fernández con sus pares de la Mesa de Enlace (Jorge Chemes, de CRA, Carlos Iannizzotto, de Coninagro, y Carlos Achetoni, de Federación Agraria) si se abandonara la “mirada prejuiciosa e ideológica” sobre el campo y se adoptaran “políticas virtuosas” el Gobierno podría lograr los objetivos que “dice procurar, como el abastecimiento de alimentos para las familias argentinas a precios accesibles, un desarrollo equitativo en términos territoriales, una complementariedad entre los diferentes sectores productivos, una mejor distribución de la renta y el ingreso, a través de medidas que fomenten la producción y los mercados, en lugar de utilizar mecanismos distorsivos”.

Agregó que se debe buscar “fomentar la cohesión de los diferentes segmentos de la sociedad en torno a un proyecto común de país, más moderno, más armónico y más competitivo”.

Visiones distintas

Para el historiador Roy Hora, autor del libro “Cómo pensaron el campo los argentinos”, el conflicto entre el campo y el Gobierno es “el conflicto entre dos racionalidades”. Por un lado, el sector agroexportador, motor de las exportaciones, de la actividad económica y de la sustentabilidad fiscal “siempre frágil” en la Argentina. Del otro lado, una administración -incluso anteriores al del Gobierno de Alberto Fernández- cuyas principales bases políticas “no están asociadas a ese sector productivo”.

“Hay una fuente permanente de tensión; esto ya se dio en el siglo XIX cuando el país no tenía otra fuente de financiamiento que no fuera el sector agroexportador y porque siempre hubo un Estado comparativamente grande”, señaló. Describió que en la mirada de largo plazo, en los 40 el eje del proyecto de desarrollo estaba la industria con un conjunto de alianzas.

“La sociedad, los intereses creados en torno a la economía volcada al mercado interno todavía existen; el peronismo es la configuración política de eso. El conflicto, entonces, es por un desencuentro de intereses”, sintetizó. Subrayó que la tensión se da en un marco en el que el sector agropecuario tiene “poco” peso político frente a un peronismo recostado sobre agentes de una economía más urbana, incluso informal.

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