Récord. El país ya pagó al menos US$1100 millones por juicios de empresas



Entre las sentencias ya pagadas se encuentran los acuerdos con Suez y Vivendi por Aguas Argentinas; el monto podría engrosarse en caso de que las empresas concesionarias de las autopistas cuyos contratos se conoció que se rescindirán deciden ir al tribunal de arbitraje comercial

Eterna rompedora de récords no siempre muy alegres, la Argentina mantiene esa condición en lo que respecta a demandas iniciadas por incumplimientos de contratos. En el Ciadi, la institución que se encarga de dirimir diferencias entre estados e inversores internacionales, el país ostenta el primer puesto en la cantidad de causas iniciadas (cerradas y pendientes). Ese récord ya la llevó a desembolsar arriba de US$1100 millones por arreglos con empresas, una cifra que equivale a un 15% de las reservas netas del Banco Central, por caso.

Es un monto que se podría engrosar tras conocerse que el Gobierno rescindirá seis concesiones de autopistas con contratos de inversión por US$6000 millones en total. Entre ellas existe al menos una adjudicada a un consorcio en el que tiene participación una empresa italiana, condición suficiente para poder elevar una controversia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones o Ciadi.

Entre las que hoy aparecen en la base de datos del Ciadi, hay 56 demandas iniciadas contra la Argentina, ocho de ellas con sentencia aún pendiente. Además, al menos un número equivalente ya fue abonado, según consta en cinco resoluciones que se publicaron desde 2013, en las que además se hace referencia a otros tres casos de arbitraje en distintos tribunales.

Un cálculo estimado por especialistas en el tema arroja que la Argentina lleva pagados unos US$1136 millones por contratos incumplidos, cifra que surge de sumar los montos dictados en los 11 casos mencionados en las resoluciones 598/2013, 173/2016, 112/2017, 241/2017 y 241/2019 y restarle al total un 25% de quita promedio en el acuerdo posterior. Ese número no contempla intereses, decisiones acordadas con montos desconocidos ni decisiones firmes pero aún impagas.

Es un monto que se podría engrosar tras conocerse que el Gobierno rescindirá seis concesiones de autopistas con contratos de inversión por US$6000 millones en total. Fuente: Archivo – Crédito: Hernán Zenteno

En esas resoluciones se encuentran los acuerdos firmados, por ejemplo, con las francesas Suez y Vivendi por la estatización de Aguas Argentinas y con la estadounidense Azurix por la concesión de las aguas y cloacas de la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué hay una brecha tan grande entre las causas cerradas (unas 48) y las aquí mencionadas como abonadas? Porque el Ciadi emite sentencias, pero no ejecuta, explica Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales. En otras palabras, las decisiones de este tribunal pueden ser ignoradas (y así fue durante muchos años, con el costo asociado de enrarecer el clima de negocios) o “eludidas” a través de acuerdos entre particulares.

De todas maneras, lo que dicta el tribunal no es la suma que se termina pagando efectivamente: luego del arbitraje hay un pacto entre las dos partes, demandante y demandado, en el que puede haber una quita o algún tipo de arreglo a convenir. Business is business, dicen, y hay empresas que, o bien quieren terminar con el asunto y no pasar a otra instancia de apelación ni enfrentarse a un eventual default por parte de la Argentina o, ante otra posible oportunidad de otros negocios con el país, eligen hacer las paces en pos de nuevos contratos.

De todas maneras, lo que dicta el tribunal no es la suma que se termina pagando efectivamente Fuente: Archivo

Las demandas ante el Ciadi tienen sus particularidades. Primero, lo básico: la Argentina es parte del Convenio Ciadi y otros tratados bilaterales de inversión que prevén la posibilidad de que los actores de otros estados que hayan realizado una inversión en el país “sometan las controversias que surjan en relación con esa inversión a un tribunal arbitral”, explica Francisco Amallo, socio de MHR Abogados. Es decir que este tribunal, parte del Banco Mundial, brinda un marco para hacer negocios.

Es por eso que cualquier inversor extranjero que haya realizado una inversión podría concurrir a este tribunal para dirimir diferencias en caso de que considere que existe un incumplimiento de contrato. Ciadi presta servicios de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones internacionales, y ser un Estado miembro da un “sello” de seguridad jurídica ante inversores internacionales. En el caso de los inversores argentinos, la historia es distinta: se las deberán ver con la justicia local.

La Argentina estuvo en situación irregular con el Ciadi durante muchos años Fuente: Archivo – Crédito: AFP

La Argentina estuvo en situación irregular con el Ciadi durante muchos años, condición que intentó revertir parcialmente al menos en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, con el pago de al menos cuatro acuerdos, y durante el gobierno de Mauricio Macri, que informó un total de US$1036 millones pagados en cinco casos: British Gas, Central Costanera-Gasoducto del Pacífico, Central Puerto-Hidroeléctrica Pïedra del Aguila-TGN, Edemsa Mendoza y Suez-Aguas Argentinas.

Por el Ciadi pasaron casos que embarraron el clima de negocios en la Argentina en los últimos años, como por ejemplo, el conflicto con Repsol por YPF, por el que finalmente se desembolsaron unos US$5000 millones en concepto de compensación. El último revés más importante fue por el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas a Marsans en 2008, por el que el país fue condenado a pagar US$320 millones en 2019.

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