Presupuesto testimonial frente a una triple crisis



Scibona

Hace muchos años que las proyecciones macroeconómicas de cada presupuesto nacional dejaron de ser un punto de referencia para el sector privado. Más bien se asemejan a una lotería. Los números presentados por el ministro Martín Guzmán esta semana en Diputados no son la excepción.

El proyecto para 2021 tiene un carácter testimonial que no parece estar a la altura de la triple crisis combinada que padece la Argentina: sanitario-social; económico-cambiaria y político-institucional. Los 48 gráficos diseñados prolijamente por el Ministerio de Economía incluyen objetivos con los que pocos podrían estar en desacuerdo (inclusión, dinamismo productivo, estabilidad macroeconómica, federalismo, soberanía). Pero también supuestos poco creíbles para el año próximo, si se consideran los congelamientos y controles aplicados en 2020 y la inercia que frenan artificialmente, más algunas políticas y obras públicas asignadas en función de las conveniencias electorales del oficialismo.

Junto con la ausencia de cualquier reforma estructural en el Estado, forma parte del plan de no tener plan económico que aumenta la desconfianza, al igual que los discursos cada vez más voluntaristas del presidente Alberto Fernández y el dudoso escenario-guía plurianual trazado hasta 2023 con una modesta recuperación de variables clave.

Por lo pronto, la intención oficial de bajar el déficit primario (sin intereses de la deuda) de 8,3% a 4,5% de PBI en 2021 está supeditada a la incierta hipótesis del fin antes de enero de la pandemia de coronavirus. Así podrían desactivarse gastos asociados al Covid por casi un billón de pesos (3,6% del PBI) en asistencia estatal a empresas y trabajadores formales e informales (ATP, IFE), provincias y municipios, para cubrir salarios e ingresos caídos bajo la extensa, heterogénea y desmembrada cuarentena local, que a esta altura ya resulta un mamarracho en medio de los récords de contagios, muertes y rebrotes fuera del AMBA.

Aunque en el mundo nadie sabe cuándo estará disponible la vacuna, ni aquí cómo se reanudarán con menores riesgos las actividades paralizadas (que van desde las clases en las escuelas, hasta los viajes, el turismo y las vacaciones de verano), sí puede estimarse el impacto fiscal del actual statu quo. El Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf) calcula que si la pandemia se extendiera al primer semestre de 2021, el déficit se ubicaría en 6% del PBI y en 7,8% si no aparece una solución en todo el año próximo.

Esta base provisoria, como lo admite el propio mensaje que acompaña al proyecto, condiciona a otros supuestos, como la emisión monetaria para cubrir el 60% del desequilibrio (más colocación de deuda en pesos por el 40% restante) y la inflación de 29% anual, aun con descongelamiento de tarifas con probable indexación por salarios para bajar los subsidios. También el dólar oficial de 102 pesos para diciembre de 2021, cuando el endurecimiento del cepo y los controles ya catapultaron la brecha cambiaria al 80/90% sin evitar el drenaje de reservas del Banco Central, después de ocho jornadas de virtual feriado para las compras minoristas con recargo impositivo de 65%.

A esta perspectiva incierta se agrega que el PBI recuperará menos de la mitad (5,5%) de la caída histórica de este año (-12,1%) para volver en 2023 al nivel prepandemia, más las incógnitas que plantean en lo que resta de 2020 la futura fórmula de movilidad jubilatoria y una política tributaria que, a juzgar por el impuesto a las grandes fortunas (como “aporte solidario por única vez”) con dictamen en Diputados, consistirá en cazar en el zoológico de los contribuyentes y gravar stocks de capital declarados que ahuyentarán inversiones privadas. Según la AFIP, la recaudación sería de unos $300.000 millones, equivalentes a menos de cuatro pagos del IFE y ATP, aunque tendrá múltiples destinos (una cuarta parte se derivará a programas de producción de gas natural). Por su parte el exministro Hernán Lacunza estima la mitad, ante probables amparos judiciales por su carácter confiscatorio. El Iaraf calcula que la alícuota -combinada con la suba del impuesto a los bienes personales- llega a extremos de 8,12% para quienes declararon 75% de activos en el exterior.

Aunque el presupuesto 2021 prevé un total de gastos primarios por $7,73 billones (+ 19,5% interanual), recursos por $6,03 billones (con un optimista aumento de 44,3%) y un déficit de 1,7 billones (-25,8%), estos números solo resultan indicativos y, según las circunstancias, pueden convertirse en un dibujo. No solo por los reparos ya señalados, sino por el prontuario argentino en materia fiscal.

En este sentido, un trabajo elaborado en base de datos oficiales por Emilio Álzaga revela que a lo largo del período 2001/2019 el resultado financiero ejecutado (diferencia entre los recursos y los gastos totales) siempre resultó peor que el presupuestado -excepto en 2003 y 2004-, ya sea por menores superávit (2005/2008) o mayores déficit (2009/2019) a valores corrientes. La principal causa es que los gastos superaron sistemáticamente a los autorizados en cada ley de presupuesto, con una diferencia promedio de 16,7% y picos de 20,6% (2010/2011); 32% (2014) y 35,8% (2016). A su vez, los ingresos crecieron más de lo previsto (9,7% promedio, con picos de 22/23% en 2014 y 2016) debido a una inflación mayor a la calculada y habilitaron al Poder Ejecutivo a ampliar el gasto por DNU. Pero esta subestimación asimétrica de gastos y recursos condujo al recurrente deterioro fiscal. La conclusión del trabajo es que con los cambios de gobierno se invierten los roles: quienes decían que el presupuesto era un dibujo siendo opositores pasan a defenderlo cuando son oficialismo y viceversa.

Estos antecedentes alimentan expectativas de licuación del gasto en términos reales a través de una mayor inflación (el REM preveía a fin de agosto una suba de 47,1% para 2021) y/o en dólares a través de una mayor devaluación.

La política cambiaria, definida en el proyecto presupuestario como “esquema de transición”, seguramente será uno de los ejes de la negociación con la misión técnica del FMI, que ya se puso en modo escucha para tratar de entender sus alcances. Si bien el tipo de cambio real se ubica por encima del promedio desde 1997, las cotizaciones del dólar paralelo y el financiero (CCL) equivalen al de la crisis de 2002, mientras los precios de no pocos bienes y servicios están dolarizándose a ese nivel para cubrirse de un salto cambiario que, con un año electoral por delante, se supone que el Gobierno tratará de evitar.

Por ahora la estrategia del BCRA, declarada por su presidente Miguel Pesce al diario Perfil, es “aguantar” con el supercepo y los controles hasta el ingreso de los dólares de la cosecha a comienzos de 2021, a la inversa de lo que una semana antes había asegurado el ministro Guzmán a LA NACION.

Para aportar más desconfianza, Alberto F. acaba de desempolvar el discurso de Cristina Kirchner al recomendar el ahorro en pesos, que en Uruguay y Brasil dejaron de ser aceptados por las casas de cambio. Quizás el Presidente debería recordar que el propio Pesce afirmó hace un mes en el IAEF que la Argentina es el país con más billetes de dólar atesorados (US$177.000 millones), aunque esa mención fue suprimida del comunicado difundido por el BCRA. Y leer el libro El dólar. Historia de una moneda argentina 1930-2019, cuyos autores, Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, son sociólogos graduados en la UBA. Su eje es cómo el ahorro en dólares pasó a ser un fenómeno que atraviesa a todas las clases sociales, a raíz de la desvalorización del peso y las recurrentes crisis cambiarias. En agosto fueron 4 millones de personas las que compraron dólares.

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