Polémica por los libros. El Gobierno recurre a una medida de Moreno para demorar la importación



El Gobierno reintroduce la necesidad de que los productos gráficos certifiquen su nivel de plomo en tinta, paso que había sido eliminado durante la gestión de Macri; no alcanza a libros de tirada menor a 500 ejemplares, colecciones chicas o libros científicos Crédito: Crédito: Shutterstock

El Gobierno oficializó hoy nuevas medidas que afectan a la importación de libros, folletos y otro tipo de material impreso. Se trata de una normativa de la Secretaría de Comercio que suspende una disposición que facilitaba el ingreso de estos productos al país, tomada en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, y revive una norma de la gestión de Guillermo Moreno.

Según estableció la resolución 253/2020 dictada por la dependencia que encabeza Paula Español, publicada en el Boletín Oficial, que establece nuevos requisitos para la importación de estos productos, que también incluye a libros de estampas, cuadernos para colorear y material impreso en hojas sueltas. El motivo es controlar el ‘uso de tintas con alto contenido en plomo’ en materiales gráficos, que podría tener impacto negativo en la salud.

La historia comienza hace una década, con una medida del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En noviembre de 2010, y con el objetivo de “garantizar a la población la seguridad y la información en la utilización de los productos”, el funcionario dispuso que todos los fabricantes nacionales e importadores debían certificar que las tintas utilizadas tenían un determinado contenido de plomo (0,06 gramos cada 10 gramos de masa no volátil).

La certificación de la tinta en los libros es una barrera para arancelaria que demora la importación de productos del exterior y busca impulsar la impresión local Crédito: shutterstock

La decisión, plasmada en la resolución 453/2010, alcanzaba a los libros y otras publicaciones gráficas, y operó como una barrera para arancelaria para el ingreso de estos productos. Desde ese entonces, hubo trabas para la importación de libros editados o impresos en el exterior.

En enero de 2016, el gobierno de Mauricio Macri cambió el escenario. Una resolución del entonces secretario de Comercio, Miguel Braun, excluyó a libros, diarios, revistas, productos de uso artístico y pigmentos de esa certificación, y eliminó la posición arancelaria sobre este rubro, en una medida que facilitó el ingreso al país de los importados.

En 2010, cuando era secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno dispuso que los libros y publicaciones gráficas debieran certificar su nivel de plomo en tinta; así, logró demorar y desincentivar importaciones Fuente: LA NACION – Crédito: Ricardo Pristupluk

Ahora, todo vuelve atrás. La resolución de hoy, firmada por la secretaria Español, deja sin efecto la disposición de 2016. De esta forma, todos los libros y productos gráficos impresos deberán certificar nuevamente contar con una certificación para “evitar los peligros derivados del uso de tintas con alto contenido de plomo”.

La resolución critica la disposición del gobierno de Macri, y plantea que su alcance derivó en “un objetivo central de la medida originalmente prevista”. “Es un control sanitario que existía y el gobierno anterior derogó. Tiene como objetivo garantizar que los materiales utilizados no sean perjudiciales para la salud”, indicaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas.

Según detallan en esa cartera, el análisis de la tinta será un requisito para realizar la importación, y el proceso de certificación tendrá una demora de aproximadamente un mes. “Si no tiene componentes que incumplan la normativa no tiene problemas”, indicaron sobre una regulación que entrará en vigencia en 15 días.

Las restricciones, explicita la norma, no alcanzará a las partidas de libros o cuadernos que ya estén en tránsito al país, y tendrá una vigencia de un año. Tampoco comprende a libros de tiradas menores a 500 ejemplares al mes, para colecciones pequeñas o libros científicos, detallan en el Ministerio.

La normativa, analizan en el sector, apuntan contra las editoriales que, en los últimos años, disminuyeron su volumen de libros impresos en el país y sustituyeron su producción local con ejemplares impresos en otros países, como España.





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