En agosto pasado. La Mesa de Enlace con Alberto Fernández
“Nuestra Cancillería estará concentrada en conquistar nuevos mercados, motorizar exportaciones, generar una activa promoción productiva de inversiones extranjeras directas que contribuyan a modificar procesos tecnológicos y a generar empleo”, dijo el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa luego de asumir.
Entre otros lineamientos, convocó a varios actores de la sociedad, entre ellos al campo, para establecer “acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia”. Destacó que “la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas”.
Antes, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, había dicho que “la relación con el campo va a ser de mucho diálogo”.
¿Qué significa todo esto para el sector? ¿Augurio de que, a diferencia de lo que ocurrió durante el kirchnerismo, esta vez cualquier medida se conversará y se buscará consensuar? “Sería un mal comienzo, contradiciendo lo que dijo Alberto Fernández, si hacen lo contrario con alguna medida”, dicen en la Mesa de Enlace.
Basterra se dedicó estos días a llenar los casilleros del organigrama de Agricultura y a reuniones con sus pares del equipo económico. “Trabajo interjurisdiccional entre ministerios”, cuentan sobre cómo se está trabajando en torno a las medidas.
Más allá del rechazo del sector, las retenciones han sido vislumbradas como una bolilla segura. Algunos hablan de un escalonamiento según el agregado de valor y otros que el mismo Gobierno quiere ver qué puede ofrecer como propuesta la agroindustria.
Por lo pronto, los mensajes son de buscar la sintonía antes que el conflicto. El Gobierno todavía no precisó cómo quiere que el sector ayude, si bien hubo entidades del agro que estuvieron en las reuniones del plan contra el hambre. “Hoy y hasta tanto no tengamos mayores precisiones sobre la política económica y las medidas específicas a adoptar para el campo por el nuevo gobierno, es difícil ser precisos”, indicó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Pelegrina aguarda “una política de inserción internacional inteligente, basada en el desarrollo del comercio exterior y las exportaciones, como lo ha reiterado el Presidente Fernández desde que se reunió con nosotros”.
Para el dirigente, esto también se debe completar con un trabajo tranqueras adentro en el país.
“Hacia adentro debería estar acompañado por reformas estructurales que permitan una menor carga impositiva y el apuntalamiento de los sectores más competitivos y que más empleo y actividad pueden generar en todo el territorio”, opinó.
El propósito que tuvo el documento de 14 puntos que el campo le presentó a los candidatos presidenciales, entre ellos Fernández, fue para hacer ver el efecto negativo de volver a un intervencionismo.
“Si la política, en cambio, se orienta hacia un recrudecimiento de políticas distorsivas, como un aumento de las retenciones y nuevos obstáculos al comercio, la producción y las exportaciones van a caer y esto terminaría impactando negativamente en las economías vinculadas al sector y en el desarrollo del interior”, evaluó Pelegrina.
El nuevo gobierno no puede decir que no encuentra voluntad de apoyar desde el campo. En ese marco se inscribe el pedido de audiencia de la Mesa de Enlace a Basterra y también la postura de otros actores de la agroindustria.
“Esperamos tener diálogo fluido y constante para articular una política exportadora agresiva de agregado de valor que permita a la Argentina tener suficiente divisas para salir de esta crisis”, expresó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec).
Desde esa cámara también remarcan que quieren “apoyar las iniciativas de lucha contra la inseguridad alimentaria en el país”.
En octubre pasado, semanas antes de las elecciones, entidades de la cadena agroindustrial hablaron en una reunión sobre cómo tratar de sumarse al plan contra el hambre que ya trazaba Fernández.
Basterra al tomar juramento al cargo ante el Presidente Fernández Fuente: LA NACION – Crédito: Rodrigo Néspolo
En el sector el objetivo es demostrar que cualquier medida de paliativo debe ser sobre el estímulo a la demanda pero no de restricciones a la oferta, como ocurrió por ejemplo con las trabas sobre el trigo.
Impacto en el maíz
En ese marco debe verse, por ejemplo, también el trabajo sobre el maíz que acaba de realizar Sebastián Senesi, director del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Fauba-Ubatec.
Allí destaca lo que significaron desde 2016 las políticas que buscaron impulsar al cereal, esto es con la reducción de las retenciones y la quita de las restricciones para exportar, entre otras. “Mientras que en 2015/16 se sembraron 3,7 millones de hectáreas de maíz, en 2018/19 la superficie llegó a un máximo histórico de 6,1 millones de hectáreas y en 2019/20 llegaría a otro máximo de 6,4 millones de hectáreas (grano comercial)”, señala. “La producción se expandió desde 30,7 millones de toneladas en 2015/16 hasta las 51 millones de toneladas en 2018/19”, luego agrega el trabajo.
El estudio plantea que si se eliminaran las retenciones, el cepo cambiario y no hubiera trabas al cereal, hacia 2023/2024 habría un aumento en el Valor Bruto de la Producción (en el total de la economía argentina) equivalente a $95.582,2 millones, es decir, unos US$1611,8 millones y una suba del Valor Agregado de $51.366,2 millones (a precios de hoy), esto es unos US$866,3 millones.
Además, se crearían 8971 nuevos puestos de trabajo (entre directos e indirectos) y se registraría una expansión de la inversión total de $7602,2 millones. Todo esto con una producción de 57 millones de toneladas de grano comercial versus los hasta ahora estimados 50 millones de toneladas para el actual ciclo.
Por otra parte, con restricciones, trabas y más carga tributaria sobre el cereal (con una situación similar a las retenciones del 20% hasta 2015) la producción de maíz bajaría a 34,9 millones de toneladas. Se perderían 15,1 millones de toneladas. El Valor Bruto de la Producción caería en $203.813,3 millones, unos US$ 3437 millones. Además, “se destruiría Valor Agregado por $109.529,9 millones (a precios de hoy), unos US$1847 millones”. También el empleo se reduciría en casi 20.000 puestos de trabajo y la inversión disminuiría en $19.530 millones.
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