Martín Guzmán, el ministro que carga con los mayores problemas a resolver



Durante su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández destinó menos de diez minutos para describir los números más dramáticos de la herencia socioeconómica de Mauricio Macri. Fue una factura abultada que no alteró el tono conciliador y moderado de su mensaje. Pero marcó una gran diferencia con su antecesor, que hace cuatro años había optado inexplicablemente por no hacer lo propio con los graves desequilibrios macroeconómicos recibidos de la gestión de Cristina Kirchner.

Con esta divisoria de aguas, el joven ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá que enfrentar la mayor carga de problemas nuevos (y de arrastre), directa o indirectamente. No es una tarea envidiable. Menos con una economía en estanflación, mayor pobreza, deterioro del empleo y deuda al borde de otro default.

La lista de prioridades presidenciales incluyó reactivar la economía, crear trabajo, luchar contra la pobreza y la insuficiencia alimentaria, reestructurar la deuda pública y articular un “contrato social” para mejorar el ingreso de los sectores más vulnerables, en simultáneo con la desindexación de precios y tarifas.

Todo un desafío para un macroeconomista de neto perfil académico, sin experiencia en la función pública ni equipo propio de colaboradores. Aun así, todo hace presuponer que su formación lo llevará a calibrar los límites de una política fiscal más expansiva y dosificar la mayor emisión monetaria que vendrá (el gobierno de Macri ya emitió $190.000 millones en “adelantos” al Tesoro) para evitar males mayores. Entre ellos, ensanchar la brecha cambiaria y/o las expectativas inflacionarias.

A fin de cuentas, Guzmán deberá subir o bajar el pulgar a los pedidos de otros 20 ministerios, claramente demandantes de gasto público. El respaldo político que obtenga de la Casa Rosada será clave para esta tarea, mientras se ocupa de refinanciar la deuda bajo la premisa de que “para poder pagar, primero hay que crecer”. Alberto F. no solo reeditó la frase de Néstor Kirchner, sino que ahora diferenció voluntad y capacidad de pago y prometió no asumir compromisos “incumplibles”.

El único instrumento anunciado ayer en este sentido fue la confirmación de que prorrogará el presupuesto nacional de este año y que un nuevo proyecto para 2020 solo será tratado por el Congreso cuando se complete la renegociación de la deuda.

Esta decisión tiene una doble lectura. Por un lado, obedece a la necesidad de reformular el presupuesto en función de la “raviolera” oficial de 21 ministerios, pero implica además un límite para el gasto total, traspasable solo con decretos de necesidad y urgencia o leyes de emergencia que no se limitarían al sector salud. Por otro, la política fiscal será la pieza clave de la relación “constructiva y cooperativa” con el FMI y los acreedores, a la que aludió pacíficamente ayer el Presidente.

Propuestas para pagar

Según trascendió, el FMI podría aceptar para 2020 un resultado fiscal primario equilibrado (sin intereses de la deuda), a cambio de un sendero de mejora de 0,5% del PBI por año para llegar a un superávit de 1,5% al finalizar 2023. La proyección incluiría las inminentes subas de impuestos (a exportaciones y patrimonios) y, más adelante, un cambio en la fórmula automática de ajuste previsional para ligarla a la recaudación tributaria si la economía comienza a repuntar.

Este esquema no solo permitiría extender los plazos de vencimientos del crédito stand-by que se concentran en 2022 y 2023 (casi US$40.000 millones), sino también negociar con los acreedores privados un canje por bonos con cupón cero durante dos años y tasa de interés más baja en los siguientes, en principio sin quita de capital.

En el ínterin, y con el cepo reforzado, el nuevo gobierno arrancaría con reservas netas del BCRA por US$13.000 millones y un superávit comercial de similar magnitud para descomprimir parcialmente el frente externo sin caer en default.

Para delinear el acuerdo social, aún no hubo contactos formales con empresas de primera línea. No pocas descuentan un virtual congelamiento de precios, al recordar los antecedentes de Paula Español durante la gestión ministerial de Axel Kicillof cuando se desempeñaba como secretaria de Comercio Exterior (en plena época de permisos de exportación). Ahora lo hará en Comercio Interior, el área de Guillermo Moreno, pero con modales civilizados.

También prevén una reformulación del plan Precios Cuidados -vence el 6 de enero-, con la incorporación de productos más saludables y nutritivos, en la misma línea con que se modificaría la canasta básica con IVA cero, para redireccionarla hacia los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, de recarga automática con fondos públicos. En cuanto a los salarios del sector privado, la sensación es que habrá un bono de suma fija ($5000) a fin de año, además de los anunciados refuerzos para jubilaciones mínimas, planes sociales y sectores de menores ingresos para empujar el consumo. O sea, el “plan Verano”.

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