Marcelo Capello: “El enfoque cortoplacista no tiene posibilidad de éxito”


Estudió Economía en la Universidad Nacional de Córdoba e hizo un máster en la Georgetown University y en la Universidad Alberto Hurtado, de Santiago (Chile). Fue consultor de los organismos multilaterales BID y CAF. Preside el Instituto de Estudios sobre la Realidad de Argentina y Latinoamérica (Ieral) de la Fundación Mediterránea.

En una entrevista telefónica con LA NACION, el economista Marcelo Capello advirtió sobre la pérdida de credibilidad de la política económica y se refirió a la necesidad de reformas en aspectos como la política impositiva y el sistema previsional.

–Dado el menor poder de gestión que se percibe del ministro de Economía, ¿tiene Martín Guzmán las herramientas para enfrentar la profunda crisis económica?

–Hay un problema grave en la parte económica. La visión de Guzmán, si bien es heterodoxa, en algunos puntos es bastante racional, como puede ser que busca una mejora en la productividad y en las exportaciones, al menos en el discurso, o que está dispuesto a reducir el déficit fiscal. Esto no es solo para lograr un acuerdo con el FMI, sino también para que el Tesoro requiera menos asistencia del Banco Central y, con eso, poder también moderar la inflación, que es la mayor preocupación. También se lo ve al ministro dispuesto a pagar costos políticos con subas de tarifas superiores a las que otros en el Gobierno estarían dispuestos a tolerar, y eso ha llevado a un entredicho, que todavía no se ha anclado, que por el momento genera una visión de mayor debilidad de Guzmán y que vuelve menos creíble la política económica. Cada vez va quedando más claro que predomina el enfoque de los grupos políticos más ligados a la vicepresidenta y al Instituto Patria, que ya lo conocemos porque es el que hubo entre 2012 y 2015, y que pone en primer lugar siempre al Estado.

–¿Qué más se puede decir de esa forma de ver las cosas?

–Tienen un enfoque según el cual cualquier problema económico siempre se puede solucionar desde el punto de vista político y que lleva a que, a la hora de usar instrumentos, utilicen el atraso en las tarifas de energía y transporte, algo que genera menor producción de electricidad y gas y, además, problemas fiscales para el Estado, por los subsidios que debe destinar al sector. También es una visión que privilegia el gasto público y, por lo tanto, tiene una amplia presión impositiva. Es un sector del Gobierno al que no le preocupan tanto los déficits fiscales, y tampoco la monetización del déficit que pueda hacer el Banco Central. En la anterior oportunidad esto llevó a un gran atraso cambiario y a una pérdida de competitividad en general, y probablemente eso se repita. Además, comienza el deterioro de la calidad institucional, que sabemos que afecta mucho a una economía.

–Por lo tanto, volviendo a la primera pregunta…

–El enfoque que parece tener Guzmán tiene alguna posibilidad de éxito, pero el enfoque cortoplacista y radicalizado no tiene ninguna posibilidad de éxito. Porque a largo plazo tiende a generar la necesidad de un fuerte ajuste, directo o indirecto, vía devaluación del peso. La única duda es si el ajuste deberá hacerlo este o el próximo gobierno. Dado que el enfoque más radicalizado parece predominar sobre el que tiene algunos atisbos de racionalidad, los agentes económicos desconfían, la política económica pierde credibilidad, y sin credibilidad a una administración no le quedan más opciones que gobernar con restricciones variadas y crecientes, como cepo cambiario o cepo a las importaciones, generando numerosas dificultades para la actividad económica en general.

–En cuanto a la presión tributaria, ¿cómo está nuestro país en relación a otros?

–En América Latina, la Argentina y Brasil tienen la mayor presión tributaria efectiva. Y si se corrigiera por evasión, seguramente la Argentina también se ubicaría entre los países con mayor presión en el mundo, como se desprende de un trabajo del Banco Mundial. El sistema tributario argentino no solo tiene muchos impuestos, sino también alícuotas altas en general y tributos muy distorsivos, que raramente se aplican en otros países, como derechos de exportación, impuestos a los débitos y créditos bancarios e Ingresos Brutos. A nivel de familias, la Argentina es uno de los tres países de América Latina que cuenta con un impuesto a la riqueza y se le ha agregado este año un aporte extraordinario, cuando ya existe un impuesto a los Bienes Personales. Esta situación afecta y afectará más a futuro, sobre todo en las decisiones de inversión de las empresas; influye en la radicación de los contribuyentes y se suma a los problemas de falta de confianza y de credibilidad que emana el resto de la política económica.

–Para bajar los impuestos hay que bajar el gasto, ¿dónde ve margen para reducir el déficit fiscal?

–La Argentina ha llegado a tener un gasto público de 47% del PBI en 2015 y el año pasado por supuesto que ha vuelto a subir, con varios programas transitorios diseñados por la pandemia. A pesar de que el sector público gastó 17 puntos extras del PBI en las últimas dos décadas, no logra exhibir una mejora notoria en algunas variables claves sobre las que el Estado influye, como educación, seguridad o tasa de pobreza. Por caso, en las últimas dos décadas el puntaje promedio de los estudiantes argentinos en las pruebas PISA bajó 2,3% en Matemáticas y 3,8% en Lengua. En el mismo período, la tasa de pobreza pasó de 32% a 42% de la población, a pesar de que el gasto de la administración nacional en asistencia a familias (planes sociales) aumentó un 290% en términos reales, pasando de 0,6 a 1,8% del PBI.

–¿Cómo se puede racionalizar el gasto?

–Los mayores problemas con el gasto están en el personal, principalmente de las provincias y los municipios. La Argentina recientemente gastaba 12% del PBI en empleo público cuando, por ejemplo, Chile, Perú y México gastan seis puntos del PBI. Si bien sería difícil una racionalización en el corto plazo de la planta de personal, como mínimo lo que debería ocurrir es que deje de crecer. La Argentina gasta mucho en prestaciones sociales también, lo que ameritará una nueva reforma a futuro. La movilidad previsional, cambiada recientemente, agravará el problema a futuro, porque es procícilica: si la economía comienza a crecer en algún momento, el gasto previsional también aumentará, ya que depende de la evolución de los salarios y de la recaudación. Si hay crecimiento económico, no se achicará el déficit. Por el contrario, si a la economía le va mal, como ocurrió en los últimos años, a los jubilados les irá mal porque perderán contra la inflación. Es procíclica y no garantiza a los jubilados preservar su poder adquisitivo, que es como mínimo lo que se debería garantizarles a las personas que acceden a una jubilación. Posiblemente en el futuro también haya que reformar el requisito de las edades a las cuales se accede a los beneficios.

–¿Cómo puede evolucionar la inflación, teniendo en cuenta que la mayor parte del déficit fiscal presupuestado para este año se financia con emisión?

–La recaudación en los primeros meses del año viene muy bien, especialmente por lo que aportan los derechos de exportación y los aranceles a las importaciones. No obstante, es probable que, como ya comenzó a ocurrir, el gasto se tenga que ampliar respecto de lo presupuestado, por la aprobación de nuevas ayudas y asistencias en el marco de la pandemia y de las nuevas restricciones. Con lo cual, al déficit fiscal de este año, en un escenario optimista, lo ubicamos en 4% del PBI, y en uno pesimista, en 5%. Esto debe ser financiado con emisión de deuda en pesos o con emisión de dinero a través del Banco Central. Dependiendo de si logra refinanciar el total de los vencimientos de deuda o de si consigue captar un excedente para financiar el déficit primario, la emisión monetaria podría subir entre 30% y 70% respecto a la base monetaria de 2020.

–¿Eso impactaría en la brecha cambiaria y en la inflación?

–En la medida en que se acerque más al 70% habrá más brecha cambiaria, más impacto en la inflación y, especialmente, se agravarán los problemas de credibilidad. Eso haría subir el dólar informal y también, a mediano o a largo plazo, la inflación, que en el corto plazo depende menos de cómo está la emisión. En el corto plazo, la inflación también va respondiendo a causas pasadas y presentes, como puede ser la emisión que hubo el año pasado o cuánto está aumentando el dólar oficial, que es el que le pega más a la tasa de este año. También el Gobierno está recurriendo a otras anclas, como permitir una suba de tarifas bastante por debajo de la inflación esperada. El sistema de precios máximos, que intenta contener la inflación en el corto plazo, no es una solución a largo plazo. Por ende, la tasa de emisión monetaria que finalmente se visualice este año va a impactar en la inflación de los próximos meses y va a afectar la credibilidad que tenga la política económica respecto de los agentes.

–Si se atrasa tanto el tipo de cambio, ¿se puede esperar una devaluación después de las elecciones?

–El tipo de cambio oficial, si uno lo ve desde una perspectiva histórica, está en un nivel intermedio. No se podría decir que esté ya en este momento muy atrasado, está en niveles de 2008 y 2009, pero sí se usará como ancla, como viene ocurriendo en marzo o en abril, para contener la inflación en los próximos meses hasta las elecciones. A fin de año llegará con un grado de atraso que será importante y que muy probablemente requiera de una corrección posterior a la elección, como ocurrió en 2014. Puede haber una suba del tipo de cambio más importante, si de pronto el Banco Central nuevamente comienza a perder reservas y las de libre disponibilidad pasan a ser muy bajas.

–¿Hay suficientes reservas para pagar los vencimientos de este año del FMI y del Club de París, que son por aproximadamente US$7000 millones?

–Este año se supone que será difícil llegar a un acuerdo con el FMI, precisamente por ese cortoplacismo que se visualiza en la mayor parte de las decisiones y del hecho de intentar pasar para después de la elección las decisiones que puedan tener mayor costo político. Para cumplir con los vencimientos del Fondo y del Club de París este año, si no hay un acuerdo previo con el FMI se tendrá que recurrir a las reservas de libre disponibilidad o al aporte que haga el FMI a la Argentina a través de los derechos especiales de giro (DEG). En estas últimas semanas, el Banco Central está mejorando su nivel de reservas por el aporte extra que están haciendo las exportaciones, que se estima que aportarán alrededor de US$8000 millones adicionales a lo del año pasado. Una parte de esos dólares terminan en las reservas del Banco Central. Si eso continúa por unos meses más, es probable que el Gobierno aumente su nivel de reservas de libre disponibilidad y, de allí, obtenga las reservas para pagar al Club de París y al FMI, más probablemente que utilizando los DEG adicionales que pueda recibir en los próximos meses.

1) De animales a dioses, de Yuval Noah Harari.

2) ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson.

3)El príncipe, de Nicolás Maquiavelo.

Conocé The Trust Project



Fuente >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *