Los que ganan por las malas decisiones



Alberto Fernández con la Mesa de Enlace el lunes pasado Crédito: Presidencia

Cuando la dirigencia política y gran parte del establishment económico le dan la bienvenida a medidas que afectan a la actividad agropecuaria como el aumento de los derechos de exportación o los controles al comercio suelen omitir el beneficio que le otorgan esas decisiones a países competidores de la producción argentina. Es como una cuenta invisible que nadie registra.

En la década pasada, cuando se restringieron las exportaciones de carne, Paraguay y Uruguay ganaron puestos en el ránking de los diez mayores exportadores del mundo de cortes vacunos. Paraguay tiene aproximadamente 36 millones de cabezas de ganado menos que la Argentina. Y Uruguay, cerca de 40 millones menos. Esa pérdida de posiciones le significó al país cierre de plantas de faena y pérdidas de puestos de trabajo.

También cuando hubo cupos para las ventas externas de trigo, en la década pasada, Estados Unidos y Rusia aprovecharon para ingresar con el cereal en Brasil, el principal destino del trigo argentino. Por una cuestión de fletes ambas potencias globales no incrementaron su oferta, pero se beneficiaron con la retirada argentina en otros mercados.

En maíz, Brasil duplicó su producción en la década pasada y se convirtió en el segundo exportador mundial, en algún año el primero, detrás de EE.UU. Buena parte se debió a la “safrinha” y a la expansión de la frontera agrícola, pero ese crecimiento coincidió con la detracción argentina.

Más cerca del tiempo, uno de los motivos por los cuales Chicago reaccionó con una suba de los futuros de la soja fue cuando el gobierno argentino dispuso la suba de los derechos de exportación hace dos semanas. Después el mercado sopesó otros factores en su comportamiento, pero ese dato no le fue ajeno.

Es que en la Argentina cuando se toman medidas que afectan la actividad agropecuaria casi nunca se preguntan “¿estoy beneficiando con esto al farmer del Medio Oeste, o al agricultor de los cerrados brasileños y perjudicando al agricultor argentino?”. Se actúa como si el resto del mundo no existiera y estuviera atento a aprovechar cada oportunidad para mejorar su posición en el comercio mundial. Es una ausencia de visión estratégica de la que no carecen otros países. En Estados Unidos pueden gobernar republicanos o demócratas que siempre van a defender la “América rural”.

En Francia, tanto socialistas como liberales se mantienen firmes en favor de la Política Agrícola Común de la Comunidad Europea y defienden con uñas y dientes a sus ganaderos si creen que un tratado de libre comercio los perjudica. Se esté de acuerdo o no con esas visiones, esos países mantienen una continuidad a lo largo del tiempo en sus políticas agropecuarias que la Argentina se da el lujo de obviar.

No se trata de agitar fantasmas nacionalistas ni cerrarse a la colaboración o el intercambio tecnológico con otros países, sino de llamar la atención sobre una característica de la dirigencia política y económica del país.

Por eso, si el Gobierno dice que está dispuesto a sentar en la mesa de negociaciones al campo en un futuro acuerdo económico debería incorporar la variable de los impactos que provocan sus decisiones tanto en la actividad como en los competidores externos. La frase “el contrario también juega” debería estar presente.

En un proceso de reacomodamiento de las variables, muchos comienzan a advertir los riesgos de afectar a la producción con la presión tributaria. Es el caso de las subas impositivas propuestas en la provincia de Buenos Aires para el inmobiliario rural. Carbap alertó que el perjuicio mayor podría estar en la puerta abierta al revalúo de propiedades que permite el proyecto. Además, sostuvo el riesgo de que los municipios repliquen los porcentajes de aumentos en las tasas viales. Sumados al efecto de la suba de los derechos de exportación, la carga impositiva puede convertirse en pesada, advirtieron los ruralistas.

Mientras tanto, el Gobierno intenta aflojar la tensión con el ruralismo mediante negociaciones sectoriales. Una de las pruebas de esa estrategia será la comercialización de la cosecha de girasol. Con la retirada de Vicentín los productores del NEA temen una fuerte caída de los precios. En la reunión que mantuvieron el lunes pasado con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se analizó la posibilidad de encontrar un mecanismo para evitar un perjuicio en la venta de la cosecha. Otra vía es la baja de los derechos de exportación para las economías regionales.

De la reunión que mantuvo la Mesa de Enlace con el presidente Alberto Fernández no hubo resultados concretos. Los dirigentes valoraron la “sinceridad” del Presidente y la posibilidad de tener un canal de diálogo abierto, pero no consiguieron el compromiso de que la eventual suba de tres puntos adicionales de los derechos de exportación se deje sin efecto. Es un ruido que seguirá molestando.

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