Los mismos políticos,en defensa de medidas contradictorias



Las propuestas y dichos de varios actores ofrecen ejemplos de incoherencias

Los continuos cambios en la legislación en general y en la impositiva y previsional en particular son un ejemplo clarísimo de la aplicación de posiciones absolutamente disímiles entre sí por parte de los mismos actores. Son cuestiones que, no obstante, se reiteran con mucha frecuencia en nuestra Argentina. En algunas oportunidades van acompañadas de “explicaciones” de estos actores, que resultan una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Otras veces, solo hay un silencio vergonzante.

La presentación y los argumentos para intentar justificar diversas disposiciones de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada por el Congreso el mes pasado, trae varios ejemplos de lo señalado.

Veamos algunos de ellos:

Anulación de buena parte de los hechos imponibles en cuanto a la renta financiera (impuesto cedular). El actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló de manera vehemente, mientras se desarrollaba la última campaña electoral, que los “bancos debían pagar el impuesto a las ganancias”, cuando en realidad y, como es sabido, este tributo alcanzó siempre a dichos sujetos.

Quizás para atenuar esta boutade, el actual diputado fue uno de los artífices de la oposición al gobierno anterior para la creación del gravamen a la renta financiera, a cambio del apoyo de su bloque a la reforma de la ley previsional. Recordemos que la aplicación de este tributo fue uno de los factores que generó una fuga inmediata de los capitales del exterior. Eso sucedió en 2018. Ahora, con esta ley, el oficialismo del cual él es parte, liberó buena parte de los hechos que estuvieron alcanzados por este impuesto.

Si el lector cree que lo hizo convencido del daño que le provocó ese impuesto a un país que carece de mercados de capitales, se equivoca. En realidad, no hubo conversión, sino solamente una aceptación de las cosas que hay que hacer para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acepte un reperfilamiento de sus acreencias.

Aumento al 30% de la retención a la exportación de soja. La explicación del oficialismo para esta medida es brillante: “No hicimos más que adaptar lo dispuesto por Macri al nuevo tipo de cambio del dólar”. ¡Ah! Pero, además, lo elevan a 33%. ¿Están o no de acuerdo con el 30%? Si lo están, argumenten por qué no solo lo mantienen, sino que también lo aumentan.

Congelamiento por 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria: esta decisión implica uno de los ejemplos más claros -y ha sido puesto de manifiesto ya por buena parte de los analistas- que nos recuerda la promesa hecha por Alberto Fernández durante la campaña preelectoral, respecto de subir los haberes jubilatorios un 20% como uno de sus primeros actos de gobierno.

Y ello me lleva a la poca feliz afirmación del designado nuevo vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, quien señaló: “La promesa era de aumentar los bajos haberes y no la de los jubilados que ganan 80.000 pesos”.

Esto puede llevar al lector desprevenido a confundir una buena jubilación ordinaria de alguien que la mereció, tras hacer aportes importantes durante 30 años o más, como resultado de remuneraciones también importantes, con la jubilación privilegiada de algunos que perciben cifras mucho más elevadas por cargos públicos que fueron ejercidos en períodos sensiblemente más breves.

Es uno de los ejemplos grotescos de la interpretación del concepto “solidario” del sistema, que merece un artículo aparte.

Profesor emérito (UCA), profesor consulto (UBA), expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA

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