Látigo y lapicera complican el Plan AguantAR



Crédito: Alejandro Agdamus

Aunque faltan casi 11 meses para las elecciones legislativas de 2021, la campaña comenzó prematuramente y tiene impacto sobre las expectativas económicas para 2021, porque aumenta la desconfianza en el plan AguantAR, como bautizaron varios especialistas a la intención oficial de llegar a octubre sin un salto devaluatorio con mayor aceleración de la inflación, después de tres años de caída del PBI, del salario real y aumento de la pobreza que ralentizan la recuperación.

Hace dos semanas, el politólogo Andrés Malamud lo describió con estos términos: “Si Alberto Fernández pasa el verano, puede llegar al ‘trimestre dorado’ de la liquidación de la cosecha (abril- junio de 2021). Tiene a su favor mejores precios de commodities y tasa de interés cero en el mundo. Pero no llega a ganar si se vota en agosto. Por eso quiere postergar las PASO”, sostuvo en una exposición virtual en el Instituto de Energía General Mosconi.

Por lo pronto, el Gobierno postergó para marzo el descongelamiento de tarifas de electricidad y gas anunciado para fin de este año, mientras se dedicó a restarle combustible a las cotizaciones libres del dólar con la última artillería de medidas (menor emisión de pesos del Banco Central para financiar al Tesoro, ventas de bonos en dólares, dolarización de bonos en pesos y colocación de deuda interna ajustada por tipo de cambio o inflación más un plus creciente de tasas) que, junto con las mayores restricciones a la compra de dólares, permitieron reducir la exorbitante brecha cambiaria. Ayer se ubicó en 85%, el nivel más bajo en tres meses, aunque demasiado alto para evitar mayores distorsiones de precios relativos y revertir el drenaje de reservas líquidas del BCRA.

Pero también hay varias evidencias incontrastables de que el oficialismo, aún con sus discrepancias internas, ya actúa para apuntalar o ampliar su base electoral el año próximo, especialmente en el decisivo conurbano bonaerense.

Una es el regreso de la política “del látigo y la lapicera” que signó los tres períodos presidenciales de la era K. Si hasta no hace mucho se hablaba de un doble comando en el oficialismo, ahora las cosas son más claras: el látigo está en manos de Cristina Kirchner y el uso de la lapicera delegado en Alberto Fernández para convalidarlo. La forma en que fue tramitada la segunda quita en tres meses de coparticipación de impuestos a la CABA no deja lugar a dudas: el Presidente extendió sobre la hora de las sesiones ordinarias del Congreso al sólo efecto de posibilitar la sanción de la ley.

Otra es la reedición de la táctica de golpear primero y negociar después, aplicada sistemáticamente durante el período 2003/2015 a costa de agregar más fojas al prontuario argentino de inseguridad jurídica. Aunque el oficialismo en Diputados aceptó abrir un período de 60 días de negociación (durante el cual se recortará el giro de fondos a la Policía de la Ciudad), se trata de una instancia testimonial derivada a un ámbito integrado por la mayoría de gobernadores peronistas. Otro tanto ocurre con la prórroga del Consenso Fiscal firmada ayer, incluso por gobernadores radicales que buscan reforzar sus cajas sin aplicar las rebajas en el distorsivo impuesto sobre Ingresos Brutos acordadas hace tres años. Esto revela que las discrepancias internas también alcanzan a la oposición de Juntos por el Cambio. Como la necesidad tiene cara de hereje, no hubo cuestionamientos expresos a las cuantiosas transferencias discrecionales de fondos al gobierno de Axel Kicillof, ni su retaceo a los municipios del conurbano con intendentes de JxC.

Esta revancha contra el cambio de coparticipación que Mauricio Macri dispuso a favor de la CABA (pese a que a fin de 2017 fue avalada por los gobernadores peronistas, muchos de los cuales siguen al frente de sus provincias), había sido anticipada por el Gobierno a poco de asumir y debió frenar por la extensa cuarentena. Ahora, con la grieta política más ensanchada y ramificada, se convirtió en una fuerte ofensiva contra Horacio Rodriguez Larreta, precedida por la injustificada acusación por los disturbios en el caótico velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada. Si la Corte Suprema no falla a su favor en las dos medidas cautelares presentadas, el gobierno porteño perderá ingresos por $ 81.000 millones en el próximo año electoral, que deberá cubrir con más presión fiscal sobre sus contribuyentes. Claramente, el objetivo político es esmerilar anticipadamente la gestión de HRL para reducir sus chances como eventual presidenciable en 2023.

Con la mira en los votos para 2021, otro latigazo de CFK dejó descolocado al Gobierno, a los jefes de las bancadas y comisiones del Frente de Todos y al gabinete económico, que hace tres semanas habían acordado el nuevo el régimen de movilidad jubilatoria enviado al Congreso. Los sorpresivos cambios introducidos ahora por el bloque de senadores K obligaron al Presidente a atribuirse la autoría de la idea. Una afirmación inverosímil por su notoria falta de diálogo con la vicepresidenta y porque lleva su firma el proyecto que preveía aplicar el ajuste de 5% en diciembre a cuenta del que corresponderá en marzo del año entrante, como lo advirtió Silvia Stang hace una semana en LA NACION.

Si el proyecto modificado se convierte en ley, el aumento de marzo no abarcará el de este mes y será el primero de cuatro ajustes trimestrales con una fórmula que, además de la recaudación de la Anses, incluirá el mayor de dos índices salariales (Ripte e Indec); pero no el ajuste por inflación pasada. También pone en aprietos a Martín Guzmán y no sólo porque deberá recalcular el gasto previsional del Presupuesto 2021. Cuando el oficialismo acordó la nueva fórmula, un comunicado del Ministerio de Economía defendía el uso exclusivo del Ripte (salarios registrados) y la conveniencia de pasar de ajustes trimestrales a semestrales en las jubilaciones “para achicar el rezago mientras se reduce la indexación de la economía” y reducir la pérdida de poder adquisitivo “ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019”. Probablemente, CFK no crea en la proyección inflacionaria de 29% anual incluida en el Presupuesto, que las consultoras privadas elevan a 50% para 2021.

No es el único ni el principal escollo del Plan AguantAR, que incluye la negociación del nuevo acuerdo con el FMI que Guzmán espera cerrar en marzo o abril. En la previa ya sufrió dos casos de mala praxis del oficialismo: la extemporánea carta del bloque de senadores K a Kristalina Georgieva y el grotesco cuestionamiento del canciller Felipe Solá al director de los EE.UU. en el organismo.

Mientras tanto el Gobierno trata de disimular el silencioso ajuste fiscal en marcha tras el desborde monetario de la cuarentena, con un despliegue de acciones colaterales para su frente interno que van desde el impuesto a las grandes fortunas y el aborto hasta la defensa de Amado Boudou y la teoría de la persecución política contra CFK.

A la espera de las vacunas contra el Covid en el verano, también puso en el aire un insólito spot oficial que no habla del uso barbijo ni del distanciamiento social, sino de una serie de medidas de emergencia por la cuarentena (ATP, IFE, Tasa 0%, 12 hospitales modulares) que mezcla con la renegociación de la deuda o el lanzamiento del satélite Saocom y supuestos logros como el “fortalecimiento de la seguridad y obras en todo el país”, con la conclusión de “ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para poder enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia”. El problema es que la credibilidad no se construye con consignas. Y que sin confianza pocos se animan a invertir.

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