Las elecciones condicionarán las decisiones económicas en 2021



Todas las decisiones políticas y económicas en el año 2021 estarán marcadas por la necesidad de la coalición gobernante de salir airosa de la elección legislativa de octubre. Este condicionamiento afectará decisiones tanto en materia cambiaria como en materia de tarifas de servicios públicos, entre otras.

Primero, es importante entender por qué una derrota en las elecciones legislativas sería tan dura para el Frente de Todos. En la Argentina, los presidentes con plata y popularidad logran avanzar con su agenda legislativa más allá de si tienen mayorías en las cámaras.

Le pasó a Mauricio Macri en sus primeros dos años de gobierno, y le está pasando al gobierno actual. Sin plata ni popularidad, el Congreso deja de ser una escribanía. Esto lo experimentaron tanto Fernando De la Rúa como Macri en sus dos últimos años. Perder la elección sería un golpe a la popularidad del Gobierno, y a la plata con la que cuenta también.

Para comprender mejor cómo la elección condicionará a la economía es necesario también definir qué es un triunfo y qué es una derrota en la elección legislativa. Después de todo, el Frente de Todos pone menos en juego que Juntos por el Cambio. En octubre de 2021 se renueva la mitad de la Cámara de Diputados electa en 2017, la mejor elección para Juntos por el Cambio. Esto lleva a esta fuerza hoy opositora a poner en juego 60 de sus 115 bancas, contra 50 de 119 en el caso del Frente de Todos. El resto de los bloques pone más en juego aún, 16 de 23 bancas. Es decir, con hacer una elección parecida a la de 2017, el oficialismo mantendría su posición en Diputados. En el Senado la cuestión es más pareja. Se definen las bancas de ocho provincias que resultaron de la elección de 2015: Juntos por el Cambio pone 9 de 27 bancas en juego, y el Frente de Todos pone 15 de 41. Hay que mirar la situación provincia por provincia.

Como siempre, la verdadera prueba de la elección será la provincia de Buenos Aires. No solamente porque es el distrito electoral más grande, por lejos. Tiene además una simbología especial. Al final de cuentas, como dice Carlos Pagni, “el peronismo fue inventado para el conurbano bonaerense”. Esa simbología adquiere una dimensión especial en la tercera sección electoral, la del sur y suroeste del conurbano, el bastión de Cristina Kirchner y el que le dio el triunfo al binomio Fernández-Fernández en 2019. Una derrota en la provincia de Buenos Aires sería irrevocablemente vista como una derrota en toda la elección.

Es lo que ocurrió en 2013, cuando Sergio Massa ganó en la provincia de Buenos Aires; se percibió como una pérdida de la elección para el oficialismo (Frente para la Victoria), a pesar de que, en los hechos, ganó espacio en la Cámara de Diputados.

Hay un último factor importante para entender cómo las elecciones condicionarán dos importantes decisiones de política económica: la depreciación del peso y la aceleración de la inflación (ya sea por la depreciación del peso o por la suba de tarifas) suelen ser letales para los niveles de aprobación presidencial.

Estos, a su vez, son un buen predictor del resultado de cualquier elección. Por ejemplo, en 2016 y en los inicios de 2017, con el peso bastante estable, el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que refleja bien los índices de aprobación presidencial, caía más que nada en los meses en los que se aplicaban aumentos de tarifas. Más cerca en el tiempo, las depreciaciones del peso en diciembre de 2017, en mayo/junio de 2018, en agosto de 2018, en marzo de 2019 y en agosto 2019, tuvieron un fuerte impacto negativo en los niveles de aprobación del gobierno de Cambiemos.

El impacto de las tarifas en el sentimiento se puede ver en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), también de la Universidad Di Tella, si se comparan los resultados para el Gran Buenos Aires (GBA) y para el interior. Mientras que en el segundo mandato de Cristina Kirchner el ICC fue en promedio un 2% más alto en GBA que en el interior, en el mandato de Macri fue un 11% inferior. El hecho de que los aumentos de tarifas durante el gobierno de Cambiemos pegaron más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el conurbano que en el interior, muy probablemente fue un factor que ayudó al resultado.

Es por ello que el “Plan A” del Gobierno es tirar hasta las elecciones de octubre sin una devaluación brusca del peso. Para ello, necesita transitar el primer trimestre, que es muy difícil desde el punto de vista monetario y cambiario. Por un lado, las exportaciones de cereales y oleaginosas, las más importantes del país, son estacionalmente bajas. Se está exportando el trigo, que de hecho tuvo una mala cosecha. Además, la demanda de dólares para turismo seguramente tenga algo de aumento comparado con los meses anteriores. Como si fuese poco, en febrero suele caer la demanda de pesos, que aumenta estacionalmente en diciembre y enero por las fiestas y las vacaciones. Y, cuando cae la demanda de pesos, aumenta la de dólares. Lo que torna este tránsito por el primer trimestre más dramático aun este año es que las reservas internacionales son muy bajas. Como consecuencia, para llegar a abril el gobierno seguramente seguirá pisando las importaciones y vendiendo bonos en dólares o ajustados al dólar oficial.

El objetivo del Gobierno es que el Banco Central (BCRA) compre dólares durante el segundo trimestre, el cual estacionalmente marca el pico de exportaciones de cereales y oleaginosas, ya que se exporta soja y maíz. Y, con esos dólares, la idea es tirar hasta octubre. Si no fuese por el fuerte aumento que experimentaron recientemente los precios de nuestras exportaciones, se podría decir que el “Plan A” era de imposible cumplimiento. La “suerte del peronismo” con los precios de las exportaciones, como argumenta Juan Jose Llach, le da sin embargo alguna posibilidad al gobierno. Pero la matemática no es tan simple; una mirada integral, como diría el ministro de economía Martin Guzman, requiere ver que pasará en los frentes fiscal y monetario.

El Gobierno anunció que subirán las tarifas energéticas y de transporte en 2021, aunque está claro que existe un riesgo importante de que no aumenten, o de que los incrementos sean mínimos.

En el presupuesto 2021, el Gobierno contempla un monto de subsidios a la energía y al transporte igual al de 2020 en términos del producto bruto interno (PBI). Aunque no queda claro cómo traducir este objetivo en una cifra de aumento promedio de tarifas para 2021 -entre otras cosas, porque no sabemos cómo evolucionarán los costos de proveer estos servicios-, suponemos que implican aumentos no menores. El Gobierno tiene pensado segmentar las subas de tarifas energéticas: focalizará la ayuda en el 40% de menores ingresos, al 45% le impondrá aumentos cercanos a la inflación (presupuestada) del 29%, y al 15% de mayores ingresos le aplicará aumentos mayores que la inflación.

Las presiones para dilatar este proceso ya comenzaron. Aunque hasta el 11 de diciembre se preveían incrementos en las tarifas de transporte “a inicios de año”, pocos días después el Gobierno congeló hasta el 15 de marzo esas tarifas, junto a las energéticas, mediante un decreto. Le hicieron caso al dicho popular que dice que el año realmente comienza en marzo en la Argentina.

La mirada política también atravesó el ajuste de las jubilaciones. Este, inicialmente contemplaba tomar el aumento de diciembre de 2020 a cuenta del de marzo de 2021, tal como reveló Silvia Stang en la nacion, pero dicha estrategia no pasó por el tamiz de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ambos aumentos finalmente se acumularán.

Con más gasto en jubilaciones y, muy posiblemente, en subsidios a la energía y al transporte, se abre un dilema. ¿Sacrificará el Gobierno su aspiración de movilizar la economía mediante un fuerte aumento de la obra pública en el altar de la responsabilidad fiscal? Parece poco posible. Aunque con el pavimento no se come, se pueden ganar elecciones.

El problema que enfrentará el ministro de Economía será entonces análogo a cuando tenemos una frazada corta para protegernos del frío: por tapar unas partes destapamos otras. Si el Gobierno no quiere devaluar, ni ajustar (mucho) las tarifas, ni sacrificar la obra pública, tendrá un déficit fiscal mayor. En este contexto, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita cambiar las expectativas -ni que hablar de recibir plata fresca- parece menos posible.

Sin acceso al mercado de deuda internacional ni al FMI, el Gobierno tendrá que salir a endeudarse en el mercado doméstico. Si bien así lo hizo en los últimos meses de 2020, con buenos resultados, será muy difícil repetirlo en 2021 si el mercado no percibe una mejora fiscal y un ajuste cambiario. La única alternativa sería, entonces, pedirle más financiamiento al Banco Central, lo que terminaría empujando la brecha cambiaria y la inflación. Al final, la población de menores recursos terminará destapada de todas maneras.

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