La UIA cuestionó al Gobierno por la suba de Ganancias a las empresas y alerta por el efecto en la inversión


Mientras avanza en el Congreso, la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó hoy el proyecto del Gobierno para subir el impuesto a las ganancias a las sociedades, advirtió que tiene una mirada fiscalista que llevará a una recaudación extra de $320.821 millones -un tercio aportado por las manufacturas-, y alertó que desincentiva las inversiones, el aumento de la producción y el empleo formal en el país.

En un documento al que accedió LA NACION, pero que ya fue distribuido al equipo económico y a diputados de distintos partidos, la entidad indicó que, de aprobarse el proyecto, sería la cuarta modificación de este impuesto en los últimos 10 años e implicaría un incremento de 10 puntos porcentuales de la alícuota, que pasaría para muchas firmas de 25% a 35%. “Ambos factores hacen imposible la planificación para toda empresa y la previsibilidad de la economía”, estimaron en la UIA.

La reforma tributaria de 2017 impulsada por Nicolás Dujovne establecía que este gravámen estuviera este año para todas las empresas en una alícuota de 25%. La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había frenado esa baja. “Ninguna empresa verá reducida su alícuota respecto del 25% que debería regir en 2021, según la reforma de 2017″, advirtieron en la entidad que lidera Miguel Acevedo.

“Los tiempos actuales demandan medidas activas para incentivar inversiones y a favor de la producción y el trabajo formal para lograr la recuperación económica”, estimó el documento de los industriales y agregó: “Este proyecto no va en ese sentido y es contraproducente, porque aumenta la presión tributaria en gran parte del sector productivo formal generador de valor y empleo en la Argentina”.

La UIA estimó que el proyecto que está en Diputados genera una presión tributaria adicional de $320.821 millones, de los que $96.246 millones provienen de la industria. “Además, las empresas que verán incrementada la alícuota al 35%, en el sector industrial representan aproximadamente: 7000 industrias (más de 75 personas), el 76% del empleo formal, el 87% de la masa salarial y un 80% de la recaudación de este impuesto”, calcularon desde la entidad fabril.

Los industriales afirmaron que la presión tributaria en el país es elevada y alcanza el 44% sobre el sector formal. Estimaron además que en el país hay una alícuota de reinversión de utilidades alta (30%). En América latina, indicaron, la misma llega a 25% y en la OCDE, el llamado, club de los países desarrollados, a 23%.

El financiamiento al sector privado, esgrimieron en la UIA, es el más bajo de la región (en el país llega a 10,8% del PBI y en América latina es de 55,7%). “Las ganancias no distribuidas son una de las fuentes principales de inversión empresarial en la Argentina. Volver a incrementar la alícuota de ganancias es un obstáculo para el desarrollo de la inversión, de la actividad y del empleo formal”, dijeron.

El dictamen del proyecto fue suscripto por la mayoría oficialista de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que preside Carlos Heller ayer. “Con estas tasas que estamos planteando, el ingreso real se incrementará en 2021 en alrededor de $45.000 a $50.000 millones, cifra equivalente a lo que se dejará de percibir por los cambios introducidos en el impuesto a las ganancias para personas”, exaltó Heller.

“Según la CEPAL, la presión tributaria de la región 23%, en la Argentina es del 28.8%, un poquito menos que Uruguay y que Brasil, el más alto de la región, del 33,1%”, precisó el banquero. Lo cierto es que las medidas internacionales no suelen tener en cuenta los impuestos provinciales y municipales. Los industriales coinciden en su documento que es del 29% sobre el PBI, pero aclaran que “el promedio de la región es 23%, con Chile en 21%; Ecuador, en 20%; Colombia, en 20% y México, en 17%”.

Según la UIA, la tasa de ganancias “ya es alta con relación al resto del mundo”. En la OCDE es de 23% en promedio; en los países en desarrollo, de 25% y en países menos desarrollados, de 28%, según datos de KPMG. La alícuota en la actualidad está en el 30% para todo el universo de empresas, con un adicional del 7% si se distribuyen dividendos, por lo que la tasa efectiva actual asciende a 34,9%.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad. Un primer escalón será de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones; el segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.

Según el oficialismo, sólo el 10% de las empresas pagará la tasa de 35% prevista en el proyecto, mientras que el 90% de las empresas pagará menos. “El proyecto de ley no reduce la alícuota de ganancias a todo el universo pyme. Los números estimados por el Gobierno o son desactualizados en cuanto a cantidades y nominalidades o pronostican una reducción tan significativa de las ganancias determinadas por el sector productivo por efecto de la crisis que hacen esperar una caída del producto bruto muy brusca para 2021, aún mayor a las predicciones actuales”, alertaron los industriales sobre el cálculo oficial.

Según la UIA, las empresas que verían reducida su alícuota a 25% representan, de máxima, el 25% del empleo formal y sólo el 14% de la recaudación de este impuesto. Abarcan a firmas cuya facturación se ubica, a lo sumo, en la media de ventas de la actual categoría pequeñas. “El esquema de alícuotas planteado en el proyecto por lo contrario, sostiene o aumenta la presión fiscal sobre el resto del sector productivo en su conjunto”, concluyeron y agregaron que se complica aún más a las empresas de capital nacional “que sustentan en gran medida su operatoria con fondos propios”.

Según los cálculos privados, a partir de una utilidad neta superior a $25 millones (y siempre que no se distribuyan dividendos), la alícuota que deberá pagarse si se aprueban los cambios es mayor al 30% que rigió en 2020. “Si bien es cierto que a partir de $1000 millones de utilidad neta una empresa paga 34,9% de alícuota efectiva, sin distribuir dividendos, ya con mucho menos utilidad, la alícuota es mayor a 30%, e incluso muy similar a 35%. Una empresa que tiene ganancia de de $228 millones paga una alícuota de 34,5%; sin son $120 millones abona una alícuota de 34%; $81 millones llega 33,5% y $61 millones (33%).

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