La pelea BCRA-CABA. Varias provincias subieron Ingresos brutos a los bancos



Las cargas terminan impactando sobre el cliente. Fuente: LA NACION

CÓRDOBA.- El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subirá un punto la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos (II.BB) a los bancos, que pasará de 7% a 8%. Argumentó al respecto que es para compensar el recorte de la coparticipación decidida por el Congreso. Pero no es el único distrito que avanza en ese sentido ni que grava las Leliq, como lo acusó el Banco Central la semana pasada: el consenso fiscal firmado hace unos días entre los gobernadores y el presidente Alberto Fernández abre la posibilidad a que las provincias suban esa carga. Además de la CABA, San Luis y Tucumán cobran el impuesto sobre las Leliq.

El capítulo “Compromisos asumidos por la provincias” del nuevo consenso fiscal indica en el punto tres “excluir” las alícuotas máximas establecidas para las Actividades Intermediación Financiera y Servicios Financieros. En Córdoba, donde ya se aprobó el presupuesto y la ley tributaria, la alícuota pasó de 7% a 9% (alcanza también a los pases activos de los bancos). En Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof presentó su proyecto con iguales números.

“El sistema financiero tiene sede en la CABA, el 80% está allí; lo que haga ese distrito tiene impacto -dijo a LA NACION una fuente del Banco Central-. Con el resto se está conversando a nivel político, pero el efecto es marginal”, justificó la exigencia a la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio).

Hay jurisdicciones que cobran el impuesto sobre los intereses que generan los préstamos -van entre el 4% y el 14%- y otras sobre el spread (tasa activa menos tasa pasiva); en ese segmento se mueven entre 1,5% y 8%.

La Pampa y Tucumán son hoy las provincias que más alta carga tienen sobre el sistema financiero, 14% y 10%, respectivamente. En el primer caso, el impuesto tiene ese nivel desde este año, cuando pasó del 9% al 14% como una medida de emergencia ante la pandemia, y en Tucumán, desde 2018. En los dos casos se cobra sobre los intereses.

Ingresos Brutos es el impuesto más criticado por los especialistas por su efecto cascada y, en el caso de los bancos, termina encareciendo los préstamos, dado que las entidades le trasladan el costo al cliente. Santiago del Estero es, hasta ahora, el distrito con la alícuota más baja, del 1,5%; le siguen Tierra del Fuego, con 4,5%, y San Luis, con 6,5% (en los tres casos la carga cae sobre el spread)

Este año, un informe técnico de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba, bancos nacionales) remarcó que el impuesto aumenta “en forma sustancial el costo de los créditos que toman las personas y las empresas. Termina siendo una transferencia de recursos de los tomadores de préstamos hacia los estados provinciales”.

Para la entidad, la alta carga de Ingresos Brutos que “soportan” los usuarios del sistema financiero es una de las causas que explica la baja relación entre préstamos y PBI que tiene la Argentina, que es “la más baja de la región”. En esa línea, plantea que cuando es “imperioso” que las empresas “logren sobrevivir durante la crisis y ser parte activa de la recuperación posterior”, la revisión a la baja de las alícuotas de IIBB es uno de los instrumentos que “deberían evaluar en forma urgente las jurisdicciones provinciales”.

Lo que está sucediendo es exactamente lo contrario; frente a la caída de los recursos relacionados con la actividad (y para los cuales el nuevo pacto fiscal mantiene los topes de alícuotas), hay administraciones provinciales que echan mano a la posibilidad de subir el impuesto al sector financiero.

Santa Fe incrementó la carga en diciembre pasado, cuando la alícuota pasó de 2,5% a 5,5% para el banco público y al 7% en los privados para aquellos cuya facturación supere los $4500 millones anuales.

A II.BB se les suman las tasas municipales. Hayciudades que las calculan como un porcentaje de ese impuesto, mientras que otras toman otros ítems de referencia. Unos 500 municipios del país cobran una carga impositiva a los bancos y la tendencia fue creciente en los últimos años. A inicios de este año se abrió una polémica por el tema después de la decisión del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, de subir 50% la tasa. “A los bancos y entidades financieras siempre les ha ido muy bien. Ahora les toca colaborar y hacer el mayor esfuerzo”, anunció por Twitter.

Argumentos

La decisión del Banco Central de ir a la Justicia por la imposición de la CABA se basa en los fundamentos que vienen planteando desde el gobierno nacional: “El distrito ha sido muy beneficiado con los cambios a la coparticipación federal, por lo cual aumentar la presión tributaria no tendría ningún tipo de justificativo”.

Las fuentes oficiales repasan que la Ciudad pasó del 1,4% de coparticipación primaria que recibía en 2015 a 3,75% cuando la administración Macri le transfirió la Policía. El salto coincide con que se elimina progresivamente la retención del 15% para la Anses, “significando un cambio de facto en un coeficiente equivalente de 1,647% para el anterior de 1,4% y de 4,411% para el de 3,75%”.

En 2018 se puso en marcha la retención previa de Ganancias (antes de coparticiparla) del 36% y se traspasó toda la recaudación del impuesto a los Débitos y Créditos (cheque) a la Anses (antes le llegaba poco más de 15%). “Se modifica el coeficiente de CABA y se lleva de 3,75% a 3,5%; si suponemos que el cálculo fue bien realizado, ese impacto es de 0,25%, que al eliminar la retención previa del 15% de la coparticipación bruta es equivalente a 0,294%”, remarcan las fuentes.

La actual gestión primero bajó la coparticipación a 2,32%, estimando que los valores anteriores estaban sesgados a favor de CABA, y después se sancionó la ley que lleva el coeficiente a 1,4% y se le transferirá una suma fija por la Policía.

“Si la suma fija compensa el gasto del servicio de policía, al volver al coeficiente anterior CABA tendría una ganancia de 39%, dado que las modificaciones a la coparticipación bruta y la retención previa de Ganancias llevan el índice equivalente a 1,941”, razonan en el gobierno nacional.

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