La mejor noticia económica con el peor clima político



Crédito: Agdamus

Todo indica que el gobierno de Alberto Fernández está a un paso de producir la primera -y hasta ahora única- buena noticia económica del año, con una alta adhesión al canje de deuda bajo legislación extranjera que en septiembre, junto con la reestructuración de la deuda local, permitirá dejar atrás el default.

Pero este avance, necesario pero no suficiente para la recuperación pospandemia, contrasta con un empeoramiento del clima político que remite al pasado kirchnerista del período 2007/2015. No sólo por la vuelta del discurso de confrontación que ensancha una grieta fácil de reactivar. También por decisiones oficiales apoyadas en un incipiente relato populista alejado de la realidad y a contramano de la necesidad de bajar la desconfianza sobre el futuro económico que, entre otros efectos, amplía la distorsiva brecha cambiaria y erosiona las reservas del Banco Central.

Si hasta hace dos semanas el debate político giraba en torno de las diferencias de enfoque ideológico entre Alberto F. y Cristina Kirchner, ahora lo hace sobre las semejanzas. Con el agravante de que la propia vicepresidenta tomó distancia de la inoportuna y controvertida reforma judicial, antes de que la mayoría oficialista en el Senado le diera media sanción con cambios de última hora que cuadruplicaron el número de cargos a crearse. Difícil saber si CFK busca eludir el costo de un rechazo en Diputados; o porque la considera insuficiente para el objetivo de “ir por todo” ya ensayado en 2013 con la “democratización” de la Justicia, frustrada ese mismo año por la Corte Suprema.

Después del “banderazo” del 17 de agosto, que desafió la cuarentena, el Presidente lanzó en estos días una comparación insólita: “A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”, sentenció. No resiste el análisis su argumento de que en estos 163 días hubo menor caída del empleo, el salario real y un rebote de actividad, que sólo en contados sectores se ubica por encima del piso de marzo. Por más que los resultados económicos de la gestión macrista hayan sido pésimos, resulta arbitrario cotejar los cuatro años del período 2016/2019 con el inesperado shock de estos cinco meses de pandemia, que aún nadie sabe cuándo ni cómo va a terminar. Esta visión desconoce que, pese a la asistencia monetaria del Estado a las víctimas económicas de la cuarentena, el PBI sufriría un histórico desplome de 11/13% interanual, con caída del empleo privado (principalmente informal), mayor pobreza, desigualdad social y riesgos de aceleración inflacionaria. En todo caso, 2020 será otro año perdido dentro una década perdida.

Otra variante del relato político está en los contradictorios argumentos oficiales para dictar el sorpresivo DNU que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para congelar sus precios hasta fin de año. Si el Presidente adoptó la decisión al enterarse que 6500 chicos de barrios vulnerables de la CABA carecen de acceso a internet, no se justifica el rechazo del protocolo sanitario para que volvieran a las escuelas en grupos y horarios limitados, ni mucho menos la división entre “ellos” (gobierno porteño) y “nosotros” reeditada por el ministro de Educación en coincidencia con los gremios docentes. En medio de esa grieta quedaron no sólo ese grupo de alumnos de la CABA, donde el acceso a internet alcanza a más de 92% de los hogares, sino otros miles de varias provincias (del NOA, NEA, Cuyo y Santa Cruz), donde se ubica entre 30 y 40%.

Si bien esta disparidad no se resuelve con el congelamiento de tarifas, el DNU para la regulación estatal de los servicios de tecnología de información y comunicación (TIC) ya tuvo su ratificación exprés por la mayoría oficialista en el Senado. Pero la virtual ausencia de debate dejó de lado aspectos clave. Uno, que las TIC son un sector intensivo en inversiones privadas (US$ 20.000 millones en los últimos diez años), que el cambio de reglas de un día para otro provocó en Wall Street que las acciones (ADRs) de Cablevisión y Telecom se desplomaran casi 9% y se frustrara un crédito externo por US$ 500 millones que tramitaba esta última compañía. Otro, que el congelamiento restará incentivos para una mayor competencia, que estos servicios no tienen subsidios estatales y, además, ya existe por ley un Fondo del Servicio Universal (integrado por el 1% de todas las tarifas percibidas por las prestatarias) que acumula más de $12.000 millones y debería utilizarse para un plan federal de inversión en infraestructura tecnológica.

Tal como está planteada, esta regulación sigue la típica fórmula de pan para hoy y hambre para mañana que, de mantenerse en el tiempo, tendrá como variable de ajuste la calidad de los servicios. El kirchnerismo ya tiene el antecedente de haberla aplicado durante 12 años en la cadena de producción, transporte y distribución de gas y electricidad, a costa de crecientes subsidios y menores inversiones que condujeron al déficit energético récord de 2009/2015.

Ahora, con las tarifas de energía que a fin de año completarán un congelamiento de 20 meses, frente a una inflación acumulada superior a 80%, el debate dentro del oficialismo fue planteado en otros términos por los interventores del Instituto Patria en los entes reguladores de electricidad y gas (Enre y Enargas). El primero propone revisar y anular la revisión tarifaria integral de 2017, además de apoyar el pedido de intendentes kirchneristas del sur del conurbano bonaerense para cancelar anticipadamente la concesión de Edesur. Y el segundo una revisión similar para el gas, con el objetivo de fijar “tarifas justas y razonables”, a costa de mayores subsidios que elevarán el gasto público financiado con emisión.

Aun así, el propio presidente Fernández no se privó ayer de formular otro anuncio sorpresa, con la creación de la Sociedad del Estado para la administración de la Hidrovía Paraná -Paraguay -cuya concesión vence en 2021- que tendrá un directorio de diez miembros, entre ellos de siete provincias. La noticia ya generó críticas del sector agroexportador, ya que las actuales tarifas de carga fluvial son las más altas del mundo y ahora se agrega un discutible costo burocrático.

Y para completar esta semana conflictiva, también ayer se conoció el texto del proyecto de ley para crear el Impuesto a las Grandes Fortunas (como “aporte solidario por única vez”), después de que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont descartara bajas de impuestos bajo el argumento de que no generan más empleo y producción. Si el Congreso lo aprueba, la Argentina tendrá un récord de 167 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal.

En un zoom organizado anteayer por la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv (AUTA), cuatro economistas -Marina Dal Poggetto, Miguel Kiguel, Bernardo Kosacoff y Eduardo Levy Yeyati- coincidieron en que la salida de la crisis, agravada por la pandemia y la cuarentena, deberá pasar por la inversión privada, mayores exportaciones de los sectores con más demanda externa y el objetivo de generar 9 millones de empleos de calidad en los próximos años. Porque aún con el alivio en el pago de intereses de la deuda, el Estado carece de recursos para liderar el crecimiento a largo plazo y no agranda la torta productiva redistribuyéndolos de un sector a otro.

Allí se citó el caso de Israel, que aplicó durante varios años políticas fiscales y monetarias consistentes para bajar la inflación y la mitad del crecimiento del PBI en 20 años se basó en más gente trabajando, con educación y formación laboral específica.

Aquí serían necesarios acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición y entre sector público y el privado para sentar las bases de un programa de recuperación económica y social pospandemia, con condiciones de previsibilidad que permitan movilizar al menos una parte de los US$ 170.000 millones atesorados en billetes, según afirmó en el IAEF el presidente del BCRA, Miguel Pesce. Cada vez parece menos posible en este clima de confrontación.

nestorscibona@gmail.com

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