La destrucción de la educación argentina


La Argentina se destacaba en el mundo por su sistema educativo. La ley 1420 de educación común, obligatoria y gratuita que rige desde 1884 permitió el acceso a la educación pública independientemente del origen social de los alumnos, brindando igualdad de oportunidades y movilidad social para los más vulnerables.

La educación tiene efectos positivos muy concretos sobre el nivel de vida. Tal como demostró Jacob Mincer (1958,1974), el salario relativo de los trabajadores crece notablemente no solo como resultado de la experiencia en el trabajo, sino que se potencia aún más como resultado de egresar del secundario y de la universidad.

En un trabajo presentado en la International Association of Research in Income and Wealth en 2010, se demostró que no solo la Curva de Mincer se reproducía en Argentina, sino que el valor económico de su capital humano cuadruplicaba el PBI y casi duplica el stock de capital producido, resaltando que el conocimiento de los trabajadores es la principal riqueza del país y fuente de su crecimiento.

Hasta hace tres décadas, nuestro país formaba capital humano de excelencia; en efecto la Argentina es el único país de América Latina que tiene cinco premios Nobel: dos de la Paz, tres de Medicina.

Pero desde hace largo tiempo, la calidad del sistema educativo ha caído a niveles nunca vistos. Hoy la ley 1420 es una ilusión y forma parte de la anomia de un país cuyas leyes no se cumplen.

Con cada crisis argentina, el valor de la educación y la experiencia en el trabajo se va devaluando, desincentivando la formación profesional y educativa, como demostró el paper citado para la crisis 2001. El conocimiento y la experiencia ha perdido reconocimiento económico en el mercado de trabajo, pero también social.

Hoy la inequidad educativa por origen social y geográfico es una realidad. La caída en la calidad de la educación pública se magnifica más aún en las zonas vulnerables. Los continuos conflictos sindicales y el deterioro de la infraestructura educativa en todos los niveles, así como el reciente fenómeno de la “educación militante” aún más adolescente y burdo que el famoso libro de Ariel Dorfman y Mattelart (1972): Para leer al Pato Donald incentiva la emigración de la clase media hacia el sistema privado, pero también de los más vulnerables hacia los colegios parroquiales y otras alternativas, duplicando su gasto educativo ya que continúan pagando impuestos por una educación pública que trata de no utilizar.

Todos los premios Nobel argentinos tuvieron problemas con el poder de turno, muchos de ellos terminaron en el exilio por causas políticas y económicas, demostrando que hasta ahora nuestro país formaba profesionales cuyo destino era la fuga de cerebros (brain drain).

Pero la decadencia de la educación a todos niveles ha dado una vuelta de tuerca hasta ahora nunca vista en los libros de historia. El cierre de la educación presencial durante toda la cuarentena estricta más larga del mundo es inédito en el mundo civilizado del siglo XXI e independiente de la falla de gestión en obtener tests y vacunas suficientes. Si bien la educación básica retomo las clases presenciales, las universidades públicas y privadas siguen cerradas a la educación presencial cumpliendo 13 meses de cierre.

Si bien la sociedad ha reaccionado en forma positiva, aunque tardía, al hacer oír su voz ante el intento de volver a cerrar las escuelas primarias ante la segunda ola de contagios, el silencio social y mediático ante el cierre de la educación universitaria es notable, más aún si se toma en cuenta la falta de reclamo público y contundente de las autoridades y comunidad universitaria.

La decisión política es evidente, dado que hasta hace poco estaban autorizados la presencialidad en los casinos.

De proseguir el deterioro de la educación universitaria, la “fuga de cerebros puede llegar a su fin”, no por falta de perspectivas a futuro como en la actualidad sino por el futuro descenso de los egresados universitarios.

De persistir el cierre de la educación universitaria, se puede provocar una devaluación de las credenciales de todas las universidades públicas y privadas argentinas tanto en el mercado de trabajo local como frente al resto de los países que no cerraron sus establecimientos educativos.

En efecto, la devaluación del capital humano implica una importante pérdida de competitividad y de valor agregado de nuestras exportaciones tan necesarias para obtener las divisas genuinas que el crecimiento del país necesita. Más aún, si se toma en cuenta que hoy los países compiten en el comercio internacional en base al contenido del trabajo calificado implícito de sus exportaciones.

La inversión en bienes de capital ya está por debajo de las necesidades de reposición y mantenimiento de rutas, edificios y equipos destruyendo el stock de capital producido.

Pero la prolongación del cierre educativo, especialmente de la universidad, implica la destrucción del capital humano argentino y con ello la pérdida de las oportunidades futuras para reducir la pobreza y generar bienestar y desarrollo. Aun estamos a tiempo.

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