Jubilaciones: rechazan el reclamo colectivo contra el ajuste a los haberes por la suspensión de la movilidad



Fuente: Archivo – Crédito: Marcelo Gómez

La jueza Silvia Saino rechazó hoy el amparo colectivo presentado contra el decreto 163, que dispuso aumentos discrecionales a las jubilaciones y pensiones desde este mes en reemplazo de la suspendida ley de movilidad. La magistrada, subrrogante del juzgado número 9 del fuero de la Seguridad Social, entendió que no es homogénea la situación de todas las personas que resultaron afectadas por la medida, que las llevo a recibir una suba inferior a la que habría correspondido en caso de no estar suspendida la fórmula de actualizaciones fijada por la ley 27.426, aprobada a fines de 2017.

La decisión de Saino será apelada en forma inmediata, según dijo a LA NACION el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, uno de los patrocinantes del reclamo junto con Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien puntualizó, consultado por este diario, que la apelación se hará tanto ante la Cámara Federal de la Seguridad Social como ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este segundo caso, por la vía del per saltum.

La presentación había sido hecha el viernes 21 de febrero y lleva por demandantes a la jubilada Silvia Inés Lezaun y a la Asociación Civil Años. Lo que se pide en la causa es que la decisión del Poder Ejecutivo sea declarada inconstitucional y que no se aplique en ningún caso de quienes se ven perjudicados.

En su escrito, Saino considera que no corresponde dar legitimación a la ONG demandante; es decir, no le reconoce el derecho a reclamar en nombre de todos los pasivos. “En el caso de la Asociación Civil Años no estamos en presencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses indifividuales homogéneos, ya que puede ser dividida en tantos reclamos judiciales como sujetos se encuentren incluidos”, señala la jueza. Con esa interpretación, sería inevitable el camino individual del juicio, lo que implica que cada jubilado que se esté afectado debería hacer su propio reclamo, un efecto que, justamente, la presentación colectiva pretendía evitar y que ya ocurrió poco más de una década atrás, cuando fue récord el número de litigios de jubilados contra el Estado, por la falta de movilidad entre 2002 y 2006.

“Lo que está en juego, a mi entender, es un interés patrimonial individual, que no puede resolverse de una única manera para todo el conjunto de beneficiarios”, señala Saino, entre sus argumentos para justificar el rechazo.

En la presentación contra el decreto se había invocado el fallo Halabi de la Corte Suprema de Justicia, en el cual los jueces entendieron que, aun cuando se trataba de un reclamo hecho en forma individual, la medida cuestionada (que tenía que ver con los datos a los que acceden las empresas de telecomunicaciones) afectaba a todos los ciudadanos, por estar en juego un derecho de incidencia colectiva referido a intereses individuales. La jueza Saino no aceptó el argumento de recurrir a lo resuelto en esa causa, por considerar que los intereses individuales afectados son de diferente magnitud. Menciona que los haberes afectados por el decreto son todos los que superan los $16.195 y que los porcentajes de subas se van reduciendo a medida que se incrementa el monto del ingreso mensual, hasta llegar a tan solo 3,75% para la jubilación máxima que otorga el sistema de la Anses.

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