Impuesto a la riqueza: los fines invocados no mitigarán sus daños



“¿Usted se opone a que los que más tienen hagan un esfuerzo solidario para paliar la situación de los más necesitados?” Formulada de manera abstracta, esta pregunta expone a quien la responda de manera afirmativa a ser tildado -cuanto menos- de mala persona.

Al colocar esta frase en el complejo contexto en que vive la Argentina, la situación puede cambiar drásticamente. Estas justificaciones -que apuntan a la confrontación- suelen ser esgrimidas por quienes nunca arriesgan capital propio y gozan, paradójicamente, de privilegios cuasi aristocráticos, que van desde abultados presupuestos solventados por los contribuyentes hasta beneficios impositivos, pues en los tres poderes de gobierno existen, muchas veces ocultas, artimañas legales -o no tanto-, que reducen la carga tributaria de los funcionarios. Esos mismos privilegiados, que informan sus patrimonios a valores fiscales -irrisorios- cuando presentan sus declaraciones juradas ante los organismos de control, ahora juzgan moralmente y pretenden castigar a quienes han logrado acumular cierta riqueza y la declaran en el sistema.

¿Lo recaudado es para los más necesitados? Eso suelen esgrimir. Lo cierto es que lo producido del impuesto será destinado a diversas cajas políticas, a ser administradas discrecionalmente según lo que disponga el Poder Ejecutivo. El proyecto ni siquiera ha respetado el federalismo, pues no se ha previsto un reparto equitativo entre las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Es justo que estos individuos tengan que hacer un esfuerzo más por la existencia de esta nueva crisis?

Buena parte del mundo debate sobre de la eventual implantación de este tipo de impuestos. Pero, por lo general, se apunta a contribuyentes súper ricos y, por supuesto, se trata de países en los que no existen 168 impuestos vigentes, como ocurre en la Argentina (algunos, verdaderamente inéditos) y en los que no existe, como aquí, una increíble e ineficiente carga fiscal global.

Recordemos, además, que el impuesto a la “riqueza” ya existe: es el viejo y conocido impuesto sobre los bienes personales, que nació con carácter “temporal” y que está por cumplir 30 años. Actualmente, alcanza a casi toda la clase media y fue revitalizado por este Gobierno con alícuotas realmente altas para activos en el exterior. Es decir, el crédito para crear un impuesto a la riqueza ya ha sido consumido.

Por su parte, los que quedarían obligados por el nuevo “aporte” extraordinario ya tributaron otros impuestos provinciales por sus activos (inmobiliario, a los vehículos, etcétera) y esta carga aumentó luego de la cuasi eliminación de Bienes Personales durante el anterior gobierno. Esto, sin contar los restantes tributos que componen nuestro pesado sistema, que en todos los niveles de gobierno avanza sin piedad sobre un escuálido sector privado. Hay cargas verdaderamente distorsivas, como Ingresos Brutos (en su versión provincial o municipal, en este último caso disfrazado de tasa) o como el impuesto “al cheque”.

Peor que todo este combo impositivo resulta la falta de seguridad jurídica. En tres años se pasó de casi eliminar Bienes Personales a instaurar dos nuevos gravámenes a los activos, con tasas que superan cualquier renta normal y habitual que se pudo haber obtenido con los bienes, y que son verdaderamente confiscatorias. Así, el proyecto prevé una alícuota que -en combinación con Bienes Personales- podría llegar al 8%.

El impuesto que se pretende aprobar está mal diseñado, simplifica la realidad y resulta irrazonable. No discrimina entre quien actualmente tiene o no los activos en su poder (por ejemplo, quien los aportó a un trust) o si su valor disminuyó, pues para su cómputo se utiliza la “foto” al 31 de diciembre de 2019.

El caso más paradigmático es el de los títulos públicos en default, que serían computados a valores irreales y obligarían a pagar por valores que no existen. Tampoco el impuesto discrimina si el contribuyente ganó o perdió con la crisis (a pesar del objetivo declamado de ayudar a las pymes), ni considera a quien posee todo su capital invertido en el sector productivo y tal vez deba vender parte de esa inversión para afrontarlo. Mucho menos se contempla si para obtener esos activos tuvo que endeudarse.

La recaudación no será la esperada, pues muchos de los grandes patrimonios a los que apunta ya fueron relocalizados o reestructurados. Otros afectados optarán por defender sus derechos ante la Justicia, ya que el impuesto es pasible de ser tachado de inconstitucional con muy razonables argumentos.

Pero los peores efectos de estas aventuras legislativas son los económicos, que resultarán bastante más dañinos en un país como el nuestro, por su historia de incesantes “castigos” a la economía formal (inflación, recesión, default, intervención asfixiante del Estado en la economía, inseguridad cambiaria, tributaria y jurídica, etcétera).

Estamos convencidos de que no queda margen para seguir invocando una supuesta solidaridad en un contexto de presión tributaria y con una recesión sin precedentes, con un sector público que ni se preocupa en emitir señales de austeridad en momentos en los que muchos emprendedores (que arriesgaron su capital en el país) ven día a día cómo se destruye su valor. Se está pescando en una pecera cada vez más pequeña y los aumentos de impuestos en recesión suelen resultar letales.

Hemos presenciado un preocupante éxodo de empresas e individuos de altos patrimonios que indudablemente podrían contribuir a la recuperación económica. Este proceso, lamentablemente, se ha acelerado en las últimas semanas.

La única salida para esta crisis es generar confianza y promover la inversión. En estos meses se han adoptado medidas que van en el sentido contrario y a una gran velocidad. Se está espantando precisamente a aquellos de quienes más necesita el Estado en estos momentos. Al existir menor inversión, caerá la actividad, el crecimiento y el empleo.

Se trata de una situación muy difícil de revertir. Mucho más aún, si se sigue absorbiendo el capital de quienes todavía se encuentran en el sistema.

El autor es abogado, profesor de la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad Austral; socio de RCTZZ Abogados

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