En la Argentina hay menos empleos privados formales que ocho años atrás



El número de asalariados en blanco no avanza desde hace años y varios factores influyen en el estancamiento Fuente: Archivo

En julio de este año la Argentina tenía casi 250.000 puestos asalariados registrados del sector privado menos que en ese mes de 2012. Eso implica una caída de más de 4%, en la comparación hecha de punta a punta en esos ocho años, durante los cuales hubo altibajos -a la par de los vaivenes de la economía- y no avances significativos. Un nivel similar de disminución del número de puestos se obtiene si se compara el empleo de julio de este año con el de febrero, el último mes completo sin cuarentena. Eso es así porque, según indica la estadística oficial, en febrero del actual 2020 el número de asalariados registrados era muy similar al de julio de aquel 2012: en el medio, pasaron 91 meses, en los que la población del país creció, según la estimación oficial, más de 8%.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran, concretamente, que en el séptimo mes de este año había 5.777.198 puestos registrados por empleadores de la actividad privada y, en febrero, 6.027.556.

Más allá de que la cifra más reciente tiene implícito el efecto de la pandemia y la cuarentena, los números y la comparación de mediano plazo son un reflejo de la falta de inversiones, consideradas como el marco primario para el crecimiento y la generación de puestos. Según la serie de datos del SIPA publicada por el Ministerio de Trabajo, sí creció, entre 2012 y 2020, el número de monotributistas; es un hecho que, en algunos casos, puede estar asociado a una mayor tendencia al cuentapropismo (por elección, por necesidad o por ambas cosas) y, en otros, a las contrataciones bajo esta modalidad para evitar las de relación de dependencia, tanto en el Estado (donde sí creció el empleo asalariado en el período mencionado), como en el sector privado.

La inversión es fundamental, “pero no cualquier inversión”, observa Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). “Si es para empezar a producir un bien, pero en el lugar se deja de producir otro bien”, eso no agrega empleo, señala.

Donza agrega que, entre los factores que influyen para que se concreten inversiones productivas está la percepción sobre la seguridad jurídica y, derivada de ello, la confianza, cuya ausencia hace que, más allá de la llegada o no de inversiones desde afuera, haya muchos recursos desaprovechados de los propios argentinos, por estar al margen del circuito que permitiría capitalizar proyectos. Proyectos que, a su vez, requieren de un entorno que genere confianza para ser iniciados y desarrollados. Todo es parte del círculo al cual le faltan trazos para cerrarse. El problema es de vieja data, y este año se agrava, según economistas y empresarios, por medidas, proyectos, intentos y declaraciones que provienen del Gobierno y del Congreso.

El menor dinamismo económico de los últimos años explica no solo el estancamiento del empleo formal, sino también el de la más abarcativa tasa de ocupación laboral total, que está en valores similares desde 2007/2008, según describe la economista Roxana Maurizio, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet. “La inestabilidad es un factor que dificulta en particular la creación de empleo formal -agrega-. Por eso, el crecimiento y la estabilidad macro que dé previsibilidad son condiciones necesarias para dinamizar el empleo registrado”.

Aun con señales y expectativas que alentaran la inversión, podrían entrar en juego otros elementos para determinar si se crearán más o menos empleos y bajo qué modalidades; elementos a los que hay analistas que le asignan más y otros menos fuerza. Sobre las cuestiones relativas al régimen laboral en sí, en los últimos años avanzó (y también se estancó) la idea de la conveniencia de hacer acuerdos sectoriales que incluyan condiciones de trabajo. En muchos casos, se entiende que si nada se hace para adecuar las reglas, ganan la pulseada las prácticas y la informalidad.

En la opinión de Donza, la baja de costos podría contemplarse para promover contrataciones, pero solo si se hace con una focalización según las particularidades del trabajo y sin que se vean afectados derechos. La traba que encuentran los Estados es que se necesita una creciente cantidad de recursos para un sistema de seguridad social cada vez más demandante. Cómo dar una solución no cortoplacista a este último desafío es algo que requiere de discusiones de fondo que, al menos en la Argentina, nunca llegan.

Una cuestión en la cual poner foco, según el investigador de la UCA, es la de las economías regionales, recurriendo a los recursos del conocimiento (los aportes de universidades, por ejemplo) y a planes para potenciar el trabajo de la tierra y de otro tipo, que sean localizados y que puedan ser replicados.

El mapa laboral de la Argentina muestra brechas significativas en las tasas de empleo y de población económicamente activa. Con un índice promedio de 42,4% de personas con ocupación laboral (formal e informal) sobre la población de los 31 centros urbanos que releva el Indec, los extremos son la Ciudad de Buenos Aires, con el 52,1%, y Formosa, con solo 33,9%, según los datos del primer trimestre de este año.

Más allá de las inversiones, del debate sobre las legislaciones y de los posibles planes focalizados, la crítica realidad social, que en gran medida se genera y se agrava por la escasez de inversiones, impone el desafío de actuar con políticas y estrategias sobre los factores vinculados con quienes son los potenciales trabajadores.

Un documento difundido a principios de año por la OIT, referido a la promoción del empleo “en un panorama cambiante” (en un contexto con irrupciones tecnológicas y urgentes desafíos medioambientales y sociales) enfatiza que “las empresas son el primer motor en la generación del empleo”. Y sostiene que deben procurarse políticas nacionales de empleo que estén coordinadas con medidas económicas y sociales, y que se diseñen considerando los diferentes grupos de la sociedad y sus problemas particulares para la inclusión, para que hagan efectivamente un aporte a la lucha contra la pobreza.

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