En el siglo XXI, la Argentina vivió en emergencia el 80% del tiempo



El expresidente Eduardo Dualdhe firma la ley de emergencia en 2002 Fuente: AFP – Crédito: Fabian GREDILLAS

Cuando se escuchen los ruidos de las copas en esa frontera del último instante del 2019 y el primer segundo de 2020, la Argentina consagrará un enorme fracaso: en los 19 años que transcurrieron desde el inicio del siglo, solo dos de cada 10 días el país no vivió en emergencia.

Lejos de los festejos y las caras de satisfacción que muchas veces decoran las sesiones del Congreso, la declaración de la emergencia es, en el fondo, reconocer que el Estado se va a apartar de la forma convencional de hacer las cosas según lo estableció la Constitución y pasará de modo “derecho” a modo “de hecho”.

Solo para terminar de afinar aquellos números: la Argentina vivió con leyes de excepción desde el 6 de enero de 2002 hasta el 1° de enero de 2018. Entonces transcurrieron 5.839 días con un sistema de delegaciones de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

En el período de sesiones ordinarias de 2017, la Casa Rosada no envió el proyecto de postergación por un año más. Es decir que, cuando cayó la prórroga de la anterior, el régimen de excepción cayó, y aquellas facultades terminaron por regresar al Congreso. Dicho de otra manera: solo dos de cada 10 días, los diputados y senadores gozaron de todas las funciones que les da la Constitución Nacional.

Consecuencias económicas

Las consecuencias de semejante situación no son solo políticas, sino más bien económicas. Hay varios estudios que dan cuenta de que los países que mantienen una legislación estable y uniforme por en períodos largos crecen más que los que mantienen este tipo de normativas de excepción.

La lógica de este paradigma es casi una obviedad. En el mundo de los negocios globalizados, el marco regulatorio en el que se van a desarrollar los negocios es determinante. Tanto que, en los grandes proyectos de inversión, este tipo de certidumbres (o incertidumbres, en el caso de la Argentina) constituye uno de los activos más importantes a la hora de evaluar la viabilidad o no.

Para alguien que en un rascacielos de alguna capital del mundo mira donde invertir, la posibilidad de que su ámbito de negocios cambie por la voluntad del soberano y no por la formalidad de una ley genera imprevistos. Como existen este tipo de reglas de excepción, seguramente va a reclamar de su desembolso en el país una rentabilidad mayor para repagar su capital con más velocidad. Va a apurarse antes de que los términos cambien; va a abrir el paraguas para cubrirse en caso de que tenga que partir.

Pero la cobertura no solo se da por la posibilidad de irse, sino por el cambio de valuación que tendrá su activo. No es lo mismo el precio de un kiosko que puede vender cualquier producto a cualquier hora, que otro que tenga que ceñirse a un horario y a ciertos productos. De manual.

En los gobiernos, cuentan los administrativistas, hay dos tipos de normas. Las que “están a tiro de decreto” y, por el contrario, las que no. Cada administración se ilusiona con tener más y más posibilidades de estampar una firma y un puñado de ministros obedientes para gestionar que con pasar por el Congreso.

De hecho, los burócratas de la administración pública son especialistas en la búsqueda de intersticios donde colar modificaciones para evitar el diálogo y la negociación legislativa.

En 2002 era casi necesaria una ley así para salir a enfrentar una situación que era apremiante. Pero el tiempo pasó desde entonces, y hasta la Argentina vivió épocas de discursos políticos donde se hablaba de crecimiento a tasas chinas.

Pero la emergencia siguió. Y se mantuvo en sectores que empezaron a encontrar respuestas en momentos de viento de cola. Sin embargo, jamás se fue la emergencia, sino hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri.

La política, el diálogo y el consenso se rindieron en ocho de cada 10 días desde que empezó el siglo XXI. Dejaron la gestión a “tiro de decreto”.

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