El virus K complica cada vez más la salud económica


A l menos por respeto a las 61.176 personas fallecidas hasta ayer debido a la pandemia –más de 11.000 desde mediados de febrero–, la dirigencia política debería bajar un cambio (o dos) para distender el clima de creciente enfrentamiento que rodea a la previsible y explosiva segunda ola de contagios con epicentro en el AMBA.

Si nadie se salva solo, como suele decir Alberto Fernández, resulta ilusorio suponer que el oficialismo podrá salir indemne de esta crisis, por más que revolee acusaciones de todo calibre contra el gobierno porteño o maneje arbitrariamente las estadísticas de distribución de vacunas aún escasas. Para colmo, con la grieta ya abiertamente judicializada, el único acuerdo político alcanzado con la oposición fue postergar por un mes las PASO y las elecciones legislativas. Esto significa, en uno y otro lado, asignar prioridad a los futuros votos sobre la educación y contención de los chicos que, tras todo un año sin clases presenciales, pasaron a ser rehenes de una disputa política que entremezcla la falta de evidencia de contagios dentro de las escuelas con los que se producen fuera de ellas.

En paralelo también va empeorando la salud de la economía, que aún no logró recuperar los magros niveles prepandemia y vuelve a mostrar nuevos síntomas de incertidumbre con la suba de las cotizaciones alternativas del dólar tras la anestesia de los últimos meses.

Así como la necesidad de “hacer algo” ante los récords de contagios llevó al Presidente a disponer el cierre de las escuelas del AMBA sin distinción de riesgo sanitario, la inflación récord de marzo (4,8%) hizo que el Gobierno activara el “virus K” para atacar las subas de precios sin considerar sus causas.

Una prueba es que minutos antes de que el Indec difundiera ese dato a mediados de este mes, la Casa Rosada anunció la incorporación de 500 nuevos “fiscalizadores” a la Secretaría de Comercio Interior (SCI), el control de rotulado de envases y medidas para garantizar en los próximos meses el abastecimiento de carnes, frutas y verduras a precios accesibles en el Gran Buenos Aires y los barrios del sur de CABA. También incluyó acuerdos con los principales proveedores de insumos industriales y de construcción (textiles, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro, acero y aluminio, caucho cartón y vidrio y cemento), para mantener los precios de marzo con revisiones trimestrales hasta fin de año, así como con fabricantes y cadenas de comercialización de electrodomésticos, celulares y computadoras para congelar los precios hasta fin de octubre y “estructurar ofertas especiales” a través de las plataformas electrónicas del Banco Nación y Correo Compras. Pero en estos casos faltaba un detalle, que fue revelado esta semana por Francisco Jueguen en LA NACION: los acuerdos no habían sido cerrados, no pocas empresas se enteraron por los medios y otras fueron contactadas caso por caso después de los anuncios oficiales.

Algo similar ocurre con la intención oficial de no volver a prorrogar el cuestionado régimen de Precios Máximos (vence el 15 de mayo) y reemplazarlo por una canasta básica de alrededor de un centenar de productos con precios congelados durante cuatro meses, que se negocia empresa por empresa del sector de alimentación. No hace falta demasiada perspicacia para advertir que se trata de contener los rubros que más gravitan en el IPC durante los meses previos a las elecciones. A cambio de incluir dos o tres productos en esa canasta, se liberarían como compensación los miles que están sujetos desde hace 13 meses a PM con autorizaciones oficiales de ajustes esporádicos y muy inferiores al aumento de costos. No obstante, coexistiría con la de Precios Cuidados, que prevé ajustes trimestrales. Si bien la idea se asemeja a los “Precios Corajudos” lanzados por Carrefour, hasta ahora no tiene título.

Aun así, muchas empresas desconfían porque más de una vez se incumplió la promesa de poner fin a los PM; y hasta los ajustes de precios de algunos productos “deslistados” hace un par de meses quedaron sujetos a la aprobación previa de la SCI. A esto se suma que el Gobierno dispuso este mes que la AFIP controle el cumplimiento de los PM y la ley de Abastecimiento, sancionada en 1974 y reformada en 2014 para facultar al Estado a obligar a las empresas a producir a pérdida.

La cepa del virus K es la misma que circuló entre el sector privado a lo largo del período 2008/2015. Su ADN incluye el absurdo de controlar todo (precios y cantidades); cazar dentro del zoológico (de contribuyentes); generar divisiones entre los eslabones de las cadenas de producción y comercialización y desentenderse de los conflictos que provocan costos políticos o son protagonizados por aliados del oficialismo.

La diferencia es que Paula Español cumple el rol de Guillermo Moreno (con menos flexibilidad, según algunos empresarios) y que las segundas líneas, ya sea del Instituto Patria o La Cámpora se imponen a los ministros en las decisiones de política económica (como ocurre con las tarifas de energía, que ya llevan dos años de congelamiento).

También surgieron nuevas siglas para esta nueva era de intervencionismo estatal. Las empresas privadas deben “trabajar” para la SCI, a la que deben presentarle planillas con los costos de insumos, stocks y producción (Sipre) que significan costos administrativos extra; pedirle autorización previa para las etiquetas o rótulos al lanzar nuevos productos (Sifire) y para importar insumos (SIMI).

No solo eso. En uno de los pocos países que aplica impuestos (retenciones) a la exportación, Paula Español afirmó ayer que “no le temblará el pulso” para aumentarlas sobre la carne vacuna y otros productos. Previamente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería había endurecido los requisitos para exportadores de granos, carnes y lácteos no inscriptos en el registro de la cadena agroindustrial (RUCA), que deberán presentar múltiples datos. Y ahora acaba de reeditar los permisos previos para exportar (ROE), que en la época de Moreno provocaron una caída de 20% en el stock ganadero (12 millones de cabezas), bajo la sigla DJEC (Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes).

A pesar de este compulsivo activismo intervencionista, el Gobierno se desentiende de intervenir en algunos conflictos sindicales que provocan enormes daños económicos. Ya ocurrió en diciembre con el paro en puertos cerealeros de Santa Fe, que paralizó durante 20 días las exportaciones de granos y subproductos. Y ahora en Neuquén, con los cortes y bloqueos de rutas en medio de internas gremiales y políticas, que frenan la producción en Vaca Muerta y obligarán a mayores –y más costosas– importaciones de gas y combustibles líquidos en los meses de invierno. También con los bloqueos de Hugo Moyano en Walmart en reclamo de un plus salarial por cambio de dueños y el cierre de la planta de Dánica en San Luis a raíz de otra interna sindical.

Con el revival de la era K, en el sector privado no olvidan que la consigna del segundo mandato de Cristina Kirchner y de La Cámpora era “ir por todo”. Y que esta rama del Frente de Todos es la que tiene cada vez más peso en las decisiones del gobierno de Alberto Fernández.

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