El regreso de las viejas herramientas que no dieron resultado


El nuevo registro de exportaciones de carne y la obligatoriedad de presentar planes de producción y datos bancarios a empresas de este rubro y de granos y lácteos que quieran comenzar a vender en el exterior puso nuevamente en tensión la relación entre el campo y el Gobierno.

Con diferentes matices, las entidades del agro, desde el ruralismo hasta las asociaciones por cadena o las que agrupan a los criadores de razas bovinas, se expidieron públicamente para advertirle al Gobierno que las medidas van en la dirección incorrecta: la vuelta al pasado.

“Vemos que está ocurriendo lo mismo que en la época de Guillermo Moreno, los ministros decían una cosa y él hacía otra”, comenta un ruralista que tiene trato frecuente con funcionarios. Esta vez, la referencia es la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que hace unas semanas advirtió que no dudarán en aplicar medidas como suba de retenciones, cupos o encajes. Mientras tanto, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, están en otra frecuencia.

Las urgencias del Gobierno pasan por llegar a las elecciones legislativas de este año sin que la economía sea su flanco débil. Con un índice de inflación mensual que en marzo pasado fue de 4,8%, y que a este ritmo romperá la meta de 29% que el ministro de Economía, Martín Guzmán, propuso para 2021, ese objetivo parece difícil de alcanzar. En vez de corregir el déficit fiscal, la emisión monetaria, el cepo al dólar y la deuda externa, el Gobierno se aferra a las herramientas cada vez más gastadas de los controles de precios.

En el caso de las exportaciones de carne, el propósito declarado es terminar con las maniobras de subfacturación. Muchos se preguntan si en vez de crear un nuevo registro, que le otorgará un poder extra al Estado, no se podía intervenir con las herramientas ya existentes de la Aduana, la AFIP, el Banco Central o del Ministerio de Agricultura para controlar a quienes aprovechan los grises legales para hacer negocios. La injerencia de la Secretaría de Comercio Interior da pie a pensar que, con la excusa de evitar la subfacturación de las exportaciones, se le pondrá un ancla a los precios.

Más que por la medida en sí, el registro de exportaciones de carne reavivó en el ruralismo el pésimo recuerdo que dejaron los mecanismos de control que impuso el kirchnerismo en sus dos primeros gobiernos

“Hay malestar en las zonas ganaderas con los mayores controles”, advierte el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri. “Estamos en desacuerdo, con esto vuelve la discrecionalidad de los funcionarios”, señala. “Como ciudadanos, además, nos preocupa la situación institucional, el avance sobre la independencia de la Justicia”, añade.

Otra de las derivaciones de las exigencias a los operadores nuevos es que se vuelve a asegurar el mercado a quienes ya están dentro de él. “Hay una discrecionalidad en el negocio que impide el ingreso de pequeños y medianos exportadores”, advierte Andrés Domínguez, especialista en comercio internacional. Es una curiosa consecuencia en una administración que se jacta de enfrentar la concentración económica.

En ese afán de aplicar las viejas recetas, el Gobierno dinamita los propios puentes que el sector privado le ha tendido. La propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino, que agrupa a más de 60 cámaras y entidades, para elaborar un proyecto de ley que otorgue estabilidad fiscal a las exportaciones del agro sin descuidar el mercado interno no tiene avances concretos. Pasa de funcionario a funcionario, de comisión a comisión sin que se tome una medida específica ni llegue al Congreso un proyecto de ley. El oficialismo no puede decir que hay una cuestión ideológica del sector en su contra. Su propia indecisión es la que demora todo.

Esto también se refleja en el vencimiento de la ley de biocombustibles. Cuando falta menos de un mes para que caduque, no hay una decisión tomada (al menos hasta el cierre de esta edición). Provincias como Córdoba y Santa Fe están a la expectativa para reactivar a sus sectores productivos.

En un escenario de precios positivo para la producción, cualquier medida de distorsión de los mercados afectará a los eslabones más débiles de la cadena. Esto no hará otra cosa que provocar un desincentivo a quien quiere invertir. Las experiencias de lo que pasó con el trigo, que llegó a ocho millones de toneladas, o con la ganadería, que se liquidaron más de diez millones de cabezas, deberían servir para no tropezar nuevamente con la misma piedra. En un país necesitado de la obtención de divisas genuinas para estabilizar su economía, volver a ponerle un cepo al agro, el principal sector exportador, sería un error mayúsculo.

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