El Gobierno optó por lo políticamente posible



Las medidas contenidas en la llamada ley de solidaridad social y reactivación productiva están dirigidas a generar un excedente fiscal que facilite la reestructuración de la deuda pública. Son medidas muy severas, tal vez más severas que las que hubiera pedido el FMI.

Como el Gobierno decidió no solicitar los aproximadamente US$13.000 millones remanentes en el acuerdo firmado por Mauricio Macri, no conocemos qué habría “recomendado” el FMI. Pero el rigor de las medidas tomadas sugiere que si el Gobierno prefirió no empezar por negociar con el Fondo esto no fue para evadir medidas fiscalmente ambiciosas. Fue más bien porque hubiera sido políticamente imposible presentar la “condicionalidad” del FMI como inspirada en objetivos de “solidaridad social y reactivación productiva”.

Como era de esperar, las medidas fueron bien recibidas por los acreedores (el riesgo país bajó casi 600 puntos básicos). La campaña política pasada se edificó sobre la estigmatización del adversario. Así, la fórmula Fernández-Fernández fue presentada como el riesgo de “venezuelizar” a la Argentina. Algunos acreedores tomaron esto en serio y se desprendieron de sus posiciones. El contraste entre el supuesto “regreso del populismo” y la severidad del ajuste fiscal promovido por el Gobierno explica el cambio de humor de los mercados.

De todos modos, el Gobierno tendrá que sentarse a negociar con el FMI. La concentración de vencimientos prevista en el acuerdo firmado con Macri es de imposible cumplimiento (equivalentes al 25% de nuestras exportaciones en 2022 y 2023).

Para que el riesgo país siga bajando, será necesario “estirar” la deuda con el FMI. Los acreedores privados saben que sin un nuevo acuerdo el default será inevitable.

Normalmente se obtiene financiamiento del Fondo a cambio de “condicionalidad” fiscal. El Gobierno invirtió el orden de estos factores. Pero los acreedores privados entienden las razones políticas que explican esa alteración. Confían en que la ley “de solidaridad y reactivación productiva” agilizará un nuevo acuerdo con el FMI. Difícilmente el Fondo podría pedirnos un ajuste fiscal mayor con 40% de pobres, una economía que lleva dos años en recesión y ocho años de estancamiento.

Todos los analistas acuerdan en que el paquete fiscal es muy ambicioso. La recaudación aumentará, de eso nadie duda. Las estimaciones difieren sobre tres aspectos. El monto del aumento, la capacidad del Gobierno de reprimir gastos y si la carga impositiva dejará espacio para la “reactivación productiva”.

La creación de nuevos impuestos (a compras de divisas y compras en el exterior), el aumento de algunos ya existentes (derechos de exportación, Ganancias y contribuciones patronales) y la eliminación de la movilidad previsional (en principio por solo 180 días) deberían permitir un aumento de la recaudación. Los acreedores manejan estimaciones que van de 1,5 a 2% del PBI. Un esfuerzo impositivo enorme considerando que el PBI y la inversión son menores que en 2011 (4% y 4,69%, respectivamente).

La capacidad del Gobierno de ahorrar una parte del aumento impositivo es materia de especulación. En buena medida, dependerá de cómo el Presidente use la discrecionalidad política que le confiere la ley aprobada por el Congreso. Como él mismo explicó, las jubilaciones ya no se indexan, pero tampoco están “congeladas”; los aumentos los determinará él mismo, por decreto.

Estimar la capacidad de las medidas de generar la inversión que permita una “reactivación productiva” es todavía más incierto. El componente “solidario” busca mejorar el ingreso de los que menos tienen. La devolución del IVA, el plan Alimentar, el congelamiento de tarifas de los servicios y los dos bonos de $5000 previstos para jubilados que cobren la mínima pondrán algo de dinero en el bolsillo de los que tienen una mayor propensión al consumo. Si bien ese dinero va a ser rápidamente gastado, su efecto multiplicador sobre la economía es dudoso.

Hay tres factores que explican esa incertidumbre. En primer lugar, el propio aumento de la discrecionalidad política otorgada al Poder Ejecutivo potencia, por definición, el riesgo de una inversión (particularmente, de las que generan empleo).

En segundo lugar, porque buena parte del dinero que se pone en el bolsillo de los más pobres se originará en aportes, forzosos, de otros sectores sociales que también tienen una elevada propensión a consumir (clase media y jubilados que cobran por encima de la mínima).

En tercer lugar, porque las medidas fiscales anunciadas no constituyen un plan económico integral. Sin un plan económico que articule la política fiscal con la monetaria y la cambiaria, no se despertará la confianza de los que puedan arriesgar su capital. Es auspicioso que el nuevo presidente del Banco Central se haya comprometido a no aumentar la oferta de dinero por encima de su demanda. Sin embargo, no es creíble (ni tampoco prioritario) comprometerse a bajar la inflación a un dígito “hacia fines de 2021”.

El Gobierno ha heredado una situación económica muy crítica y ha decidido hacer frente a la emergencia con medidas fiscales muy audaces. Son medidas que se explican por la emergencia. Pero desincentivan lo que más necesita el país: producción, empleo y exportaciones. Será necesario inscribirlas en un plan económico integral. Será también indispensable que los acreedores hagan un esfuerzo “solidario” similar o mayor al que se le impone al ciudadano que trabaja y paga impuestos.

Exdirector por la Argentina en el FMI y senior fellow del CIGI

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