Dólares de necesidad y urgencia que no compran confianza



Ilustración nota Scibona Fuente: LA NACION

Si no fuera porque ya se aplica a muchos- demasiados- decretos, gran parte de las medidas económicas anunciadas esta semana por el gobierno bien podrían definirse con el acrónimo DNU: dólares de necesidad y urgencia.

Básicamente, son “endulzantes” de bajas calorías para incentivar la liquidación de divisas por parte de los exportadores hasta el ingreso de la próxima cosecha de granos, en un intento de recargar las reservas netas del Banco Central que desde hace tiempo tienen encendido el indicador de alerta de muy bajo nivel en el tanque.

Por sus alcances de cortísimo plazo, nada asegura que el ingreso extra de dólares vaya a ser significativo o alcance para generar confianza.

De hecho, esta respuesta oficial armada de apuro es una implícita admisión del error que significó, hace apenas 17 días, el endurecimiento del cepo y los controles cambiarios al solo efecto de frenar la demanda. Además, en menos de dos semanas el BCRA dilapidó el efecto positivo de la alta adhesión al canje de la deuda pública, cuando dispuso la refinanciación compulsiva a dos años del 60% de las obligaciones financieras en dólares de empresas locales. Un artículo del Financial Times remarcó que por primera vez en 20 años cayeron los nuevos bonos de un país que acababa de reestructurar su deuda y despejar el riesgo de default por al menos cuatro años. Otro resultado a la vista es que en septiembre la brecha cambiaria trepó al 80/90% y la caída de reservas brutas superó US$ 900 millones.

Ante la urgente necesidad de mejorar la oferta de divisas en el desbalanceado mercado oficial con tipos de cambio múltiples, el gobierno está pagando el costo de no tener un plan económico para enfrentar la crisis, agravada por la pandemia del Covid. Aunque varias medidas van en dirección correcta y su principal objetivo es alejar la expectativa de un salto devaluatorio que empujaría la inflación, están lejos de configurar un programa horizontal y consistente para la reactivación de inversiones y exportaciones en un marco donde proliferan regulaciones, controles y excedentes de pesos.

El abanico incluye paquetes a medida de distintos sectores, como la rebaja temporaria y diferenciada de retenciones a la soja y subproductos hasta fin de año; mejor tratamiento fiscal a la exportación de bienes e insumos industriales según el valor agregado (con 0% a la de autos extra Mercosur) y la demorada reducción por ley del 12 al 8% en las retenciones a las exportaciones mineras, que debería extenderse a las petroleras. También, sin mayores precisiones, la sanción de la ley de Economía del Conocimiento, frenada hace meses en el Congreso y la puesta en marcha del Plan Gas 4, que en realidad apunta a subsidiar el aumento de la producción para reducir importaciones en el próximo invierno, pero hasta ahora no pudo avanzar debido a diferencias internas dentro del gobierno.

A esto se suma la decisión del BCRA de abandonar el mecanismo de ajuste uniforme diario del tipo de cambio oficial “para adaptarlo en forma gradual a las necesidades de la coyuntura”; la suba de la tasa de interés para absorber excedentes de pesos y la emisión de un nuevo bono ajustable por dólar, cuya cotización dependerá del mercado local.

En el caso del complejo sojero, el Gobierno no se privó de establecer deliberadas diferencias para dividir a los distintos actores de la cadena. Por un lado, redujo de 33% a 30% por un mes las retenciones a la exportación de porotos de soja, que implican para octubre una mejora de $51,5 a 53,9 por dólar (a la cotización de ayer) y volverán a subir al nivel anterior en enero. A la vez, ya puso en marcha hasta fin de año el fondo compensador por $ 11.500 millones para pequeños y medianos productores (del NOA y el NEA) alejados de los puertos, que debió haber aplicado en marzo cuando subió las retenciones al 33%. Por otro, restableció el tratamiento diferencial para aceite y harina de soja que había sido eliminado por el gobierno de Macri, al reducirlo a 28% para octubre y a 31% para enero, mientras que para biodiesel bajará de 30 a 26% y quedará en 29% en enero.

Estas diferencias motivaron ayer un duro comunicado de rechazo de la Mesa de Enlace y que en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a 54 cámaras, fueran celebradas como un éxito, al igual que la no anunciada y próxima reducción de 9 a 5% en las retenciones a la carne vacuna. Los exportadores sostienen que la baja de derechos por valor agregado permitirá trasladar mayores precios a los productores, ya que China se abastece de poroto en el mercado de Chicago y, en cambio, aumentó la demanda de subproductos. A esto se suma que el BCRA habilitará la posibilidad de canalizar operaciones de comercio exterior y cobertura de futuros en yuanes en el marco del swap con China, que no será convertido a dólares. También que el ministro Guzmán anunció que el 14 de octubre el gabinete económico tratará el proyecto de ley elaborado por el CAA para aumentar las exportaciones de alimentos de US$ 65.000 a 100.000 millones en diez años, a cambio de desgravaciones impositivas a nuevas inversiones y reducción de retenciones al incremento de ventas externas. En lo inmediato la última palabra la tendrán los productores, que deberán decidir cuánta soja almacenada en silobolsas (unos US$ 8000 millones) venderán ahora para invertir en la próxima campaña. Su comportamiento no es diferente al de mucha gente que ahorra en dólares como refugio y evita venderlos salvo en casos de necesidad u oportunidad.

Una situación diferente se plantea con el plan de reactivación de la construcción de nuevas viviendas que, a diferencia de otros sectores productivos, requieren un bajo componente de insumos importados. Aquí el gobierno anunció dos proyectos de ley, uno con exenciones y diferimientos impositivos para las nuevas construcciones y hasta que finalicen y vendan las obras y otro para crear un fondo de cobertura para las cuotas de créditos hipotecarios en vigencia. Pero está desperdiciando la oportunidad de canalizar hacia estas inversiones parte de los miles de millones de dólares atesorados y declarados por los contribuyentes para preservar sus ahorros de la inflación.

Los anuncios oficiales tuvieron ayer un mal debut en los mercados y a la falta de tiempo para digerirlos se sumó que la rebaja temporaria de las retenciones no fue publicada en el Boletín Oficial.

Sin embargo, no dejan demasiado margen para el optimismo si se tiene en cuenta que después de ocho jornadas de virtual feriado cambiario para el dólar ahorro hubo nuevas restricciones para reducir la demanda, que en agosto tuvo más de 4 millones de compradores y el BCRA busca reducir este mes a menos de la cuarta parte. Entre ellas, la inhabilitación a funcionarios y legisladores, que en todo caso revelan su capacidad de ahorro en moneda extranjera. O la exigencia de algunos bancos a sus clientes de presentar recibos de sueldos o pago del monotributo para acceder al cupo de 200 dólares. Con este criterio, también podrían pedir la partida de nacimiento de sus bisabuelos.

Al fin y al cabo, el actual régimen minorista tiene el defecto de origen de haber oficializado una brecha impositiva de 30% y luego ampliada a 65% para la compra de dólares, que impulsa las ventas en el mercado paralelo. Y aunque las empresas que importan insumos no tuvieron hasta ahora trabas para acceder al cupo declarado para este año (siempre que fuera igual o inferior al de 2019), enfrentan el problema de manejarse con más de 600 comunicaciones del BCRA sobre el mercado cambiario (que pasaron de la número 6401 en agosto de 2019 a la 7016 en septiembre de este año). Cuesta creer que ahora se facilitarán nuevas Inversiones Extranjeras Directas con libre acceso al mercado oficial para repatriar las inversiones a partir del primer año de realizadas, como señala el último anuncio del Banco Central. Y todavía falta la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI.

nestorscibona@gmail.com

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