Defensa de la competencia. Alertan por un proyecto para quitarle autonomía al tribunal



En el nuevo proyecto que impulsa el Gobierno la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia estará a cargo del Poder Ejecutivo, a propuesta del ministro de la Producción, Matías Kulfas. En cambio, en la ley que hasta ahora sigue vigente la elección de las autoridades está

En medio de los anuncios de compañías multinacionales que buscan comprador para sus filiales argentinas, el Gobierno avanza con un plan para cambiar el funcionamiento del organismo que regula a la competencia y a la compra de de empresas.

Hace un par de semanas la senadora del oficialismo Ana Almirón envió un nuevo proyecto de ley de Defensa de la Competencia que introduce algunos cambios fundamentales en la conformación y el funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia. En el sector se alzaron algunas voces alertando que los cambios implican una pérdida relativa de la autonomía del organismo, lo que podría derivar en una menor transparencia del proceso de compra y ventas de empresas y un menor nivel de competencia.

El principal punto de preocupación pasa por la decisión del oficialismo de dar marcha atrás con la conformación de una Autoridad Nacional de la Competencia con miembros elegidos por concurso público y ratificación del Senado. Estos requisitos formaban parte de la ley de Defensa de la Competencia sancionada hace dos años por el Congreso.

En el texto de la ley se establecía que se trataba de un organismo autárquico y descentralizado, que dependía directamente del Poder Ejecutivo y cuyos miembros eran elegidos a través de un concurso público en el que participan el ministro de la Producción, el procurador del Tesoro de la Nación, un representante de la Academia Nacional del Derecho y otro de la Asociación Argentina de Economía política.

En los hechos, el gobierno de Mauricio Macri que impulsó la ley nunca terminó de dar el paso final que era la selección de los candidatos entre las ternas presentadas y su ratificación por el Senado.

Este argumento es el que llevó al actual oficialismo a impulsar los cambios. “El anterior gobierno no pudo presentar propuestas debido a que la realización del concurso, con características muy engorrosas, hacen difícil que hoy pueda conformarse esa entidad de aplicación”, aseguró Almirón al momento de presentar su proyecto.

En la nueva propuesta, que podría ser tratada en el Senado la semana próxima, la elección de los siete miembros de la Autoridad ya no se realizará a partir de ternas surgidas de un concurso público sino que serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de la Producción, hoy a cargo de Matías Kulfas.

El proyecto del oficialismo también contempla una Autoridad Nacional de la Competencia funcionando como un organismo autártico y descentralizado, aunque no dependerá directamente del Ejecutivo sino que quedará bajo la órbita de la Secretaría de Defensa del Consumidor.

Hoy la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia depende del funcionario de turno, ya sea Guillermo Moreno, Augusto Costa, Miguel Braun o ahora Paula Español.

Menos herramientas

El proyecto para actualizar la ley de Defensa de la Competencia ya despertó alguna preocupación entre los miembros de la oposición y profesionales independientes.

“Pareciera que la estructura de autoridad de Defensa de la Competencia tiene menos herramientas para asegurar su independencia del poder político que aquella prevista en la ley vigente; en especial el concurso público y la designación escalonada de miembros”, explicó a LA NACION Agustín Agustín Waisman, director del departamento de defensa de la competencia del estudio Beccar Varela.

En forma un poco más directa, el economista Lucio Castro, señaló que los cambios que impulsa la actual administración van en contra del discurso anti-monopolios al que apela el gobierno de Alberto Fernández.

“El proyecto de ley que impulsa el Gobierno vuelve al status quo pre 2015, con una Autoridad dependiente del poder de turno y elimina el concurso público. Esto es importante porque venimos de una historia de intimidación pública en la relación con las empresas privadas, como sucedía en la época de Guillermo Moreno. Y también porque la dependencia de Defensa de la Competencia abre el camino a la captura del organismo por parte de privados”, señaló Castro, que ocupó la Secretaría de Transformación Productiva durante el gobierno de Mauricio Macri.

Antecedentes

La falta de rigurosidad en los controles en materia de competencia es un problema histórico en la Argentina. “Según un estudio del Banco Mundial (2018), la Argentina presenta estructuras de mercado con mucho mayores barreras a la competencia que otros países incluso de América Latina. Esta situación se refleja en precios de productos esenciales mucho más elevados que países vecinos, perjudicando más a las personas de menores ingresos. Más allá de la retórica anti monopolios de esa época, el estudio muestra que la Argentina prácticamente no comenzó ni finalizó investigaciones contra carteles o situaciones de colusión entre empresas post-2017, a diferencia de países como Brasil, Chile o Colombia”, aclaró el propio Castro en una serie de tuits.

La primera ley de Defensa de la Competencia data de 1980, en plena dictadura militar. Veinte años después el gobierno de Fernando de la Rúa impulsó la creación de un nuevo tribunal autártico, que nunca vio la luz. Durante los años kirchneristas se barajaron diferentes proyectos, aunque la medida más importante que se tomó en este campo fue la reglamentación de la ley de Abastecimiento, bajo la órbita de Guillermo Moreno.

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