Cómo decodificar 60 medidas económicas sin un plan



Fuente: LA NACION – Crédito: Agdamus

El paquete de 60 medidas que el Gobierno está elaborando para reflotar la actividad productiva y el empleo en los próximos meses todavía no tiene fecha de lanzamiento, pese a que ya está por cumplirse un mes desde que el presidente Alberto Fernández anticipó esa intención, luego de revelar públicamente su descreimiento en los planes económicos integrales. A confesión de parte relevo de prueba, dirían los abogados.

Aun así, en algunos despachos de la Casa Rosada adelantan varias pistas que permiten decodificar sus alcances. Por ejemplo, las medidas estarán divididas en dos partes -una de corto plazo con foco en el mercado interno y otra para promover más exportaciones a mediano plazo – e incluirán programas específicos, reanudación de obras públicas o comunitarias frenadas y proyectos de ley. Algunas ya están listas y otras en estudio del gabinete económico. Esto explica la demora, al igual que el análisis de consistencia entre unas y otras y con las proyecciones macroeconómicas (fiscales, monetarias y cambiarias), que está a cargo del ministro Martín Guzmán, antes de que cada una de las 60 medidas sean anunciadas en bloque por el propio Presidente.

No sólo por estos motivos la fecha es una incógnita. También se busca un momento apropiado para lograr un impacto positivo sobre las expectativas económicas. Difícilmente ocurra en lo que resta de este mes, en medio del preocupante aumento de la curva de contagios por el coronavirus en el conurbano bonaerense, la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA y la brecha cambiaria. Más bien habría que pensar en septiembre, ya que el 31 de agosto se conocerá la adhesión -previsiblemente alta- al canje de la deuda bajo legislación extranjera y, a partir del lunes 4, la liquidación de los nuevos bonos que cotizarán en los mercados. No obstante, esta intención de generar confianza choca contra el ensanche de la grieta política causada por la inoportunidad y características de la reforma judicial impulsada por el oficialismo en el Congreso.

Por lo que se sabe, el Gobierno apunta a aprovechar el lapso hasta que pueda aplicarse la vacuna para acelerar el rebote de la actividad económica, hasta ahora muy heterogéneo. El espíritu es volver a las fuentes de sus primeros tres meses de gestión, antes de que el shock provocado por la pandemia del Covid-19 derrumbara a la economía mundial y la extensa cuarentena hiciera lo propio con la doméstica.

Sin embargo, el punto de partida es muy diferente. El PBI cayó al 5° subsuelo en abril, luego subió hasta ubicarse entre el 2° y el 3° tras la flexibilización sui generis en el AMBA, pero todavía está lejos de volver a la frágil planta baja de mediados de marzo con dos años de recesión a cuestas, actividades paralizadas forzosamente desde entonces y rebrotes en varias provincias.

También serán diferentes los instrumentos para reactivar la economía a corto plazo mediante el impulso al consumo interno, el uso sin mayores inversiones de la capacidad ociosa en la industria (que en junio -último dato disponible- era de 46,7% frente al piso de 58% en abril) y la recuperación del empleo especialmente en la construcción, uno de los sectores más afectados por la recesión. En buena medida habrá una continuación de los actuales programas de asistencia estatal a empresas y trabajadores, algunos de los cuales serán reformulados o focalizados.

De hecho, los desembolsos del ATP-4 a los empleadores para complementar el pago de salarios acaban de ser reconvertidos en préstamos a tasas de interés subsidiadas, con una escala de 0 a 15% anual según la mayor o menor caída de facturación respecto de marzo/abril. En cambio, para las actividades más críticas – paralizadas desde entonces-, los subsidios directos vía ATP serán extendidos sin cambios hasta el 31 de diciembre. También el IFE para trabajadores informales, monotributistas, autónomos y personal doméstico será más selectivo, con las bases de datos oficiales sobre ingresos y gastos de sus destinatarios. Por lo pronto, ya se descartó la idea de que vaya a transformarse en un ingreso básico universal permanente (IBU) debido a su alto costo fiscal. A la vez, el plazo para gestionar los créditos a tasa cero para consumo (con un tope de $150.000) regirá hasta fin de septiembre.

En el gabinete económico destacan que los pedidos de empresas por ATP se redujeron de 443.000 en abril a 273.000 en julio y, junto con el decreto de doble indemnización por despido -prorrogado hasta el 7 de diciembre-, evitaron una mayor caída en el empleo registrado. Pero también es cierto que no pocas compañías optaron por darse de baja a raíz de la exigencia de no operar con dólar Bolsa o contado con liquidación (CCL) durante dos años. Para una segunda etapa, parte de los créditos ATP serán reorientados a empresas que creen nuevos empleos y tendrán garantías estatales con financiación del BID (US$500 millones). Aquí el problema es que el gobierno descarta una futura reducción de costos laborales, bajo el discutible argumento de que no necesariamente genera empleo privado.

Otro instrumento en que el Gobierno insistirá es un acuerdo formal entre entidades empresarias y sindicatos. Ya se produjo de hecho con la cuarentena, cuando la UIA y la CGT convinieron el pago del 75% del salario a trabajadores suspendidos. Luego se extendió a paritarias, con ajustes salariales inferiores a la inflación pasada y futura; o pagos de suma fija, como acaba de acordar la UOM. Ahora el objetivo oficial es evitar que el paulatino descongelamiento de precios (que arrancó esta semana con los combustibles) dispare una puja distributiva que acelere la inflación en los próximos meses, frene una gradual recuperación del salario real, que este año retrocederá 11% y también de la actividad. Aunque el Gobierno prevé mantener precios máximos para la canasta de 2000 productos de consumo masivo, con ajustes puntuales por subas de costos, la cuestión es más compleja.

El aumento de la brecha cambiaria, que ayer se elevó al 75%, presiona sobre la inflación, como lo reveló la suba de 3,9% en el índice mayorista de julio, que proyecta una suba de 3% en el IPC de agosto. Por su lado, la consultora Analytica atribuye el rebote en julio en la producción de algunos sectores (como la industria automotriz y de insumos para construcción) a la necesidad de las empresas de canalizar excedentes de pesos para recomponer stocks, en previsión de mayores costos de reposición por la brecha cambiaria. Pero lo considera transitorio, ya que luego la producción dependerá de lo que ocurra con la demanda.

En la base de la brecha está el diseño de la actual política cambiaria, que agregó al cepo el impuesto “solidario” de 30% para la compra minorista de hasta US$200 por mes y transformó la venta en el mercado paralelo en un ingreso extra o subsidio para millones de personas. Pero también los controles del BCRA a las empresas para restringir el acceso al dólar CCL y Bolsa, cuyas cotizaciones en alza pasaron a ser una referencia para fijar precios de insumos importados. Todo esto acentúa la demanda de dólares y reduce las reservas del BCRA, pese al superávit comercial y la ausencia de salida de divisas por viajes y turismo al exterior.

Esta tensión cambiaria, a la espera de que aparezca una mayor oferta en el mercado oficial, ya sea a través de la activación del swap chino o una negociación con los exportadores de granos para que prefinancien la liquidación anticipada de la próxima cosecha, complica además el diseño del conjunto de medidas para promover a los sectores con mayor potencial exportador o agregado de valor. Entre ellos, agroindustria, biogenética, medicina, economía del conocimiento e hidrocarburos. No es la única tensión. También están las diferencias entre el albertismo y el Instituto Patria sobre las tarifas y la futura política energética, que acaban de provocar el relevo del aislado Sergio Lanzani y su reemplazo por el diputado peronista neuquino Darío Martínez al frente del área que, como un laudo interno, pasará a depender del ministro Guzmán.

nestorscibona@gmail.com

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