Año político, objetivos para evitar daños



El gobierno de Alberto Fernández hará todo lo posible para ganar las elecciones y los controles sobre el sector podrían ser parte de su estrategia Crédito: CEPAL

El año político, que culminará como tal con las próximas elecciones legislativas, ya está en marcha y el día anterior a que finalizara 2020 el Gobierno mostró una carta para el sector: está dispuesto a intervenir, como lo hizo con el maíz, detrás de su objetivo de “desacoplar” los precios internos de los internacionales.

Anteayer, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, mostró otra carta: dijo que ella no descartaba una suba de las retenciones para frenar la suba de precios. En un reportaje con El Destape, además ponderó a las retenciones destacando que “son una herramienta técnica que permite desacoplar el precio nacional del internacional, para garantizar una oferta de alimentos a un precio razonable para los ingresos de las familias”.

Alguien que transita los despachos oficiales donde se toman las decisiones que impactan sobre el sector reflexionaba esta semana, antes de la frase de Todesca, que tras el fragor por el maíz el Gobierno quiere primero terminar de cerrar el esquema para que el aceite se venda a precios accesibles en el mercado local, algo que se viene negociando con los exportadores. Después, apuntó, se pondrá el foco sobre el trigo y el maíz.

“No se puede estar con todos los frentes abiertos al mismo tiempo”, contó. Esta frase podría explicar la menor carga de decibeles que tuvo la semana, al menos hasta la irrupción de Todesca. Esa misma persona que camina los despachos oficiales cuenta que, más allá del ruido, el Gobierno, tras lo que salga con el aceite, quiere un acuerdo por el trigo y el maíz. “Un acuerdo es algo que le puede servir a todos, al Gobierno, la cadena y el productor para trabajar tranquilos”, razonaba. Buscaba así despejar el fantasma de la intervención por más que se hizo carne con lo que ocurrió con el maíz.

El Gobierno, en tanto, está trabajando sobre la redacción del proyecto de ley de fomento para la agroindustria. Es lo que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había puesto sobre la mesa cuando se creó y las autoridades prometieron abordar este año en el Congreso. Sobre esto se están aguardando los detalles de la letra que escribió el Ministerio de Economía para luego hacer un análisis. Vale recordar que el CAA sostiene que, sin un costo fiscal, se podrían trabajar medidas de estímulo con estabilidad que permitan en un horizonte de 10 años a la Argentina saltar de exportaciones totales por US$65.000 millones a 100.000 millones de dólares, además de crear 700.000 nuevos puestos de trabajo.

Para la próxima semana, en tanto, se espera la concreción de una reunión del CAA con el gabinete económico. Será con toda la agenda de temas abiertos, incluyendo la ley para el sector. Por otra parte, se está trabajando para una reunión técnica de economías regionales donde se traten los temas laborales que las involucran.

Entre tanto, en medio de la relativa tranquilidad con que pasó la semana hay temas que preocupan por su falta de consideración en la agenda política, por ejemplo no haber incluido en sesiones extraordinarias la prórroga de la ley de biocombustibles a pesar de los pedidos de cámaras del sector y de diputados. Esta semana, además, la misma Legislatura de Tucumán, donde la industria azucarera y de etanol de caña es clave, se lo reclamó al presidente Alberto Fernández.

La Mesa de Enlace, por su parte, sumó la preocupación por el futuro de los tambos en un contexto donde los valores para los productores están planchados y los Precios Máximos al público del Gobierno fueron prorrogados hasta el 31 de marzo próximo. “Actualmente con los $21,36 por litro no se llega a cubrir los costos de producción, que están dolarizados en un 80%, no recibimos ningún incentivo y nuestra carga impositiva es muchísimo más alta que en el resto del mundo”, dijo la agrupación donde confluyen las entidades gremiales.

“Los productores argentinos somos los que recibimos el precio más bajo, US$0,24 por litro, muy lejos de los US$0,33 por litro históricos, que se requieren para cubrir los costos de producción medios. Nuestros competidores a nivel mundial, así como nuestro vecino Brasil, reciben hoy hasta US$0,44 por litro, con costos equivalentes y/o menores a los nuestros”, añadió.

El congelamiento de precios del Gobierno está haciendo crujir a la cadena. Mantiene en vilo a molinos harineros y productores de huevo que ven cómo se desplomó su rentabilidad frente a costos de otros insumos que siguieron en alza. Varios de ellos están a la expectativa de que la Secretaría de Comercio Interior, donde se definen estos temas, acepte revisiones para que no se siga complicando más la situación de las empresas. El panorama contrasta, por ejemplo, con los constantes aumentos de precios para los combustibles que viene habilitando el Gobierno.

En todo este contexto de un año político, electoral, donde el Gobierno usará todo lo que tenga a su alcance para ganar las elecciones (al margen de la estrategia de la oposición también para una victoria) afloran interrogantes. ¿Qué debe hacer el sector? ¿Cómo debe pararse ante esta situación? “Con este Gobierno no se puede estar con la guardia baja”, alertó en una entrevista con LA NACION Horacio Salaverri, flamante presidente de Carbap.

Hay mucho en juego para el campo y también es grande la heterogeneidad de posiciones en el Gobierno que puede inclinar la suerte de las medidas en la relación con el sector hacia un lado u otro, favorable o no,

Matías Lestani, responsable del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cree que en este año político la relación con el Gobierno es “el desafío” del sector. Sostiene que hay que buscar los canales que eviten más intervenciones y den certidumbre. Sin duda, el objetivo es un ganar ganar que supere cualquier receta del pasado.

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