Alberto Fernández supeditó el plan económico a la reestructuración de la deuda



Como no podía ser de otra manera, la crisis económica y las medidas adoptadas para enfrentarla ocuparon una parte importante del mensaje de Alberto Fernández, aunque los (pocos) anuncios incluyeron buenas intenciones, carecieron de precisiones y apuntaron al mediano plazo.

Quizás lo más llamativo es que el Presidente habló del “acuerdo” para reestructurar la deuda externa -como si ya estuviera resuelto-, a la vez que supeditó a esa instancia la difusión de los objetivos a alcanzar mediante el programa económico integral y sustentable que todavía sigue siendo una incógnita y mantiene la actividad económica en modo wait and see. Además, no mencionó la palabra default.

Los ejes principales del discurso presidencial pueden sintetizarse en los siguientes puntos, donde las definiciones más claras estuvieron en el carácter redistributivo de la política económica oficial (“primero los últimos”; “propuesta generosa” al campo para volver a subir las retenciones solo a la soja), y relegaron a segundo plano algunas omisiones, contradicciones y pistas:

1. Inflación

Alberto Fernández dijo que se trabaja para disminuir las causas macro de la inflación y en defensa del consumidor, pero criticó a los formadores de precios por “excesos preventivos” en los aumentos y prometió un seguimiento más estricto. Pero previamente había mencionado la “suspensión temporaria” de aumentos de tarifas y combustibles, que lleva a algunos sectores a cubrirse de ese factor de inflación reprimida.

Más adelante habló de la necesidad de “dejar atrás la maldita inercia inflacionaria”, en una tácita referencia a la desindexación de precios, tarifas, salarios y jubilaciones en marcha.

2. Endeudamiento estatal

Fernández proclamó el “nunca más” a un endeudamiento no sostenible y a decisiones tecnocráticas que provocaron la fuga de dólares. Esta frase involucra tanto a la flotación cambiaria y libre movimiento de capitales (con carry trade / bicicleta) del gobierno de Macri, como al FMI por haber avalado esa política previa al cepo.

Pero omite que la fuga no es un fenómeno reciente en la Argentina (durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner superó los 70.000 millones de dólares) y obedece a recurrentes medidas confiscatorias de distintos gobiernos. Habló del apoyo del papa Francisco y del Fondo Monetario Internacional a evitar un mayor ajuste, a la vez que anticipó la aprobación de una ley que evite ciclos de endeudamiento.

En realidad, buena parte de la deuda es la contracara del déficit fiscal que surge de las leyes de presupuesto votadas por el Congreso nacional. La otra opción es emitir pesos sin respaldo para comprar divisas.

Quizás los límites taxativos puedan aparecer en el presupuesto 2021, que se negociará junto con las provincias.

3. Reestructuración de la deuda

“Lo importante es que el acuerdo al que lleguemos con los acreedores se pueda cumplir”, sentenció el Presidente. No obstante, aclaró que ningún acuerdo es mágico y milagroso. “Nosotros debemos hacer nuestra parte, fijar prioridades y definir un plan de desarrollo integral para la próxima década”, que, según dijo, debería incluir como componentes una política tecnológica para el siglo XXI, productividad industrial, agenda 4.0 (robotización, inteligencia artificial, etc.) y poner en valor la industria petrolera, la minería y el campo.

4. Gas, petróleo y minería

Sin ninguna precisión, parafraseó a Arturo Frondizi al lanzar “una batalla por el gas y el petróleo” y confirmar el demorado envío al Congreso del proyecto ley para el desarrollo de los hidrocarburos y la minería (metalífera y de litio), con cadenas de valor que creen miles de empleos.

No habló de una política de Estado para Vaca Muerta ni de disponibilidad de divisas, desgravación de importaciones de equipos y estabilidad tributaria por diez años.

5. Ley de economía del conocimiento

Este último punto fue suprimido del proyecto que ya ingresó al Congreso. Fernández solo explicó que los cambios introducidos en el texto legal, sancionado por unanimidad en 2019, apuntan a la perspectiva de género y un alcance federal

6. Política industrial

La única mención fue la intención de elaborar planes estratégicos en mesas sectoriales, sin referencias explícitas a cómo mejorar la productividad y competitividad de distintas actividades. Pero en otro pasaje agradeció a los gobernadores por los cambios en el Consenso Fiscal de 2017, que, en la práctica, implican la suspensión de rebajas o aumentos en impuestos distorsivos y anticompetitivos como Ingresos Brutos y Sellos.

7. Transformaciones institucionales

Dentro de este capítulo, Alberto Fernández anunció la creación por ley del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino e introducir “un aire nuevo y renovador” en las políticas públicas. Las autoridades serán designadas con acuerdo del Senado y el Consejo estará integrado por sectores empresarios, sindicales, movimientos sociales y científicos. En principio deberían diseñar una agenda para 2020/21 con apoyo técnico de la OIT y la ONU. La duda es hasta qué punto se impulsará la innovación con dirigentes cuasi vitalicios en muchas de las entidades a convocar. Paralelamente, el Presidente rescató una iniciativa de Raúl Alfonsín (el Cuerpo de Administradores Gubernamentales) para lanzar este año el Programa de Innovadores de Gobierno y una agencia de evaluación de productividad del gasto estatal, que comenzará por proyectos financiados por organismos internacionales.

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