Agroindustria: regulaciones que afectan la eficiencia de la cadena


La cadena agroindustrial opera en forma eficiente cuando produce alimentos y materias primas al mínimo costo. Costos reducidos son una condición necesaria para la inserción en mercados internacionales y, por supuesto, para reducir el precio de los alimentos en el gasto de las familias argentinas. Libre entrada y salida a la industria resultan en una producción razonablemente atomizada, con “rentas” para los participantes en el mejor de los casos pasajeras.

En un mercado “ideal” el precio recibido por el vendedor es idéntico al pagado por el consumidor. No existen “costos de transacción” entre ambos. Si los consumidores valúan – digamos – el litro adicional de leche en $50/lt, el productor primario recibirá estos $50 menos los costos de “llevar la leche desde la tranquera a la mesa del hogar”.

A su vez, el productor (en este caso el tambero) utilizará insumos de forma tal que la última unidad de estos resulte en un aumento de ingresos igual al precio de estos insumos. El mercado equilibra correctamente la valuación que los consumidores hacen del producto, con lo que cuestan los recursos para producirlo. Esta es la condición básica de eficiencia de una economía de mercado.

La cadena agroindustrial argentina dista mucho de ese ideal. Distintos factores actúan insertando cuñas entre precios pagados y recibidos en los distintos eslabones de la misma. Esta “cascada” de ineficiencias tiene un impacto mayúsculo en la eficiencia con la cual la cadena opera.

Datos de diciembre de 2020 muestran que la mitad de los hogares argentinos tenía un ingreso menor a $50.000. Para estos hogares, los alimentos probablemente representaran 50% o más de su ingreso mensual. Todo cambio en la eficiencia de la cadena agroindustrial impacta entonces en forma positiva en el ingreso real -y por lo tanto en el bienestar- de este segmento de la población. Un trabajo realizado en la Universidad Nacional de San Martín muestra para muchos alimentos, que el precio de la materia prima juega un rol bastante menor en el precio final pagado por el consumidor.

Los impuestos, en cambio, juegan un papel relevante. Bajar impuestos resulta entonces una herramienta clave para aumentar la eficiencia de la cadena, y por lo tanto en el ingreso real de los hogares más pobres. Al impacto directo de la baja de impuestos sobre el precio de los alimentos se suma otro indirecto: expansión de la industria y por lo tanto aumento de demanda laboral, en particular para trabajadores de este sector de baja/mediana capacitación que son los que mas necesitan nuevas oportunidades de empleo.

Los impuestos no son las únicas fricciones a las que está expuesta la cadena agroindustrial. En efecto, son numerosos factores que en los últimos meses han dificultado o aún impedido el desarrollo normal de actividades. En algunos casos existen conflictos laborales: Atilra en el sector lácteo, reclamos laborales en ArreBeef, o un bloqueo gremial en una planta de Cargill.

En otros, restricciones emanadas del Poder Ejecutivo limitan la capacidad del mercado de asignar recursos. Ejemplo de estos son la política de precios máximos o la “ley de góndolas”. Estas restricciones impactan ya sea por estar en efecto, o el solo hecho de existir la perspectiva de su implementación futura.

A modo de resumen: ignorar principios económicos básicos (o peor aún, burlarse de estos) tiene costos. Estos costos muchas veces caen sobre los hogares que están en peores condiciones para afrontarlos. El dato de que 40% de la población argentina es clasificada como “pobre” es un fuerte llamado de atención. En particular, múltiples factores (entre ellos impuestos, acción gremial y política pública) frenan el potencial de la cadena agroindustrial, con claro impacto negativo tanto sobre precios de los alimentos como del potencial de la cadena de generar empleo.

El autor es profesor de la Ucema. Sus opiniones no representan necesariamente a la institución.

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