Violencia, la otra pandemia que atraviesa Rosario



Fernando Labra Hidalgo, cónsul de Chile en Rosario, fue hasta ahora la única víctima fatal por el Covid-19. Su nombre y apellido no resuena tanto como los tiros de los cortejos fúnebres de jóvenes “anónimos”, que engrosan las cifras de los muertos y que dejan atrás vidas y familias destruidas.

Rosario sufre más la pandemia de la violencia que el coronavirus. La flexibilización de la cuarentena en Rosario y la consecuente circulación de un mayor porcentaje de la población, devolvieron a la ciudad a las postales de inseguridad que llevan casi una década. Al 20 de mayo, justo 60 días de aislamiento, habían ocurrido un total de 14 asesinatos, elevando la cifra a 77 durante todo 2020. Una alza del 40% en relación al mismo periodo del año pasado.

A la “nueva normalidad” que nos impone la pandemia necesitamos acostumbrarnos, porque mientras no se encuentre la vacuna, la distancia social y las rutinas de higiene son las únicas medidas para protegernos. En el caso del narcotráfico, no debemos resignarnos a la violencia y a vivir bajo las leyes de la mafia. La vida cotidiana de nuestra ciudad no puede estar habitada por sicarios, ajustes de cuentas y ejecuciones sumarias.

Es amarga la comparación, pero en Rosario, aunque nos duela, nos acostumbramos a una normalidad impuesta a sangre y fuego por el crimen organizado, en la que no faltan ninguna de las imágenes que nos habituamos a ver en las series y películas que recrean la trama del narcotráfico: violencia en las calles, clanes familiares y complicidad por parte de quienes deberían cuidarnos.

Aquellos que piensen que esto es solo un problema de los rosarinos están peligrosamente equivocados. Es inocente pensar que si el narcotráfico puede instalarse a nivel estructural en la segunda ciudad más importante del país, el problema quedará encapsulado ahí; es lo mismo que creer que el coronavirus es hoy solo una cuestión del área metropolitana de Buenos Aires.

Al igual que con la pandemia, la coordinación con las fuerzas federales es imprescindible para abordar y atacar de manera eficiente el complejo entramado de intereses y actores que forman parte de los múltiples brazos delictivos: financieros, económicos, institucionales y sociales.

Tanto la violencia y el daño social que provoca el delito, como la emergencia a toda escala que plantea una situación de pandemia, necesitan de una serie de instrumentos comunes para ser abordadas de manera eficaz: estadísticas confiables, coordinación en todos los niveles del Estado y un acuerdo político, concreto y de mediano plazo, para encarar y sostener una reforma de base de la actual policía santafesina.

Solo a modo de ejemplo a mediados de abril nos enteramos que el “histórico e intocable” jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, administraba un número considerable de licencias de taxis municipales a través de familiares directos suyos. En la segunda ciudad del país, el servicio público de taxis es administrado, en parte, por barrabravas. ¿Es admisible?, ¿Hasta cuándo?

Dirigentes políticos, empresariales, referentes y líderes sociales tenemos la obligación de alzar la voz contra este flagelo, pero quienes fuimos electos por nuestros conciudadanos nos cabe una responsabilidad mayor. Hay muchas cosas que podemos hacer, menos callarnos. El silencio, una vez más, ayuda a apretar el gatillo. Al silencio y la impunidad no debemos acostumbrarnos, a los cuidados y las medias de protección sanitaria contra el coronavirus, sí.

Roy López Molina es abogado, escribano y vicepresidente primero del Concejo Municipal de Rosario.

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