Sobrepoblación, torturas y muerte: el delicado panorama de las cárceles federales



Jonathan Gustavo Chuliver (26) murió por las quemaduras que sufrió en un incendio en la cárcel de Devoto en abril del año pasado. En aquel momento las autoridades hablaron de un “foco ígneo”. Lo que pasó en realidad fue que dos presos prendieron fuego un colchón durante la madrugada, le causaron quemaduras a seis internos, entre ellos al que murió, y dejaron prácticamente destruido el pabellón 30.

Chuliver estaba detenido por robo agravado desde 2014 y falleció el 14 de abril de 2019 en el Hospital Zubizarreta, después de pasar tres días internado con el 50% de su cuerpo quemado. El suyo es apenas uno de los 50 nombres que hay en el listado de muertes que se registraron bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).​ Y una de las 18 catalogadas como violentas.

Los datos forman parte del “Informe Anual 2019 sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales del país” presentado esta semana por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Además de la cantidad de muertes y crímenes registrados en las prisiones nacionales, la otra estadística alarmante, y que atraviesa a todos los otros problemas que hay en las cárceles, es la sobrepoblación. La cantidad de personas privadas de la libertad en establecimientos del SPF aumentó por cuarto año consecutivo y llegó al pico de 14.067 al 31 de diciembre del año pasado. Mientras que para ese momento la capacidad de las unidades era de 12.778.

Así quedó el pabellón que se incendió en la cárcel de Devoto en abril de 2019.

“Aún hay una persistencia de violación de los derechos humanos en el sistema penitenciario a pesar de que ya se han establecido protocolos y se tomaron medidas. Ha habido un retroceso en las condiciones de trabajo en virtud de esta sobrepoblación”, dijo a Clarín el procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo.

Las cárceles federales están en “emergencia” desde el 25 de marzo de 2019, cuando fue declarada por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, por el lapso de tres años. La medida fue una respuesta a un fallo durísimo de la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones que sentenció que, salvo excepciones, las condiciones de las prisiones del SPF “no son aptas para la condición humana”. Y definió la situación penitenciaria como “paupérrima”. En el momento del fallo la población era de 13.574.

Sobrepoblación en la Unidad N° 28 del Servicio Penitenciario Federal en Tribunales, en febrero del año pasado.

Según las estadísticas recopiladas por la PPN, desde 2010 la población penitenciaria creció el 47,7%. Mientras que el incremento de la cantidad de plazas en el mismo período fue de 21,33%. El año en que la cantidad de presos superó la capacidad de alojamiento fue 2017.

En ese contexto, el año pasado fue uno de los que registró más muertes bajo custodia del SPF en la última década.

Claro está que esa es la foto al 31 de diciembre de 2019. Hoy con el coronavirus el país es otro y las cárceles también. En los registros oficiales del SPF la sobrepoblación ya no existe. Los datos de este viernes arrojaban que hay alojados en las unidades penitenciarias nacionales 11.730 presos (10.786 hombres, 631 mujeres y 26 trans) sobre una capacidad de 12.198. Son 2.337 personas menos en las cárceles, respecto al último día del año pasado,

Eso no significa que el problema de la sobrepoblación se haya solucionado, ya que en la PPN estiman que unos 2.000 detenidos fueron alcanzados por las acordadas de las cámaras de Casación nacional y federal ante el coronavirus y ahora están con prisión domiciliaria. Pero cuando la pandemia termine, tendrán que volver a las cárceles y, de acuerdo a las proyecciones, otra vez están por sobre su capacidad.

Además de las malas condiciones habitacionales, la principal consecuencia de la superpoblación es que conspira contra la función de generar un cambio en el modelo de vida de las personas que cometieron un delito.

En ese sentido, Mugnolo ejemplificó: “En algunas unidades el tramo educativo es una semana sí y dos no porque no hay capacidad para que todos asistan a clases”, dijo.

El procurador Penitenciario de la Nación Francisco Mugnolo. (Gerardo dell’Oro)

Y, por otro lado, advirtió sobre el deterioro de las relaciones de los presos con sus familias al ser trasladados arbitrariamente a penales lejanos a su lugar de origen. “Al que vive en Buenos Aires lo mandan a Jujuy y al de Jujuy a Tierra del Fuego”, dijo. El diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la política de traslados de la Argentina vulnera derechos humanos y emplazó al país a resolver la situación en una año.

Morir en la cárcel

El informe señala que entre 2009 y 2019 se produjeron 475 fallecimientos intra muros, lo que equivale a un promedio anual de 43,2 casos. El 2019 fue uno de los tres períodos en los que se superó la media.

El registro más alto se dio en 2012 cuando hubo 56 muertes, de las cuales 25 fueron violentas. Los dos penales con más muertes violentas en la última década son Ezeiza y Marcos Paz, con once cada uno, y le siguen la Unidad 21 de Enfermedades Infecciosas y Devoto, con 6.

La novedad es que el año pasado fue récord en cantidad de homicidios desde la aplicación del “Procedimiento de la PPN” en 2019. De los 18 fallecimientos clasificados como “violentos”, 12 de ellos fueron asesinatos, 3 suicidios y 2 por “autoagresiones en el marco de medidas de fuerza”.

Los casos de tortura y maltratos son otro de los ejes principales del informe sobre los derechos humanos en las cárceles. El año pasado, la PPN relevó 427 episodios. De ellos 390 fueron de violencia física y 37 de amenazas graves u hostigamientos. En ese total, varios de los hechos combinan distintos tipos de maltratos y torturas y también aislamientos prolongados en los denominados “buzones” y nula alimentación.

Solo el 41% de las víctimas se animó a hacer una denuncia penal por las agresiones sufridas por parte de los guardiacárceles. Y aún así, en la Procuración reconocen que los 427 casos relevados no representan el total ya que muchos no se animan a denunciar.

El dato alentador es que los casos de maltratos y torturas fueron bajando progresivamente desde el pico de 820 casos registrado en 2014.

“Eso es un buen fenómeno, a pesar de la sobrepoblación”, dijo Mugnolo a Clarín. “Tiene que ver con que el Poder Judicial dictó sentencias durísimas contra los penitenciarios por violación de los derechos de las personas. Dio por primera vez condenas de perpetua que conmocionaron”, explicó sobre la tendencia a la baja.

Igual, Mugnolo remarcó que por la pandemia, algunos presos “están peor que antes” y ejemplificó casos de medidas de aislamiento mal implementas en Chaco, o excesos por parte de la Justicia de San Martín que “serán denunciados”.

“Al SPF le cuesta arrancar a transformarse. Hay una cierta trama de gente joven que está más propensa en ejercer la tarea más apegada a los derechos humanos pero es muy poco porque la corporación es muy fuerte y al que respeta los derechos humanos lo tratan de traidor o blando”, afirmó Mugnolo, y advirtió también sobre la situación en las comisarías, que en la práctica también funcionan como lugares de detención: “Ahí no sabemos lo que pasa. No sale en la estadística. Nosotros empezamos a recorrer las comisarías y en algunas jurisdicciones están en una situación espantosa”.

La crisis carcelaria recrudeció con la pandemia del coronavirus y derivó en protestas en distintos penales del país. Uno de los más importantes fue en la cárcel de Devoto​, donde los internos se subieron a los techos, hubo un incendio y enfrentamientos con los guardiacárceles. La PPN denunció que dos presos resultaron heridos con balas de plomo.

Después de ese motín, el director del SPF, Emiliano Blanco, presentó su renuncia. En junio, el Gobierno nombró como interventora a la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori.

“Todos han dicho que van a tratar de mejorar la situación de las cárceles y la verdad es que se han ido siempre en buenas intenciones. Una vez más tengo expectativas de darles todo el apoyo para tener la posibilidad de hacer ciertos cambios. Es muy difícil, mirá lo que le pasó a Víctor Hortel con la fuga”, dijo Mugnolo y recordó el episodio en el que 13 presos se escaparon del penal de Ezeiza en 2013, lo que derivó en la renuncia del entonces director.

“Hay una situación que yo no se la regalo a nadie. Tengo mucha confianza. Siempre a las personas al inicio hay que darles tiempo para que puedan trabajar”, consideró el procurador.

GL

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