Reforma judicial: el Gobierno podrá nombrar el doble de jueces y fiscales de los que hoy existen



Si el Congreso aprueba la reforma judicial con las modificaciones que le introdujo la mayoría K del Senado, el Gobierno podrá nombrar unos 600 jueces, fiscales y defensores oficiales federales. Como en Argentina actualmente hay poco más 600 cargos judiciales, duplicará las vacantes existentes.

La cifra surge de sumar los 316 nuevos cargos de jueces, fiscales y defensores en la justicia federal, los 134 concursos de jueces en trámite en el Consejo de la Magistratura, y los 153 pliegos enviados por el Gobierno y 70 vacantes.

Se trata de una cifra de magistrados que ningún gobierno de la democracia pudo nombrar y “la acumulación de un poder enorme”, destacaron las senadoras de Juntos por el Cambio, Laura Machado y Silvia Giacoppo y el diputado del mismo frente, Pablo Tonelli consultados por Clarín. Para Machado serán tantas designaciones como los que hizo Fujimori en Perú o Chávez en Venezuela.

A esa dimensión de la “reforma”, se suman los problemas presupuestarios, edilicios y la designación de jueces subrogantes hasta que se terminen los concursos para nombrar titulares que suelen durar no menos de dos años. Para Machado el dictamen del Frente de Todos fue “fantasma” durante 24 horas para permitir ir sumando más cargos a medida que se “conseguían compromisos de votos, sin criterios judiciales”.

La senadora Laura Machado adelantó el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto.

El dictamen de comisión se firmó en una semana en que Cristina Kirchner accionó, como un tornado, su ofensiva sobre la Justicia. Por un lado, sus senadores pusieron en marcha el proceso de revisión de los traslados de los miembros de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bertuzzi, y Pablo Bruglia, quienes confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Por otro, empezó a cambiar la composición del jury de enjuiciamiento de fiscales para tratar de destituir al Procurador General provisorio, Eduardo Casal, entre otras medidas. Como adelantó Clarín puso a Héctor Recalde en ese jury.

La senadora por Jujuy Giacoppo denunció que se llegó a aquella cifra porque esta semana en el Senado hubo “un mercado persa de negociación de votos con los gobernadores” y Machado dijo que “hubo compra de voluntades”. De los 324 cargos que creaba el proyecto original del Gobierno se pasó a otro que crea 635 cargos, la mayoría en las provincias. Esta última cifra incluye a los jueces y también a los secretarios.

La semana próxima, el Frente de Todos podrá su dictamen a votación en el Senado, donde con el apoyo de los gobernadores, cuenta con votos para sancionarlo y mandarlo luego a la cámara de Diputados.

Sesion en el Senado de la Nacion, antes del coronavirus, con la participación de la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo. Foto. Maxi Failla

Además, al proyecto original del Gobierno se incluyó en el dictamen del Frente de Todos la creación de cámaras de apelaciones o tribunales orales en Catamarca, Salta y Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Formosa, San Luis, Chaco, Mar del Plata y Corrientes. Estas nuevas unidades tendrán en total, desde jueces hasta ordenanzas, 635 nuevos cargos. Algunos tribunales de apelaciones eran necesarios como, por ejemplo los de Rosario y Santa Fe, por el fenómeno del aumento del narcotráfico, pero una cámara federal completa para Formosa “no se justifica” por su bajo nivel de juicios.

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Para la senadora Machado (Juntos por el Cambio, Córdoba) esos cargos “reforzarán el feudalismo judicial en algunas provincias, como Formosa, donde el gobernador Insfrán ya controla la justicia provincial y ahora tendrá una parte de la federal”. Para Machado, el kirchnerismo consiguió votos en el Senado también gracias “al festival de obras públicas para las provincias”.

Los cargos de jueces, fiscales y defensores deberán ser concursados en el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público Fiscal, pero las 319 vacantes de secretarios, oficiales, auxiliares y maestranzas “buscarán que sean para familiares y amigos de los gobernadores y senadores”, advirtió el diputado Tonelli.

Además, Machado señaló que concursarán esos cargos apenas tengan el “crédito presupuestario asignado” para el puesto, sin esperar a tener edificios, equipos y todo lo necesario para que funcione un juzgado. Por ejemplo, el juzgado federal de Moreno se creó hace años en los papeles pero, hasta ahora, no se lo constituyó pese a que es una zona con muchos juicios.

En el dictamen de mayoría del Senado, también a diferencia con el proyecto del Gobierno, “crea grandes estructuras”. Puso como ejemplo, la promesa de crear secretarías de Protección de los Consumidores y el Medio Ambiente dentro de juzgados federales de La Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, Paraná y Morón. “Esto es una locura jurídica porque los derechos de los consumidores son materia la justicia ordinaria no de la federal”, explicó Machado.

El aumento de cargos no tuvo, hasta ahora, una debida búsqueda de fondos para financiarlos. “Es todo tan empírico que el oficialismo primero hablaba de 1.936 millones más y ahora habla de 3.600 millones pero nadie sabe a ciencia cierta la cifra real”, dijo Giacoppo.

El otro gran problema del dictamen es cómo nombrar los jueces subrogantes o suplentes. Para los 23 nuevos juzgados federales porteños, el proyecto del Gobierno estipula que los jueces subrogantes serán propuestos por la Cámara Nacional de Casación Penal –donde el kirchnerismo tiene jueces afines- y no la Federal al Consejo de la Magistratura de la lista de jueces de instrucción que se ofrecieran.

Para cubrir 316 nuevos cargos de jueces, fiscales y defensores con titulares harán falta por lo menos dos años de concursos y mínimos consensos con la oposición. “Tendremos subrogantes que no son subrogantes y esto será de una nulidad plena y absoluta porque será como una corte especial armada violando todos los tratados internacionales del debido proceso, de la designación de jueces y del juez natural”, advirtió Giacoppo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Ángeles Sacnun, dijo que el dictamen aprobado “no fue a libro cerrado sino un consenso de trabajo” luego de escuchar a la oposición, constitucionalistas y representantes de ONGs.

Sin embargo, el Congreso “no consultó” a la llamada subcomisión del Mapa Judicial del Consejo de la Magistratura sobre las estadísticas que reflejan la cantidad de juicios abiertos en cada provincia para decidir dónde eran necesarios nuevos tribunales federales, confirmó a Clarín el consejero Juan Pablo Mas Vélez. 

En este sentido, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Marcelo Gallo Tagle, dijo a Clarín que en los últimos años su entidad presentó al Congreso “decenas pedidos” de creación de juzgados al Congreso en base a esas estadísticas, pero ninguno fue aceptado.

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El procedimiento en la Magistratura para opinar a favor de la creación de un tribunal requiere de la elaboración de informes sobre el índice de litigiosidad que debería soportar el tribunal a crearse, el costo de financiamiento del nuevo organismo y la cantidad de justiciables que debería atender el nuevo organismo. Nada de esto se hizo para la firma del dictamen.

Por otra parte, Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, dijo que la actual estructura judicial está en crisis y con falencias presupuestarias. Por ejemplo, esta semana se quemó el Tribunal Oral 13. Piumato reclamó la declaración de la emergencia judicial por el estado de los tribunales y un “plan estratégico, no parches”, como la reforma judicial. Por eso, Piumato llamó a un paro y desconexión nacional a internet de los empleados para el 25 de agosto.

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