Protestas en Perú y la caída del presidente: la clase política se metió con la generación equivocada



Acaso como en el estallido social en Chile, cuando una marea de jóvenes nacidos en democracia y que no le tenía miedo ni a los carabineros ni a la represión salieron a las calles para dejar al descubierto las injusticias del “modelo”, las protestas en Perú que forzaron la salida del oscuro e ilegítimo presidente Manuel Marino surgieron de una generación que aún no había nacido cuando Alberto Fujimori protagonizó el autogolpe de abri de 1992 y recién llegaba al mundo cuando huyó al Japón, en noviembre del 2000, envuelto en el oprobio de las denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El tema no es la defensa acérrima del presidente destituido Martín Vizcarra, un político de provincia que desde que llegó a la presidencia en marzo de 2018 con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, gozó de altísimos niveles de popularidad por su declamado combate a la corrupción y un manejo sensato -dadas las condiciones del país- del manejo de la crisis del coronavirus.

Los seis dias ininterrumpidos de protestas callejeras en Lima y en las grandes ciudades se explican, más bien, por el rechazo de esa generación de jóvenes a la clase política tradicional enquistada en un Congreso con feroces índices de desaprobación, que en una maniobra turbia destituyó a Vizcarra por “incapacidad moral” a raíz de denuncias no aún comprobadas de corrupción cuando fue gobernador en el año 2014. Un presidente que terminaba su mandato en julio próximo y que, una vez sin la inmunidad del cargo, debía enfrentar las acusaciones en la Justicia.

Es el repudio a un Congreso, además, que con esa maniobra de destitución intentaba protegerse de sus propias miserias en materia de corrupción: 68 de los 130 congresistas tienen cuentas pendientes con la Justicia y temían -con razón- una ofensiva del gobierno para que muchos de ellos terminaran en la cárcel.

La aparente legalidad de su destitución -aunque aún está en discusión en el Tribunal Constitucional si es válida la figura de “incapacidad moral- no implica legitimidad, mucho menos para una sociedad como la peruana cansada de una clase política que en su gran mayoría defiende solo intereses sectoriales y, más indignante aún, sus negocios particulares.

Desconectados de la realidad y más preocupados por proteger sus intereses, no comprendieron que estos jóvenes son de una generación que se informan, coordinan y convocan por redes sociales, llegan en bicicleta, invocan cómics en sus carteles, tienen menos de 30 años y especialmente rostro de mujer: son miles los que defienden la institucionalidad democrática y que marcharon bajo una consigna inequívoca:  “Se metieron con la generación equivocada”.

“Ante una movilización masiva, descentralizada, joven y feminizada, sin líderes ni programas expresos salvo la defensa de los mínimos estándares democráticos y el rechazo ante la política peruana tradicional asentada en el “interés personal, el clientelismo, la corrupción, la mentira evidente, las componendas y el abuso”, el Congreso no midió las consecuencia de su decisión y el gobierno de Manuel Merino no supo cómo reaccionar, explicó a la agencia EFE la profesora de la Universidad del Pacífico, Paula Muñoz.

O reaccionó como aquel Fujimori del año 2000 antes de fugarse y ante la contundencia de la la “Marcha de los cuatro Suyos”: represión y muerte. Ese combo que como entonces pretendía intimidar (con carros militares en las calles y policías de civil) no solo no intimida sino que potencia las fuerza de las convocatoria a las calles.

“No entienden que el mundo ya cambió, son políticos del siglo pasado. El motor de las protestas son las generaciones de las redes sociales, que se expresan y organizan de forma rápida, descentralizada, en un entorno que Merino y su gente no conoce para nada y que además son las que canalizan esta crisis a falta de espacios como partidos o la sociedad civil”, según Muñoz.

La renuncia de Merino descomprime la situación, pero ahora habrá que ver qué decide el Congreso sobre la sucesión: quien asuma en el Palacio de Pizarro deberá ser una figura transparente, que brinde confianza, de consenso pleno y, tal vez, que sea uno de los 15 congresistas que rechazaron la vacancia de Vizcarra.

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