Mariana Mazzucato. El Covid, una enfermedad del Antropoceno



A medida que el Covid se extendía a principios de este año, los gobiernos introdujeron diversas formas de encierro y aislamiento para evitar que la emergencia de salud pública se saliera de control. En un futuro próximo, el mundo puede necesitar recurrir de nuevo a los bloqueos, esta vez para afrontar una emergencia climática.

Las bruscas alteraciones en los hielos árticos, los incendios forestales furiosos en estados del oeste de EE.UU. y otros lugares y las fugas de metano en el Mar del Norte son todos signos de advertencia de que nos acercamos a un punto crítico del cambio climático, en el que proteger el futuro de la civilización requerirá intervenciones drásticas.

Bajo un “bloqueo climático”, los gobiernos limitarían el uso de vehículos privados, prohibirían el consumo de carne roja e impondrían medidas extremas de ahorro de energía, mientras que las empresas de combustibles fósiles tendrían que dejar de hacer perforaciones. Para evitar ese escenario, debemos revisar nuestras estructuras económicas y hacer capitalismo de una manera diferente.

Muchos piensan que la crisis climática es distinta de las crisis sanitarias y económicas causadas por la pandemia. Pero las tres crisis –y sus soluciones– están interconectadas.

Incendios en California. Foto: JOSH EDELSON / AFP

El Covid es en sí mismo una consecuencia de la degradación ambiental: un estudio reciente lo denominó “la enfermedad del Antropoceno”. Además, el cambio climático exacerbará los problemas sociales y económicos puestos de relieve por la pandemia. Entre ellos figuran la capacidad menguante de los gobiernos para encarar las crisis de salud pública, la capacidad limitada del sector privado para soportar una perturbación económica sostenida y la desigualdad social generalizada.

Estas deficiencias reflejan los valores distorsionados que subyacen en nuestras prioridades. Por ejemplo, exigimos más a los “trabajadores esenciales” (entre ellos enfermeras y enfermeros, trabajadores de supermercado y repartidores) mientras que son a quienes menos les pagamos. Sin un cambio fundamental, el cambio climático agravará estos problemas.

La crisis climática es también una crisis de salud pública. El calentamiento global hace que el agua potable se degrade y permite que prosperen las enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación. Según algunas proyecciones, 3.500 millones de personas en todo el mundo vivirán en un calor insoportable para 2070.

Abordar esta triple crisis requiere reorientar la gobernanza corporativa, las finanzas, las medidas políticas y los sistemas energéticos hacia una transformación económica ecológica. Para lograrlo es necesario eliminar tres obstáculos: las empresas que están dirigidas por los accionistas en lugar de por las partes interesadas, las finanzas que se utilizan de manera inadecuada e inapropiada, y el gobierno que se basa en un pensamiento económico obsoleto y supuestos erróneos.

La gobernanza de las empresas ahora debe reflejar las necesidades de los interesados en lugar de los caprichos de los accionistas. Construir una economía inclusiva y sostenible depende de la cooperación productiva entre los sectores público y privado y la sociedad civil. Esto significa que las empresas deben escuchar a los sindicatos y a las agrupaciones de trabajadores, los grupos comunitarios, los defensores del consumidor y otros.

En ese sentido, la asistencia del gobierno a las empresas debe consistir menos en subsidios, garantías y rescates financieros y más en la creación de asociaciones. Esto significa imponer condiciones estrictas a cualquier rescate empresarial para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de forma productiva y genere un valor público a largo plazo y no beneficios privados a corto plazo.

En la crisis actual, por ejemplo, el gobierno francés condicionó sus rescates a Renault y Air France-KLM a compromisos de reducción de emisiones de carbono. Francia, Bélgica, Dinamarca y Polonia negaron ayuda estatal a cualquier empresa domiciliada en alguno de los que la Unión Europea considera paraísos fiscales y prohibieron que los grandes beneficiarios pagaran dividendos o recompraran sus propias acciones hasta 2021. Asimismo, no se permitió que empresas estadounidenses que recibían préstamos del gobierno a través de la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES) utilizaran esos fondos para la recompra de acciones.

LA EMISION DE DIOXIDO DE CARBONO AUMENTO 5% DESDE 2008.

Estas condiciones son un comienzo, pero no lo suficientemente ambiciosas, ni desde el punto de vista climático ni en términos económicos. La magnitud de los paquetes de ayuda pública no se corresponde con las exigencias de las empresas y las condiciones no siempre son jurídicamente vinculantes: por ejemplo, la política de emisiones de Air France sólo se aplica a vuelos nacionales cortos.

Se necesita mucho más para lograr una recuperación ecológica y sostenible. Por ejemplo, los gobiernos podrían utilizar el código fiscal para desalentar a las empresas a utilizar ciertos materiales. También podrían introducir garantías de empleo a nivel empresarial o nacional para que no se desperdicie o se erosione el capital humano. Esto ayudaría a los trabajadores más jóvenes y más viejos, que han sufrido de manera desproporcionada la pérdida de puestos de trabajo debido a la pandemia, y reduciría las probables perturbaciones económicas en regiones desfavorecidas que ya están padeciendo declive industrial.

Las finanzas también necesitan arreglo. Durante la crisis financiera mundial de 2008, los gobiernos inundaron los mercados con liquidez. Pero debido a que no la canalizaron hacia buenas oportunidades de inversión, gran parte de esa financiación terminó de nuevo en un sector financiero inadecuado para este propósito.

La crisis actual constituye una oportunidad para aprovechar recursos financieros de manera productiva con propósito de impulsar crecimiento a largo plazo. La financiación paciente, a largo plazo, es clave, porque un ciclo de inversión de 3 a 5 años no se ajusta a la extensa vida útil de una turbina eólica (más de 25 años), ni fomenta la innovación necesaria en e-movilidad, el desarrollo de capital natural (como los programas de reforestación) oen infraestructura ecológica.

Algunos gobiernos ya han puesto en marcha iniciativas de crecimiento sostenible. Nueva Zelandia ha elaborado un presupuesto basado en la medición “del bienestar” en vez del PBI, para adaptar el gasto público a objetivos más amplios, mientras que Escocia ha creado el Banco Nacional Escocés de Inversión, destinado a misiones concretas.

Junto con la conducción de las finanzas hacia una transición verde, tenemos que hacer responsable al sector financiero de su impacto ambiental a menudo destructivo. El banco central holandés estima que la huella de biodiversidad de las instituciones financieras holandesas representa una pérdida de más de 58.000 kilómetros cuadrados de naturaleza en estado puro, superficie 1,4 veces mayor que la de los Países Bajos.

Dado que los mercados no liderarán una revolución verde por sí solos, la política gubernamental debe orientarlos en esa dirección. Esto va a requerir un Estado emprendedor que innove, asuma riesgos e invierta junto con el sector privado. Por lo tanto, los encargados de formular políticas deberían rediseñar los contratos de adquisición para alejarse de las inversiones de bajo costo de los proveedores actuales y establecer mecanismos que “atraigan masivamente” innovación por parte de múltiples actores para alcanzar objetivos ecológicos públicos.

Los gobiernos también deben adoptar un enfoque integral acerca de innovación e inversión. En el Reino Unido y Estados Unidos, una política industrial más amplia sigue apoyando la revolución de la tecnología de la información. De forma análoga, el Pacto Verde Europeo, Estrategia Industrial y el Mecanismo de Transición Justa, instituciones todas de la Unión Europea recientemente puestas en funcionamiento, están actuando como motor y brújula del fondo de recuperación “UE de la próxima generación”, de 888.000 millones de dólares.

Mariana Mazzucato Foto: Isabella de Maddalena/The New York Times

Por último, necesitamos reorientar nuestro sistema energético en torno a la energía renovable, antídoto contra el cambio climático y clave para que nuestras economías sean seguras desde el punto de vista energético. Por lo tanto, debemos desalojar de los negocios, las finanzas y la política los intereses de los combustibles fósiles y el cortoplacismo. Las instituciones financieramente poderosas como los bancos y las universidades deben despojarse de las compañías de combustibles fósiles. Mientras no lo hagan prevalecerá una economía basada en el carbono.

La ventana para lanzar una revolución climática –y lograr en el proceso una recuperación del Covid-19 inclusiva– se está cerrando rápidamente. Debemos actuar con prontitud si queremos transformar el futuro del trabajo, el tránsito y el uso de energía, y hacer realidad el concepto de una “buena vida ecológica” para las generaciones venideras. De una forma u otra el cambio radical es inevitable; nuestra tarea es asegurarnos de lograr el cambio que queremos, mientras aún tenemos la opción.

©Project Syndicate. Traducción: Román García Azcárate

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