Marcha atrás en la apertura de la frontera entre San Luis y Córdoba



La semana pasada, la novela de desencuentros entre las provincias de San Luis y Córdoba por la rigidez con que el gobierno puntano cerró sus fronteras durante la cuarentena pareció llegar a un desenlace. Pero fue un amague, hoy la solución parece estar más lejos que antes.

“Pensábamos que esta complicación iba a terminar rápido. Pasamos toda la cosecha acomodándonos, armamos un equipo de gente en San Luis y pudimos acomodar las herramientas para que los contratistas estuvieran allá desde temprano. Pero vemos que se está prolongando, ya terminó la trilla y se nos viene la siembra, y nos está obligando a tener doble equipamiento de un lado y del otro”, describe preocupado, en diálogo con Clarín Rural, Guillermo Baudino, un productor cordobés que trabaja campos en ambos lados de la frontera interprovincial.

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La ilusión de muchos productores cordobeses con campos en San Luis brilló durante un momento, el miércoles pasado, ante la sentencia del Juzgado Federal de Río Cuarto, que tras un recurso de amparo presentado en forma conjunta por la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Asociación Fomento Rural Pueblo Torres de Vicuña Mackenna, la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero Nº 158 de Achiras resolvió dar curso a una medida cautelar innovativa ordenando al Gobernador de San Luis “que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional Nro. 8, Ruta Provincial Nro. 30 y los respectivos caminos vecinales”.

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Según la sentencia, ante la ausencia de caso sospechoso o confirmado la autoridad puntana debería abstenerse de restringir el ingreso, permanencia y egreso de los ciudadanos que acreditasen condición para circular en el marco de la norma nacional vigente y en tanto demostrasen puntos de conexión con la vecina localidad referidos a propiedades, razones laborales, relaciones familiares, y/o actividades exceptuadas que requieran de su circulación hacia la provincia de San Luis.

Pero tan solo unas horas después de la medida del juzgado de Río Cuarto, el magistrado federal se San Luis Juan Esteban Maqueda hizo lugar a una acción declarativa de certeza interpuesta por el gobierno de San Luis “para que se respeten todas las medidas sanitarias y los protocolos de ingreso, egreso y circulación en la provincia”. Es decir, no habría liberación de rutas y caminos y se mantendría el protocolo definido por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá desde el comienzo de la pandemia, que incluye una cuarentena de 14 días para cualquiera que desee ingresar a la provincia y el hisopado con costo a cargo de quien quiere ingresar.

“Lo que perdimos es la previsibilidad y tranquilidad con la que se maneja el agro. Hay que planificar, pensar qué tecnología usar, armar logísticas, preparar equipamiento, invertir en tecnología. Se nos viene la siembra encima y nos está complicando desde ese punto de vista. Hay campos alquilados, hay que pagar arrendamientos, comprar insumos, y no sabemos si llegado el momento vamos a poder ingresar las herramientas e insumos que hacen falta para sembrar”, dice Baudino.

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El último capítulo de la historia, que viene a complicar más la cosa, es el retroceso de San Luis a la fase 1 de cuarentena tras haber gozado durante varias semanas de la flexibilización, debido a que se detectó un nuevo caso positivo en la provincia. Y para colmo, se trata de un tambero de 35 años de la localidad de Tilisarao, cerca de la frontera con Córdoba, que viajó por San Luis vendiendo sus productos y que se sospecha que podría haber traspasado ilegalmente la frontera hacia Córdoba o La Pampa.

“Veremos cómo se va dando, estamos tratando de adaptarnos a los protocolos que la provincia exige pero cada vez son más cosas. Ahora no podemos entrar a cargar si no declaramos todos los datos de los transportistas, de los campos y las ubicaciones geoposicionales, los permisos de circulación de la gente que está de aquel lado… Hay que ver qué más nos piden, pero ya estamos al límite y preocupados”, concluye el productor cordobés.

Ahora, el conflicto limítrofe podría llegar a la Corte Suprema. Y mientras tanto, arrastrar contratiempos y rencores en cientos de trabajadores y productores que necesitan transitar libremente entre provincias para el desarrollo de sus actividades.

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