Marcelo Sain: “Vamos a reformar la policía de Santa Fe, esta estructura es de los años ’50”



Un escándalo por corrupción judicial volvió a poner a Santa Fe en el centro de la escena por la connivencia entre organizaciones criminales y el poder. Esta vez, dos fiscales terminaron presos acusados de cobrarles coimas a un empresario del juego. Detrás del caso aparece la sombra de Los Monos y todo parece indicar que habrá más sorpresas.

“Empieza a ponerle luz a algo que sospechábamos y que evidentemente favorece y facilita la expansión del crimen que yo siempre llamo ‘regulado estatalmente’”, dijo a Clarín el ministro de Seguridad de esa provincia, Marcelo Sain.

En una entrevista, el funcionario habló sobre la política que llevarán adelante para bajar los homicidios en Rosario y Santa Fe y los proyectos de ley de seguridad pública y de la reforma estructural de la policía.

–¿Qué opina sobre este escándalo de corrupción que involucra a la Justicia con el crimen organizado?

–Nosotros planteamos desde que llegamos al gobierno que la criminalidad más compleja de la provincia no se podría explicar sin la protección estatal. Siempre estuvo más o menos confirmada en un primer escalón a través de las estructuras policiales que regulan o eran conniventes con eso. Esto se vio en el juicio contra Los Monos y el año pasado una secuencia de imputaciones que llevamos adelante contra el clan Alvarado, que era una organización criminal, con una fuerte protección policial, y otros grupos más acotados pero importantes como el clan Cano también. Pero siempre hubo una sospecha de cierta connivencia de sectores de la justicia por desidia, delegación o complicidad con estos emprendimientos. El Gobierno respaldó fuertemente el accionar de los fiscales no obstruyendo ninguna investigación y aportando los recursos que necesitaran.

–Un fiscal general involucrado es ir demasiado alto en la escala de poder.

–Que al fiscal general de Rosario se le haya constatado por lo menos en un grado de certeza importante la participación de delitos en el desempeño de sus funciones es de una relevancia enorme. Para nosotros es satisfactorio esto porque empieza a ponerle luz a algo que sospechábamos y que evidentemente favorece y facilita la expansión del crimen que yo siempre llamo “regulado estatalmente” y además se condice con algo que dijo el gobernador (Omar Perotti) cuando asumió en la asamblea legislativa: se acabó la gobernabilidad del crimen a través del pacto político mirando hacia otro lado. Las estructuras policiales que sí tenían un vínculo mucho más directo con estas cuestiones se acabaron.

–Es difícil de pensar en el nivel de impunidad de organizaciones como Los Monos sólo con la complicidad de la Policía. Estos fiscales cayeron por pedirle coimas a un empresario del juego. ¿Hay más funcionarios judiciales bajo sospecha?

–Este caso puntual comienza con la balacera en enero contra el City Center que lleva al asesinato de una de las personas que estaban en el casino. La investigación llega a un segundo nivel cuando se identifica quiénes fueron los responsables de este homicidio que era un apriete extorsivo hacia las autoridades del casino. Ya no son Los Monos tal como la organización que fue condenada en aquel entonces sino que es el “Guille” Cantero que opera desde la cárcel de Marcos Paz. “Guille” Cantero montó un gran sistema de extorsión con los empresarios “a la siciliana”. Y a partir de esa investigación llegamos a Leonardo Peiti y a un staff de gerenciadores del mundillo del juego clandestino. Peiti fue víctima de una extorsión ordenada por “Guille” Cantero y, para poder sacarse de encima la extorsión, abrió parte del negocio del juego clandestino hacia ellos. Después hubo una suerte de connivencia entre Peiti y el grupo de “Guille” Cantero y eso pretendió ser prohijado bajo la protección de estos dos fiscales, Serjal y Ponce Asahad, o sea que en el fondo si ellos pensaban que lo que estaban haciendo era transaccionar con empresarios del juego, Los Monos se les metieron en el medio.

–¿Qué más destapó esta investigación?

–A partir de este hecho estamos viendo otro otro tipo de connivencia. La trama de juego clandestino va desde el sur de la provincia. Hay una causa importante en Venado Tuerto, en Melincué, por asociación ilícita, que le reprocha a Peiti formar parte de lo mismo. Quizás hay participación de algún dirigente político, funcionario o legislador. También empieza a haber en la zona de Rafaela. El fin de semana se han llevado adelante procedimientos muy importantes de gerenciadores del juego clandestino históricos que sería impensable que puedan funcionar sin la protección policial y sin la connivencia de la justicia provincial del lugar. También hay causas en la ciudad de Santa Fe vinculadas a este mundillo. Frente a esos hechos, estamos juntando todo y llevando adelante una megacausa. Hay un entrelazamiento entre el mundo del crimen más duro, de sangre, y este tipo de delitos que no son de sangre pero que van fagocitando de cierta manera niveles y nichos importantes.

–¿Y hasta dónde puede llegar?

–Esta investigación va a tener un capítulo importante que es la protección policial de esto. Lo importante es que empezamos por los fiscales. No se corta el piolín por el lado más delgado. Se empezó por lo que nunca se había empezado y hay que destacar que los fiscales que imputan al fiscal regional eran subordinados de él.

–Hace años se habla de connivencia policial, ahora de la Justicia, pero es imposible pensar que todo esto no podría pasar sin complicidad política. ¿Desde la política van a mirar hacia adentro del poder político?

–Hasta ahora hay un lazo bastante indirecto. La política va desde la vista gorda porque no quiere problemas hasta la connivencia más directa. No tanto de manera inmediata con el mundo criminal sino con sectores policiales que evidentemente han regenteado el mundillo criminal, negocios criminales. Ahí sí, a cualquier funcionario gubernamental le puede pasar que designa un jefe policial que después establece negociaciones con el mundo criminal, connivencias, transacciones, cruces de favores, todo el combo que implica. Eso le puede pasar a cualquiera. El problema es que no puede pasar mucho tiempo. Si pasa mucho tiempo quiere decir que no estás controlando lo que estás conduciendo y se da una situación de connivencia política aunque no participes en la repartija. Eso ha pasado mucho acá porque hay notorios jefes policiales que durante mucho tiempo ocuparon roles de mandos superiores centrales y participaban de la regulación del narcotráfico. Con el Gobernador estamos dispuestos a ir a fondo. Él siempre me ha dicho dos frases: “a fondo” y “nosotros no vinimos a este gobierno a hacer lo mismo que se hizo hasta acá”. Hay que liberar al Estado de la connivencia con el crimen porque esto pone en tela de juicio la democracia.

–¿El objetivo de la reforma policial tiene que ver con cortar el vínculo entre el crimen y el poder?

–Totalmente porque la matriz institucional actual es muy vieja. Data de los años ‘50, luego fue tuneada en los ‘70 y ahí está la base normativa actual del sistema policial. Es tan antigua y tan anacrónica respecto de las cuestiones que tiene que atender la policía de la problemática criminal que ese desfase entre institucionalidad y problemas criminales tan dinámicos y diversos hace que nosotros tengamos que emprender un proceso de reestructuración del aparato institucional. Tenemos un proyecto de ley de seguridad pública que acá en Santa Fe no hay, un proyecto de ley de control policial y por primera vez en la Argentina una propuesta de creación policía de investigación de los policías: una suerte de agencia investigativa que tiene como objeto investigar las corrupciones y los delitos cometidos por policías. Y al mismo tiempo ya estamos presentando esta semana el proyecto de ley de organización de los cuatro servicios policiales: policía de investigación, policía de seguridad preventiva, policía de control policial y la policía de acción táctica para debatir una matriz institucional nueva. El sistema de seguridad pública está colapsado. El 93% de las comisarías de la provincia tiene menos de 30 personas cuando una comisaría pequeña en la Ciudad de Buenos Aires tiene 200 numerarios.

–¿Va a estar conducida por civiles?

–No. Como nuestra idea es que la conducción político institucional sea ministerial, los servicios policiales, que deben ser netamente operativos y no administrativos, tienen que ser conducidos por personal profesional de carrera.

–Pero entonces el personal que la conduzca va a ser el mismo que actualmente viene de una policía con manchas por corrupción.

–Hicimos un descabezamiento muy importante al comienzo. Mandamos a la casa y jubilamos tempranamente cerca de 80 jefes policiales con lo cual hay una estructura de mando superior que aún con la necesidad de ser capacitadas en alta gerencia policial no formaron parte de la conducción anterior. Nosotros estamos muy encima porque si este proceso fuese llevado adelante por la alta gerencia policial sería fracasado porque no hay capacidad ni miras estratégicas para entender esto. De hecho en los argumentos de la ley planteamos, ¿pero nunca nadie vio este desmadre institucional dentro de la propia policía? La política no lo quiso ver, ahora las cúpulas policiales nunca han dicho absolutamente nada. Abrimos una caja negra y nos encontramos con un desmadre institucional soberano.

–¿Hubo una relajación de la política con la Policía de Santa Fe para llegar a esta situación?

–Tenés 22 mil policías y en tareas operacionales de seguridad solo tenes 12 mil. Si descontamos de esos 12 mil un 20% que hace tareas administrativas dentro de las unidades, para ser benévolos, y dividís la restante nómina de personal en cuatro cuartos para ocupar tres turnos quedan 2900 policías por turno para cubrir la seguridad de toda la provincia de Santa Fe. Es una policía corta, chiquita. Si a eso le sumas que no hay ningún tipo de técnica de mapeo criminal de policiamiento planificado sino que salen a la calle al tun tun y dependen del jefe de turno del momento y de las ganas que tenga de trabajar, tenés una policía muy administrativizada que se ve mucho más claramente en algunos lugares que en otros. Te das cuenta que no tenes un sistema de seguridad preventivo a la altura del problema delictivo que tenés. Como la policía no lo supo resolver, lo tenemos que hacer nosotros.

–¿Hicieron algunas pruebas de lo que sería el nuevo sistema?

–Hace dos meses hicimos una prueba en el centro de Rosario a través de caminantes y del sistema de motos. Les pusimos una franja horaria y de determinados objetivos en un espacio determinado. Lo que no sabían era que los estábamos supervisando. Les dimos una orden bien rústica: tenés que caminar así y tenés que transitar con la moto por acá. Se cumplió en un 65% porque muchos llegaron tarde al servicio, no fueron al lugar que tenían que ir, se retiraron antes del servicio, se movían en lugares distintos al que tenían asignados… una desidia que te das cuenta que no es mala intención sino que no saben trabajar de policías básicos.

–¿Hay resistencia a los cambios dentro de la fuerza?

–No hay resistencia policial, yo veo más resistencia política de los sectores conservadores que son sectores conservadores del Frente Progresista y del peronismo que han sido los socios del sistema político de la última década. Son los que más resistencias han demostrado, no tanto públicamente.

–En lo que va del año ya hubo cerca de 120 homicidios en Rosario, ¿tienen un plazo para bajarlos?

–Lo primero que tenés que tener para elaborar una estrategia de control de una problemática criminal es un claro diagnóstico de esa problemática. Esto no existía y la fuimos construyendo en el marco de lo que creamos que es el Observatorio de Seguridad Pública. Sabemos a partir de ese acercamiento que los homicidios dependiendo del lugar responden a cuestiones completamente disímiles. Por ejemplo en Rosario hay más homicidios vinculados a conflictos y competencias entre organizaciones criminales de menor porte por la distribución de drogas, por el mercadeo minorista, hechos de sicariatos. Responde a una realidad muy puntual que las grandes organizaciones que se dedicaban al narcotráfico tienen primeras y segundas líneas encarceladas. En cambio este fenómeno es mucho menos relevante en la ciudad de Santa Fe donde también hay un mercado prolífico de drogas pero mucho más regulado por sectores policiales, mucho menos violento. En Santa Fe hay una porción importante relativa de homicidios que tienen que ver con violencia social. Y tanto en Rosario como en Santa Fe y en el resto de la provincia hay muchísimos menos homicidios en ocasión de robo o en ocasión de otros delitos.

–¿Alcanza la cantidad de agentes de fuerzas federales que hay en la provincia o necesitan más?

–Acá nunca hubo una afluencia mayor de gendarmes a los que ya estaban establecidos en la provincia. Esa es la primera cuestión. Además, de la dotación permanente de personal de las cuatro fuerzas federales aquí en la provincia mucho personal no hace tareas operativas. Nosotros tenemos cercanía con el gobierno federal. Santa Fe fue la primera provincia que estableció el convenio complementario de lo que está regulado en la ley de seguridad interior para incrementar actividades conjuntas pero la verdad que tenemos una lectura en estos meses, quizás por la cuarentena, donde no hemos trabajado a la altura de lo que esperamos.

–¿Incidió el envío de gendarmes al Conurbano?

–Nosotros notamos una situación, quizás estuvieron abocados a otras cuestiones. Al fin y al cabo todo el tratamiento que hemos hecho en materia de seguridad de los puestos de control fronterizos dentro de la provincia de Santa Fe por el coronavirus estuvo sostenido en un 80% por la policía provincial y, al mismo tiempo, en materia de narcotráfico no hemos podido avanzar en ninguna iniciativa. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho nosotros con los fiscales de la justicia provincial y con las unidades investigativas de la provincia. Yo tengo la sensación que en materia de narcotráfico estamos en condiciones de enseñarles cómo se debe investigar el narcotráfico acá en Santa Fe, más que de aprender. Nosotros aun sin desfederalización de la ley de estupefacientes hemos dado cuenta con la justicia provincial de las grandes organizaciones, que en el fondo eran organizaciones narco, pero fuimos por ellos por delitos ordinarios y las desarticulados.

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