La muerte de Fabián Gutiérrez y otra discusión caliente: ¿quién debe cuidar a los arrepentidos por corrupción?



Entre otras tantas repercusiones y lecturas, el asesinato del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, trae del archivo uno de los desafíos más calientes que quedó paralizado por la cuarentena del coronavirus: ¿quién protegerá a los arrepentidos en las copiosas causas de corrupción durante el kirchnerismo?

Rebozante de pruebas, el caso de los cuadernos de las coimas acumuló decenas de estos “imputados colaboradores”, según el nombre que la ley votada en 2017 les ofreció a aquellas personas que, imputadas de un delito contra la administración pública, aceptan aportar información relevante para la causa a cambio de admitir su culpabilidad y esperar algún beneficio cuando el caso tenga sentencia en su juicio oral.

Varios de aquellos arrepentidos, a su vez, pidieron la protección estatal que ofrece un programa de custodia originalmente concebido para informantes en casos de narcotráfico. El financista Leonardo Fariña, le ex secretario de Obras Públicas José López y el contador de los Kirchner Víctor Manzanares fueron algunos de los imputados colaboradores que pidieron y lograron incorporarse a ese programa que dependía del ministerio de Justicia.

Primer cruce de caminos: la derrota de Mauricio Macri en las PASO de agosto pasado encendió las alertas respecto a qué pasaría si el presidente perdiera las elecciones y el ministerio de Justicia pasara a depender de la misma fuerza política a cuyos máximos dirigentes le apuntaron los arrepentidos con sus testimonios y sus pruebas. Entre varios de ello empezó a cundir la inquietud, que con el resultado de octubre puesto se convirtió en terror. Para calmarlos, Macri firmó un decreto que convertía al programa de testigos protegidos en una agencia independiente, con presupuesto y recursos propios.

La burbuja duró poco. Tal como temían los testigos, y pese a las blancas promesas del presidente Alberto Fernández, el decreto de Macri voló por el aire, la oficina de “protección” de arrepentidos volvió a la órbita de Justicia y al frente de ella quedó un alfil del viceministro Juan Marín Mena, uno de los halcones de Cristina Kirchner.

Fariña, López y Manzanares renunciaron a la custodia y los beneficios del programa, que más bien se habían convertido en un caramelo envenenado.

Pero volvamos al cruce de caminos. Decenas de ex funcionarios y empresarios arrepentidos nunca se incorporaron al famoso programa, por lo tanto tampoco tuvieron custodia ni protección alguna. Entre ellos, el ahora asesinado Fabián Gutiérrez.

Pese al tenor explosivo de sus declaraciones ante la justicia y el riesgo que las pruebas que aportaron sigan en sus manos hasta que se realice el juicio oral de las respectivas causas en las que se arrepintieron, ninguna agencia o policía del Estado vela por la seguridad de estos testigos, que día tras día permanecen expuestos a aprietes, sobornos y, eventualmente, lamentables accidentes o romances violentos que acaben con sus vidas.

La endeblez de su situación es proporcional a la gigantesca importancia institucional que el Estado debería garantizar -quieran o no- para cada que cada uno de ellos pueda esperar su juicio y declara en él sin presiones y con todas las garantías de la ley.

El precio de no hacerlo -siquiera discutirlo, como ocurrió hasta ahora- es demasiado alto. Y no sólo para los arrepentidos. 

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA



Fuente >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CLip art of Flip Day 2 CLip art of Flip Day 1 CLip art of Flip Day 1