La cuarentena fisurada – Clarín



La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, confesó que las medidas de confinamiento estricto en su país fueron “tal vez” exageradas para enfrentar al coronavirus. Esa nación registró 238 muertos y un promedio de 4,48 cada cien mil habitantes. El jefe de epidemiología del gobierno de Suecia, Anders Tegnell, que diseñó el plan sin encierro riguroso, admitió que las muertes producidas fueron demasiadas. “Podríamos haberlo hecho mejor”, sinceró ante los periodistas. El más importante país de Escandinavia tuvo 4.639 víctimas con una media de 45,59 por cada cien mil habitantes.

Esa sorprendente capacidad de autocrítica contrasta con la cerrazón que en medio de la emergencia caracteriza a la Argentina. Tan grande, que Alberto Fernández hasta dudó en aceptar que aquel abrazo público con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, resultó una imprudencia. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el Gobierno propugna la “antimuerte”. Como si aquellos que objetan aspectos del plan de cuarentena fueran asesinos.

El joven funcionario pareció enamorarse de otra frase. Aseguró que el virus “es democrático para contagiar pero clasista para matar”. Golpea más, sin dudas, en los sectores vulnerables. ¿El desastre económico no afecta también a los que menos tienen? Tal vez a Cafiero no se le ocurrió autointerpelarse.

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El Gobierno trinó por una declaración de intelectuales y científicos que formuló críticas. Muchas de ellas atendibles. Como subrayar la acumulación de poder que desde la pandemia hace el Gobierno a través del Estado. Para el peronismo tal simbiosis siempre resulta natural. Pero aquel grupo también pareció despistar cuando habló de “infectadura”. Intento de asociar al poder actual con una dictadura.

Se trata del mismo berretín que el kirchnerismo desplegó en los cuatro años de Mauricio Macri. Continúa aún hoy con la lanza de Cristina Fernández. Con su presunta persecución por las causas de corrupción, el endeudamiento y la red de espionaje de ese tiempo que denunció ante la Justicia la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la fiscal K Cristina Caamaño. Se refleja además en el afán por adulterar las razones de la muerte de Santiago Maldonado (2017).

El país se va desenvolviendo, mientras tanto, en dos planos. La sociedad padece, pero exhibe cierto acostumbramiento al estado de excepción. Quizá porque desde la crisis del 2001, con breves respiros, vive en esa situación. Nacen las primeras rebeliones, aunque aún focalizadas. El Gobierno se empeña en hacer creer que todo transcurre dentro de cierta normalidad. Que no es tal. Ni social, ni económica, ni político-institucional.

El propio Gobierno se jacta de situaciones que nadie sabe cómo hará para desandar. Porque son insostenibles. El ministro de la Producción, Matías Kulfas, describió que el 89% de la población vive en un hogar donde algún miembro percibe un ingreso por parte del Estado. Una golosina del discurso oficial que se afronta con emisión de papel moneda. Nadie conoce, dentro y fuera del poder, cómo continuará la historia cuando la pandemia ceda.

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Por ahora, ambos dificilísimos desafíos conviven. El Gobierno sigue esperando el peor momento del coronavirus en el AMBA (ámbito metropolitano). Agregó tres semanas de encierro a partir los 80 días que se cumplen mañana. La economía sigue en derrumbe. Las caídas de la construcción (75´,6%) y la industria (33,5%) estremecen. La Argentina fue el único país en el mundo con industria automotriz que en abril no fabricó una sola unidad. El deterioro social asombra. Un trabajo del Observatorio de la Deuda Social (UCA) en el AMBA hecho en cuarentena resulta revelador. En el Conurbano el 42,6% admite que sus ingresos se redujeron un 50%. El 20,7% más del 50%. En la misma zona el 45,5% sostiene que los ingresos no cubren sus gastos básicos. La cifra asciende a 58,7% entre quienes en 2019 ya pertenecían al segmento de los pobres.

También hay una proyección sobre pérdida de empleo. Se estima por ahora en cerca 800 mil puestos, desglosados así: 250 mil personas que viven de las changas, 180 mil informales, 160 mil cuentapropistas y 150 mil formales. La descripción en todos los casos incluye la ayuda estatal.

No existe margen, con ese panorama, para plantear ninguna dicotomía entre salud y economía. La preocupación radica en la ausencia de elementos para suponer que se esté programando alguna salida administrada. Tampoco se ingresó de esa manera en la estrategia sanitaria defensiva cuando el virus empezó con su amenaza. El Presidente optó por lo que optó, con inteligencia, forzado por la precariedad estructural. El refugio colectivo fue la respuesta para ganar tiempo, preparar hospitales de campaña, manotear a cualquier precio insumos inexistentes y llegar con demora a los testeos que permiten tener una noción aproximada de la diseminación de la enfermedad. La improvisación impidió reparar en todo. Por ejemplo, que el 50% de los fallecidos en Europa radicaron en los geriátricos.

Los costos no son únicamente aquellos. Por esa razón el Presidente, antes de anunciar el estiramiento del encierro hasta el 28 de este mes, se empezó a esforzar con gestos que demuestran simular el retorno a alguna normalidad. Porque debajo del miedo social fermenta el cansancio. Dejó de estar en Olivos para alternar sus tareas en la Rosada. Hizo cinco visitas a provincias. Recorrió dos plantas automotrices bonaerenses luego de la parálisis de abril. Atendió los pedidos de Horacio Rodríguez Larreta para flexibilizar actividades sociales y comerciales en la Ciudad. Aun sobrellevando cierto enojo de Axel Kicillof, que la semana pasada se ausentó en la inauguración de un hospital solidario en Pilar.

El vínculo entre la Ciudad y Buenos Aires transcurre de tensión en tensión. En uno de los encuentros de la semana pasada el vicejefe porteño, Diego Santilli, tuvo un cruce con Daniel Gollán. El ministro de Salud provincial insiste que cualquier aflojamiento en Capital perjudicaría la grave situación de los barrios pobres bonaerenses. El jueves divulgó un polémico tuit –que borró en minutos– en el cual habló “de aquellos que parecen sordos y ciegos en el peor momento”. El blanco fue Rodríguez Larreta.

Nadie sabe si Gollán actúa por propia iniciativa o la presión que descargan sobre él. ¿Será Kicillof? Se sabe que en las decisiones de su área incide de modo determinante el subsecretario, Nicolás Kreplak, militante de La Cámpora. Hermano de un controvertido juez de La Plata, Ernesto Kreplak. Que estuvo en el Ministerio de Justicia desde el 2011, llevado de la mano por el camporista Julián Alvarez.

El otro dilema presidencial es la reconstrucción económica. Surgieron algunas señales. Alberto recibió a entidades empresarias. Almorzó con Roberto Lavagna. Dialoga con economistas que no encajan en ningún campo del Frente de Todos. Podría aventurarse, entonces, que el escollo no sería la ausencia de consultas. Faltaría una brújula. Una idea ácerca de por dónde armar el rompecabezas de las ruinas.

Así como el coronavirus en Europa sirvió de foto anticipada sobre lo que vendría, también podrían repararse en los pasos que han dado varios de esos países para la recomposición. Apuntaron a columnas vertebrales de sus economías. Todavía con la enfermedad merodeando, España e Italia, que padecieron catástrofes, dieron empujón al turismo. Representa un 15% y un 13%, respectivamente, de cada PBI. Abrieron fronteras con cautela. Reanudaron vuelos internos. Asumieron riesgos.

Aquí, por el momento, impera la confusión. Los empresarios no terminan de entender por qué motivo el Gobierno demora el cierre de la negociación con los bonistas cuando casi parecen no existir muchas diferencias. ¿Será para inyectarle épica política al futuro anuncio? Además, las reuniones de Alberto con los hombres de negocios se intercalan con extravagancias. Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) entregó al Presidente, en nombre de un centenar de movimientos sociales, un programa para la salida. Propone recuperar la soberanía de producción y distribución energética. También un papel agresivo del Banco Central y hasta la intervención de la banca privada. Amén de regular desde el Estado los precios de los alimentos.

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¿Cómo congeniar esos extremos? Es una magia que le aguarda a Alberto. Será una tarea donde podrá advertirse de qué manera salda el poder bifronte que comparte con Cristina. La vicepresidenta se ocupa de sus intereses mientras pasa la pandemia. Impuso una sesión virtual para consagrar en el Senado el traspaso de las escuchas judiciales de la Corte Suprema a la Procuración General. Sonó una alarma: estuvo lejos de los dos tercios para habilitar una sesión especial por la Ley de Alquileres. El número que Alberto requiere para imponer al juez Daniel Rafecas en el Ministerio Público.

Tampoco por casualidad el senador Adolfo Rodríguez Saá, aliado de Cristina, presentó un proyecto que propone elevar a nueve los miembros de la Corte Suprema. El Presidente aseguró que se conforma con los cinco actuales. La vicepresidenta, no. Desea garantías para la última instancia de sus causas por corrupción.

La reforma judicial sigue en veremos. Varias veces se anunció que sería enviada a Diputados. El proyecto de Gustavo Béliz, que moldeó también la secretaria Vilma Ibarra, no termina de cuajar. Propondría licuar el poder de Comodoro Py al elevar los jueces federales de 12 a 23 o 34. ¿Desearía Cristina renovar también varios de los actuales magistrados? Esa pulseada permanece abierta.

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