El nuevo giro neoliberal del populismo



La pandemia expone a los gobiernos a dilemas conflictivos. ¿Priorizar la economía o la salud? ¿Respetar las libertades civiles o el control social? ¿Privilegiar la salud, en términos amplios de bienestar, o reducida a un blindaje antiviral?

Esos dilemas interpelan a las autoridades sobre su capacidad para navegar las contradicciones y contribuir a una sociedad saludable y sostenible. Líderes de Europa Occidental y de países vecinos como el Uruguay han sabido pilotear dichas paradojas, flexibilizando las cuarentenas y revisando su postura en casos de rebrotes y se han responsabilizado por el testeo masivo y monitoreo de sus poblaciones en lugar de mantenerlas reprimidas o confinadas.

Han movilizado a los ciudadanos para adoptar una ética de prevención sin abdicar de su rol de garantizar efectivamente la salud colectiva. En contraste, una parte de la dirigencia de Europa Oriental y América Latina parecería haber naufragado delante de aquellas disyuntivas o, peor aún, habría convertido a la intensificación de esas contradicciones en una forma de gobernar.

El naufragio más obvio ocurre cuando, con sus medidas, los gobiernos empeoran la salud colectiva que se planteaban preservar. La extensión de un confinamiento anti-contagio generó simultáneamente un aumento del sobrepeso y de atrofia muscular con más consumo de psicotrópicos, drogas ilícitas y bebidas alcohólicas, fruto de una disparada en los casos de depresión, ansiedad, insomnio y síndromes de pánico. Sumado a ello la aceleración de los casos por Covid, como en Argentina, el naufragio parece muy claro.

Si, por un lado. la pandemia revela la miopía de un modelo neoliberal que desfinancia al sistema de salud pública bajo el argumento de la mayor eficiencia privada; por otro lado, la dirigencia que celebra la recuperada centralidad del Estado, abdicó de su rol de agente de cambio, repasándole los compromisos y las culpas a los individuos.

De esta manera reproduce la cartilla neoliberal. ¿Qué bienestar entrega un intervencionismo que no ejecuta la mitad del presupuesto para la pandemia, se omite realizar testeos, distribuir kits y rastrear casos en una escala razonable o permite que 1/3 de las clases altas embolsen la ayuda de emergencia?

La distribución de subsidios y los salvatajes sectoriales discrecionales simulan un rescate del estado de bienestar, que ocurre paralelo a la delegación de responsabilidades al individuo para “driblar” la crisis sanitaria.

Esa omisión consagra un culto a la auto-gestión constante de la propia salud, responsabilizando al individuo por la profilaxis anticontaminante y culpabilizándolo por eventuales fallas.

Si crecen los números de contagio, muertes y la sensación de descontrol de la pandemia, no es porque el gobierno fracasó en proveer testeos a gran escala, no adquirió los equipamientos a tiempo o los compró defectuosos.

Es fruto de las personas que flaquearon en asimilar la cuarentena. Curiosamente, a mayor retórica en favor de un Estado fuerte, más intensa la prédica que transfiere compromisos al individuo.

El giro neoliberal del intervencionismo populista tiene cuatro pilares. Empieza por la reducción de las nociones de salud y bienestar al blindaje viral vía confinamiento. Continúa con la transferencia discursiva al individuo de capacidades y responsabilidad por ejecutar dicho blindaje. Le sigue la diseminación de un mantra profiláctico individual anclado en rituales de higiene y limpieza. Termina con la asignación de culpa a las personas y no a sus dirigentes por los eventuales fracasos en el control de la pandemia.

Repitiendo la fórmula neoliberal, la arenga gubernamental insiste que el auto-control disciplinado, autónomo e informado del propio cuerpo lleva a la emancipación.

Ese “empoderamiento” de los individuos no genera un debilitamiento del estado, sus autoridades continúan controlando los recursos para usarlos discrecionalmente mientras se exculpan por fracasos.

Esa operatoria delante de problemas graves por parte de dirigentes intervencionistas no es nueva. La gestión del cambio climático sigue un guion igual. Campañas y políticas públicas encumbran la auto-regulación del consumidor como solución para una menor huella ecológica, estimulando la reforma del consumo individual (su reverdecimiento), responsabilizando y culpando al individuo por eventuales brechas en los resultados.

Así, el Estado se auto-exime de ejecutar acciones que afecten intereses establecidos o cambiar el funcionamiento del propio sistema. Preserva su financiamiento fácil a base de impuestos al consumo de combustibles o de la propiedad de coches y evita el trabajo de largo plazo de crear, por ejemplo, una nueva matriz energética enteramente renovable. Como con el Covid-19, ese empoderamiento del consumidor, más que debilitar al estado, convierte al primero en chivo expiatorio y libra al segundo de presiones sectoriales.

En el seno de la paradoja de ver gobiernos intervencionistas que privatizan la responsabilidad por la crisis sanitaria anidan tensiones de largo plazo. ¿Aceptarán los ciudadanos el fardo de cuidar de su propia solución personal sin cuestionar el propósito del Estado que promueve dicha transferencia? ¿Dada la escasez de recursos, no se tentará el Estado en ampliar esa exención y transferencia de responsabilidades a otros ámbitos?

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