El gobierno paralelo de Cristina



No hay a la vista ninguna colisión explícita entre Alberto y Cristina Fernández que augure una lucha por el liderazgo. Conjetura que siempre circula en el universo político, aunque apenas cursen ocho meses de gestión. Ocurre, sin embargo, otro fenómeno curioso. El Presidente y la vicepresidenta han hecho una división del trabajo en el poder, con tal autonomía, que asemejan a gobiernos paralelos.

Alberto continúa lidiando con la pandemia y, luego del acuerdo con los bonistas por la deuda, no ha sabido echar ninguna luz sobre el rumbo de la economía para enfrentar el desastre de la crisis. En la coyuntura, incluso, se advierten desajustes que llaman la atención. La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, expresó que el cepo cambiario es una “condición para la estabilidad”. El Presidente sostuvo que se analiza la posibilidad de restringir la compra del cupo de US$ 200 dólares por mes. Martín Guzmán, el ministro de Economía, aclaró que no se prevé ninguna nueva restricción al mercado cambiario.

Cristina permanece totalmente ajena a la pandemia y no emite opinión sobre la realidad económico-social. Se ocupa del manejo del Congreso –ella en el Senado; Máximo, su hijo, en Diputados– y de complementar ese poder en la Justicia. Dos de las tres columnas institucionales. Tampoco descuida cajas clave del Estado en manos de pupilos suyos. El PAMI y la ANSeS, entre varias. Y el control del área energética.

Aquella división empieza a plantear problemas. Porque parece no existir equidad entre los costos políticos y públicos que paga el Presidente con los que afectan a la vicepresidenta. Alberto cargaría con todo. Con los malestares sociales por la cuarentena y la economía. También, con la prepotencia y arbitrariedad con que Cristina maneja su agenda entre el Congreso y el Poder Judicial. Existe reflejo de esa realidad. La imagen positiva de la vicepresidenta nunca desciende de un tercio. El Presidente mantiene consolidado todavía el 46%, pero supo tener picos por encima del 60% en los inicios de la pandemia. Datos que surgen del último sondeo de la empresa Management & Fit.

El Presidente vivió la semana pasada la tercera marcha popular de protesta. Como sucedió en las anteriores, los reclamos no tuvieron eje excluyente. Esta vez las demandas por la corrupción y la reforma judicial dominaron la primera línea de la escena. Sobrepasando a la inseguridad. Cristina no se anotició de aquellas manifestaciones. Ni antes ni después de realizadas.

En este asunto a Alberto se le traspapela la agenda. Ha sido corresponsable del impulso a la reforma judicial y, contra su parecer, de que se estudien cambios en la Corte Suprema. Pero no interviene –no podría hacerlo públicamente– en los manejos que, por aquellas cuestiones, la vicepresidenta realiza en el Congreso.

Frente a tantos desafíos hubo una novedad que sorprendió. Dejó entrever que en el mensaje político general del Gobierno influye más la vicepresidenta que Alberto. Este replicó a las protestas con una frase del manual cristinista: “No nos van a doblegar los que gritan”, desafió. El copyright no podría estar en discusión si fueran repasadas expresiones cercanas del ex mandatario. Veamos dos de ellas, cuando asumió. “No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro”, dijo en la Asamblea Legislativa. “Si algún día sienten que me desvío, salgan a la calle para decírmelo”, invitó con entusiasmo al hablar en el acto popular en Plaza de Mayo.

El dilema para Alberto no sería únicamente el de pagar los costos políticos. También podría condenarlo a un aislamiento interno y externo. Su postura queda más identificada con los núcleos kirchneristas del Frente de Todos. Los gobernadores del PJ, con quienes proclamó que iba a gobernar, asisten al teatro como espectadores. Hay en ellos un silencio sepulcral. Parecen distanciarse, además, dirigentes que estuvieron cerca. El caso del ex ministro Roberto Lavagna. Referencia de un bloque importante en Diputados. O el propio ex presidente Eduardo Duhalde. Que suele frecuentar el pejotismo.

También el empecinamiento por la reforma judicial dinamitó los puentes con la oposición. Cambiemos no está dispuesta a debatirla de modo virtual. Menos después de las irregularidades advertidas en el dictamen de la Comisión del Senado. Fue ocultado a la oposición y alumbró con una cláusula que anticipa el hostigamiento a los medios de comunicación. Cualquier juez, según esa disposición, podría denunciar a un periodista frente a un intento de influencia. Una arbitrariedad homérica.

Aquel detalle podría ir despejando el horizonte sobre el plan de Cristina. Varió sus prioridades respecto del pasado. Sus metas son las mismas. Ahora encara al Poder Judicial. Si llega a colonizarlo arremeterá abiertamente contra el periodismo. Cree que el orden invertido hizo naufragar su experimento anterior.

No existe constancia si el Presidente está al tanto o avala discretamente el plan desplegado por Cristina en el Senado. Daría igual, porque no tendría margen de inmiscuirse. Aquel plan muestra otros dos pilares. El desplazamiento de Eduardo Casal a cargo del Ministerio Público y los cambios en dicho organismo. El apartamiento de jueces –una decena– que fueron nombrados o trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri.

La vicepresidenta puede haber encontrado un primer escollo. En una de las dos reuniones de la Junta Consultiva que conformó Alberto, donde sobresale Carlos Beraldi, el abogado de Cristina en todas las causas de corrupción, se convino en principio que no habría razones para modificar el método de elección del futuro procurador. Se demandan ahora los dos tercios del Senado. Quedó en análisis, en cambio, la posibilidad de colocarle un límite al desempeño de ese cargo. Sería por siete años para que abarque dos períodos presidenciales.

Cristina maneja otro proyecto. Que la designación del nuevo procurador –el jefe de los fiscales– se haga por mayoría simple. Solo su remoción con los dos tercios. Bingo para el oficialismo: no cuenta con esa proporción en el Senado. El candidato de Alberto, el juez Daniel Rafecas, anticipó que se bajaría de su postulación si se impusieran esas condiciones. No desearía ser sólo el procurador de una fuerza política. La hipotética deserción tampoco sería una mala noticia para la vicepresidenta. Posee otros favoritos.

El problema sería, en cualquier caso, el alejamiento de Casal. El kirchnerismo tiene presentados en la Comisión Bicameral varios pedidos de juicio político en su contra. Pero sin aquellos dos tercios difícilmente puedan prosperar. De allí la jugada que enhebraron la semana pasada dos soldados de Cristina: los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

Ambos presentaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales un dictamen objetando, por presuntos vicios de procedimiento, la presencia de Mario Laporta como representante del Senado en el Jury de Enjuiciamiento de la Procuración. Ese abogado asumió en 2019 y su mandato vencería en 2022. El Jury está conformado por siete miembros que el kirchnerismo se propone controlar. ¿Para qué? Carambola: buscarían primero tumbar a Casal con tal procedimiento; podrían ejercer a futuro control sobre todos los fiscales. En la reforma judicial que se promueve tendrán más peso que los jueces en los procesos de investigación.

La programación induce a pensar en una mirada kirchnerista de largo plazo. Que, tal vez, exceda este período de Alberto. ¿Despuntará ya en el horizonte el 2023? ¿Sería para otro turno del actual presidente? ¿O cabida al proyecto que imagina Cristina, que tendría como protagonistas estelares a Máximo Kirchner, su hijo el diputado, y a Axel Kicillof?

Esa posibilidad demanda un recorrido largo e incierto. La vicepresidenta tiene asuntos urgentes para aliviar su difícil situación judicial embarrada por la corrupción. Un objetivo, en ese aspecto, es la Cámara Federal. El kirchnerismo se apura por lograr también el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fallaron varias veces en contra de Cristina. Llegaron a ese lugar mediante un traslado en la época de Macri. Que el oficialismo objeta pese a una acordada de la Corte Suprema que los validó, luego de una consulta específica del ex ministro de Justicia, Germán Garavano.

Habría algo más en camino: el diputado Roberto Tailhade presentó la semana pasada en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra otro camarista, Martín Irurzun. Autor de la doctrina de las prisiones preventivas sin condena firme, que el Presidente objetó no bien inició su campaña electoral.

Bruglia y Bertuzzi debieron ser trasladados a raíz de la renuncia de Eduardo Ballestero y el traslado de Eduardo Farah. Ambos en marzo de 2018 ordenaron la liberación del empresario K, Cristóbal López. La Corte ordenó una investigación por ese fallo. El kirchnerismo aspira a vaciar la Cámara Federal para completarla con hombres afines. En la primera línea asoman dos conocidos: Alejandro Ramos Padilla, juez de Dolores, encargado de la ofensiva contra el fiscal Carlos Stornelli, que investigó la causa de los Cuadernos; Roberto Boico, defensor de Cristina en la causa del Memorándum con Irán. Hay otras pruebas en ciernes: la chance del regreso de Farah; una oferta K a Bruglia para que deje su lugar acogiéndose a la jubilación.

Aquel regreso de Farah podría tener otras implicancias. ¿Sería la resurrección de Jaime Stiuso? ¿Significaría de nuevo el intento de enlace entre el Poder Judicial y el espionaje que el Presidente prometió desterrar? El pasado en la Argentina nunca logra convertirse en historia.

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