Deuda: US$16.000 millones y un cambio de tono para la nueva etapa



“Bajo la última oferta se pagarán US$16.000 millones más en los próximos 10 años que lo que se hubiese pagado con la primera y ese es el costo fiscal de la mejora en la oferta final del gobierno a los acreedores”.

Es una de las conclusiones de un informe reciente de la consultora ACM que compara las dos puntas de las propuestas del ministro de Economía, Martín Guzmán (hasta ahora hubo cuatro), que pueden resumirse en que el canje de bonos arrancaba con un precio de US$41,98 por cada lámina de 100 dólares y fue subiendo hasta US$52,35.

Ese recorrido financiero se dio simultáneamente con un cambio en el tono del discurso del Gobierno que fue desde el objetivo ministerial de que este canje fuese un modelo para cambiar la arquitectura internacional para el tratamiento de la deuda de los países en desarrollo, a la calma que el presidente Alberto Fernández buscó generar en un grupo de empresarios el 9 de julio diciéndoles que el cierre de la negociación “está cerca”.

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El Gobierno puso la propuesta para el canje sobre la mesa hasta el 4 de agosto y tendrá otros 30 días más para recibir adhesiones. En promedio, necesita que 66,67% acepte cambiar los bonos por otros a más largo plazo y que, así se entiende, serán menos riesgosos a partir de un nuevo compromiso de pago.

Más allá de los números y del evidente cambio del tono (“queremos llegar a un acuerdo”, dijo el ministro refiriéndose a BlackRock, el fondo más grande y que pide que la Argentina pague más), la necesidad de llegar a un punto final de la negociación después de 7 meses gana relevancia.

A la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia del coronavirus y la extensión de la cuarentena que vienen generando un golpe inédito a la actividad económica se les sigue sumando la prolongada negociación por la deuda.

Ahora las cartas aparecen dadas vuelta y las posiciones se ven más nítidas, al punto que, dentro y fuera del Gobierno, se considera posible que el acuerdo con los bonistas sea parcial y pueda desembocar en otro canje en algún otro momento. Pero dentro de otro marco.

Tanto el Gobierno como BlackRock endulzaron sus palabras y para ser considerados negociadores de “buena fe” en caso de tener que llevar sus diferencias a los tribunales de la jueza Loretta Preska en Nueva York.

El presidente Alberto Fernández enfrenta demasiadas urgencias. La atención del coronavirus, una nueva ronda de bonos IFE para atender a millones de argentinos en situación de pobreza que implicará otra vuelta de emisión de $90.000 millones, los banderazos por la liberación de ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo procesados en causas de corrupción, son algunos que se agregan a la necesidad de cerrar el canje de deuda.

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Además, con el adicional de que el cierre de la negociación con los bonistas es el puntapié inicial para que el Gobierno presente un plan sobre cómo piensa manejar un déficit fiscal que se proyecta por encima de 6% del PBI después de haber finalizado 2019 por debajo del 1%.

Para el Gobierno el desafío económico es enorme. Por un lado, salen a la luz datos muy malos de caída de la actividad por el aislamiento obligatorio (cierre de 18.546 empresas en dos meses con caída de 284.821 puestos de trabajo) y la respuesta es disponer la tercera ronda de bonos IFE de $10.000 para 9 millones de habitantes financiados con emisión ante la caída de la recaudación y la inexistencia de crédito externo.

Por otro lado, la baja de los ingresos de la población, que el IFE compensa sólo parcialmente, no permite prever una recuperación rápida del consumo.

En este contexto difícil, la soja subió hasta US$350 y aparece como una nueva oportunidad que se suma a condiciones financieras internacionales muy favorables para los países en desarrollo.

El costo del nivel de financiamiento a nivel mundial sigue en torno de cero (los bonos del Tesoro de los Estados Unidos pagan 0,6% anual) y los países vecinos, como es el caso de Uruguay, consiguen fondearse a menos del 4% anual.

La ventana financiera mundial está abierta para la región y, en este contexto, la Argentina podría aprovechar para aclarar un mensaje a la inversión, que sigue siendo muy borroso.

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