De sol a sol, con más de 500 policías y con medidas anti Covid: así será el desalojo del predio de Guernica



Si el tiempo lo permite -y el pronóstico por ahora va en esa dirección- en menos de 48 menos más de 500 policías de la Bonarense comenzarán el operativo desalojo del predio de 100 hectáreas usurpado por familias vulnerables desde hace dos meses en Guernica.

La orden del juez Martín Rizzo -convalidada por la Cámara de Apelaciones de La Plata- tiene instrucciones precisas: deberá realizarse “de sol a sol”; en condiciones climáticas favorables, deberá ser filmado cada paso de los oficiales uniformados y habrá que respetar los protocolos de sanidad para prevención de COVID 19.

El viernes pasado, Rizzo rechazó un pedido del Foro de la Niñez, la defensora de los derechos de Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo y el programa de DDHH y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNLP, para suspender el desplazamiento de los ocupantes. La decisión del magistrado, ratificada el 8 de septiembre, se mantiene firme.

La toma de Guernica. Crece de una manera asombrosa. Esta semana está previsto el operativo de desalojo.

El Servicio Meterológico prevé clima fresco, con algunas nubes en el cielo. Es la certeza más sólida sobre este operativo que tendrá puestas todas las miradas y resultará un leading case (caso modelo) sobre la forma de actuar de la Justicia en relación a las tomas ilegales de propiedades públicas o privadas.

Es un fenómeno que se extendió como el virus en la cuarentena. Con foco en la periferia de las ciudades del Conurbano, donde la pobreza perfora los techos estadísticos mes a mes y profundiza las falencias habitacionales. Según cálculos de los intendentes de ese territorio superpoblado (casi 15 millones de personas) que se apiñan alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, se registran entre cuarto y seis intentos de usurpación por semana.

Algunas organizadas, otras improvisadas. En muchas emergen situaciones de aprovechamiento por parte de estafadores. En la de Guernica, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, encontró evidencias de venta de lotes por redes sociales y dispuso la detención de dos personas. Una vivía en Glew (a 20 kilómetros de la ocupación) otra era una joven de 22 años que tenia domicilio en San Vicente. Habrían comercializado porciones de tierra por 30 mil y 50 mil pesos.

Dos mujeres comparten un mate en la toma de tierras de Guernica. Foto EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los primeros grupos familiares llegaron a estas tierras bajas delimitadas por las calles Brasil, Testa, Baño, Malvinas Argentinas, un arroyo como límite hacia el sur y otro cauce mugroso como frontera hacia la ruta 16, del partido de Presidente Peron, hacia fines de julio.

Plantaron sus pies sobre el suelo embarrado como único registro válido de propiedad. Después aparecieron más personas -se supone de distritos del sur del Gran Buenos Aires- y se delimitaron las parcelas con hijo de nylon, estacas y piolines. Hubo un intento de desalojo antes de agosto, pero los ocupantes retornaron.

El acampe y la construcción de refugios precarios creció y creció. Ahora se estima que son 2.500 las familias asentadas. La Justicia realizó este fin de semana un sobrevuelo con un helicóptero. Desde el aire, trazaron mapas, determinaron los lugares de alojamiento, las características de las casillas y ajustaron el perímetro para la intervención prevista para el miércoles 23.

Este lunes, al mediodía, habrá un encuentro virtual entre el juez Rizzo, el fiscal Condomí y los representantes legales de los ocupantes. También estarán funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial. Esa dependencia realizó en los últimos días un censo y además presentaría propuestas para una salida “negociada” que impida el “allanamiento para desplazamiento” como define el Código de Procedimiento a la desocupación no voluntaria.

El “mandamiento de desalojo” comenzará el miércoles y podrá seguir el jueves 24 y el viernes 25. Dice el fallo de Rizzo: “se efectuará en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas. Se deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

Una casilla con lo poco se tiene, en la toma de tierras de Guernica. Foto Rolando Andrade

Además de los policías y patrulleros, se dispondrá de asistencia médica, ambulancia, internación o traslado de las personas y otros que se requieran. También establece el dictamen que “se filmará en su totalidad, de lo que se deberá dejar debida constancia, quedando absolutamente prohibida su difusión”. Desde el miércoles la distribuidora de energía de la región queda habilitada para interrumpir y proceder “a la desconexión de instalaciones precarias, clandestinas e ilegales”.

Clarín recorrió el sábado el predio y charló con los ocupantes. Algunos admiten que se retirarán por propia voluntad. En ese caso, el fiscal ya adelantó que suspenderá eventuales procesos penales. Pero muchos aseguran que resistirán. No están dispuestos a dejar ese pedazo de suelo que consiguieron con certificado de necesidad extrema.

El resultado del operativo tendrá un monitoreo en línea desde la Gobernación. Es que la polémica por las tomas de tierras asumió volumen político en las últimas semanas. Funcionarios del oficialismo no coinciden en el diagnóstico: para la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, “no es un tema de inseguridad. Debe resolverse con proyectos habitacionales”. Para su colega provincial, Sergio Berni “es un delito” porque “la defensa de la propiedad privada es un derecho constitucional”. Y mostró en sus redes que la Policía realizó más de 800 procedimientos para recuperar inmuebles y detuvo a 564 personas desde que comenzó el año.

La oposición considera que esas contradicciones y cierta letanía del gobierno favorecen la ocupación de tierras. Y van más allá: sostienen que algunos sectores que integran el Frente de Todos están detrás de organizaciones que propician estas acciones de manera coordinada. No perciben una directiva firme para evitar las intrusiones.

En el barrio Numancia/ San Martín, de Guernica, a 40 kilómetros de la capital bonaerense, empezará en menos de dos días una prueba riesgosa de desocupación multitudinaria. De un lado, miles de familias con niños y ancianos. Del otro lado medio millar de policías bonaerenses que se caracterizan por actuar con maniobras delicadas.

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GS

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