Coronavirus en Argentina: le concedieron la prisión domiciliaria a un médico condenado por delitos de lesa humanidad



El juez de ejecución penal Daniel Obligado concedió el arresto domiciliario al médico Carlos Capdevilla condenado por delitos de lesa humanidad en la causa de la ESMA, al considerar que integraba la lista de 1.280 presos de riesgo dentro de las cárceles federales.

Entre otros, Capdevilla fue condenado en la causa denominada ESMA III, en la cual se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

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Ese juicio, que se conoce también como “ESMA unificada”, se inició en noviembre de 2012 con la acusación a 68 personas -de las cuales 14 murieron a lo largo del proceso- y el análisis de delitos contra la humanidad cometidos sobre 789 personas. Pero además, Capdevila cuenta con otras tres condenas: en 2011 le dieron una a 20 años de prisión, sumada a otra de 15 años también por delitos de lesa humanidad y una última de 10 años de prisión que ya había agotado.

Alojado en la Unidad 31, el penitenciario de Ezeiza, el médico de la ESMA solicitó su arresto domiciliario sosteniendo que por su edad, 70 años, integraba el grupo de riesgo y que su vulnerabilidad para contraer el Covid19 era mayor por sus problemas de salud preexistentes.

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En respuesta a este requerimiento, y teniendo en cuenta que la Cámara de Casación Penal recomendó a los jueces federales que analicen la posibilidad de otorgar morigeraciones de las detenciones en aquellos casos de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria, el juez Obligado le otorgó la prisión domiciliaria a Capdevilla.

El informe médico que analizó el juez Obligado sobre el represor y médico de la ESMA sostiene que padece hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices, entre otros cuestiones de salud.

En su resolución, el magistrado planteó que Capdevilla no tenía el correspondiente aislamiento en el Penal de Ezeiza, señalando que incluso “comparte lugares comunes con otros detenidos”.

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Como juez de ejecución penal, Obligado no tuvo en cuenta el rechazo del fiscal Leonardo Filippini, quien consideró que Capdevilla debía seguir cumpliendo su condena en prisión, ya que allí recibía la asistencia médica necesaria.

Entre otros aspectos, el magistrado analizó que el represor integra el listado del Servicio Penitenciario Federal con 1.280 presos de riesgo, que se hizo tomando en cuenta dos aspectos centrales: el grupo etario al que pertenecen los internos y sus enfermedades preexistentes.

La decisión sobre el represor se da en medio del debate sobre la concesión de los arrestos domiciliarios. Como contó Clarín, en el último mes ingresaron a la Cámara de Casación 621 pedidos de morigeraciones de las detenciones. El aluvión de reclamos tuvo como común denominador en sus argumentos el riesgo de contraer coronavirus estando en prisión.

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El debate trascendió al ámbito judicial. El gobierno quedó atravesado por una fuerte interna entre quienes avalan la concesión de las prisiones domiciliarias como una solución a los problemas de sobrepoblación del sistema carcelario y como medida preventiva en medio de la pandemia del coronavirus, y aquellos que están en contra de que esa medida se conceda masivamente.

Desde que comenzó la cuarentena total, del sistema carcelario federal unos 200 presos obtuvieron el arresto domiciliario, con un agravante: el ministerio de Justicia admitió que no cuenta con tobilleras electrónicas suficientes para el monitoreo de quienes continúen cumpliendo sus penas en sus casas. 

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