Con la pobreza y el desempleo en alza ¿habrá IFE y ATP en 2021?



Esta semana se anunciará que ocurrirá con el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Con la tercera tanda de pago ya terminada, por estas horas se analiza si el IFE continuará como venía o tendrá una cobertura más acotada. Lo que ya está claro es que la intención del Gobierno es discontinuar el año que viene estas asistencias diseñadas durante la cuarentena.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya anticipó que ni el IFE ni el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) -por el que el Estado paga parte de los salarios privados- estarán disponibles el año próximo. El argumento oficial es que una vez superada la pandemia estos beneficios ya no serán necesarios.

Sin embargo, los últimos indicadores sociales ponen en evidencia que ni la economía ni la pobreza ni el desempleo recuperarán en 2021 los niveles que exhibían el verano pasado. En ese marco ¿hay margen para que el Gobierno corte estas asistencias de raíz?

El IFE llega a 9 millones de personas, y según estimaciones oficiales las tres tandas que se pagaron hasta ahora de este bono de $ 10.000 evitaron que entre 2,7 millones y 4 millones de personas cayeran en la pobreza. Este miércoles se conocerá el dato oficial de pobreza del primer semestre, pero según datos privados ya es pobre el 46% de la población, 21 millones de personas. 

El desempleo alcanzó a 13,1%, con una caída marcada en la actividad: por la cuarentena se perdieron 3,6 millones de trabajos, pese al efecto del ATP y a la prohibición de los despidos.

La consultora LCG proyecta un desempleo del 15% para el cierre de 2020. “En lo que resta del año el mercado de trabajo se moverá en la dirección menos deseada: una mayor participación en la medida que los ingresos ofrecidos por el Gobierno se licuen (o se levanten) en paralelo con escasa demanda laboral, ahora afectada también por el mayor grado de incertidumbre que impera en la economía local”.

El IFE demandó hasta ahora un gasto de $ 270.000 millones y el ATP otros $ 194.000 millones. Cuando fueron diseñadas las políticas de asistencia en medio de la pandemia, la expectativa del Gobierno era que con el fin de la cuarentena estas ayudas se levantarían. Pero la extensión del aislamiento profundizó el deterioro social.

“La cada vez más modesta recuperación de la actividad pone interrogantes acerca de cuánto demorará el empleo en volver a los niveles previos a la pandemia. El empleo privado formal ajustó poco respecto de la magnitud de la caída de la actividad, por lo que difícilmente vuelva a trepar este año: algunas empresas aún cuentan con dotación excedente”, apunta la consultora Ecolatina.

De este modo, si la pobreza y el desempleo no van a volver en 2021 a los niveles precuarentena; ¿el gasto social sí podrá hacerlo?.

Para María Castiglioni, directora de la consultora C&T, “cuanto más tiempo tarda en reactivarse la economía, más difícil es levantar los gastos como el IFE y el ATP”.

Según detalla la economista, el grueso de los gastos relacionados con el coronavirus fueron destinadas a la asistencia directa de las familias. “Para 2021 el Gobierno planea bajar 33,8% el gasto de transferencias a familias. Y aún así, sacando las partidas extraordinarias, va a a haber un aumento del gasto de 47,8%”.

Para este año, el Gobierno estima un déficit primario -antes del pago de los intereses de la deuda- de 8,5% y para 2021 busca ajustar las partidas para llevarlo a 4,1%. 

En un país sin acceso al crédito externo para financiarse, el déficit previsto para el año próximo será cubierto en un 60% con emisión, señala Castiglioni. “El Gobierno espera llegar a ese nivel de déficit básicamente por 0,7 puntos porcentuales de PBI de recuperación de ingresos y, sobre todo, por ajuste de gastos. Por eso tanto los gastos sociales, como los aumentos de los salarios públicos y las jubilaciones, serán factores de tensión”. 

Para Nadín Argañaraz, director del IARAF, “la enorme incertidumbre que sigue existiendo respecto al Covid nos hace pensar que es posible que continuemos una parte del año que viene en una situación como actual. Hay que consensuar planes de contingencia ante distintas situaciones posibles de la pandemia. A esto se suma el impacto de la recesión. El propio Presupuesto 2021 marca que recién en 2023 retornaríamos a los niveles de déficit prepandemia”.

Argañaraz agrega un factor clave a la ecuación del gasto social del 2021. “Es un año electoral y en ese contexto hay poca predisposición a hacer ajustes. Por eso sería esencial que desde el Gobierno se brinde la mayor certidumbre posible acerca de cómo evolucionará el gasto”.

AQ

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