Con cruces y con la presencia del fiscal Rívolo, el Senado siguió investigando el rol del procurador general



Con cruces entre el oficialismo y la oposición, la comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público se reunió para seguir investigando el papel del procurador general interino, Eduardo Casal, a quién el kirchnerismo busca desplazar .

Estuvieron presentes como expositores: el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Carlos Rívolo –citado por Juntos por el Cambio-; Roberto Cipriano García y Federico Schmeigel de la Comisión Provincial por la Memoria, – quienes plantearon reparos a la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo (SAIT) en 2018-; el abogado Dionisio Velasco, que denunció designaciones anómalas en la provincia de Corrientes; y el fiscal de Tierra del Fuego, Adrián García Lois, quien aseguró ser víctima de “hostigamientos” en su contra a través de un sumario administrativo.

Consultado sobre Casal, Rívolo planteó que solo haría una “defensa institucional”. “El procurador interino ocupa ese lugar por la falta de destreza de la política del Gobierno anterior y del actual de designar a un procurador. No es responsabilidad de él, ni de los fiscales. Está vigente la ley en términos de reemplazos, una ley que no hicimos nosotros. Casal es una persona de confianza aún de la procuradora anterior” subrayó. “Cuando ella se retiraba de licencia quedaba él, cuando había sumario dentro de la procuración ella lo designaba. Obviamente es el más antiguo también”, aseguró Rívolo y recordó que su asociación también defendió a Alejandra Gils Carbó cuando el macrismo intentó destituirla por decreto.

La senadora oficialista María de los Angeles Sacnún, retrucó: “¿Entonces usted dice que si no hay un acuerdo de dos tercios hay que mantenerlo a pesar de las irregularidades que estamos asistiendo porque no hay otra manera?”. A lo que Rívolo respondió: “Cuando usted me marque las irregularidades en términos objetivos de un caso, le podremos contestar y le diremos Casal ‘váyase por esto o lo otro’. Y si él no está va a pasar que sigue Laura Monti, y si no (Víctor) Abramovich porque no hay otra posibilidad. No se puede nombrar a fiscal de distrito” en ese cargo.

El diputado del Frente de Todos y ex subdirector de Contrainteligencia de la AFI, Rodolfo Tailhade, apuntó directo contra Rívolo: “No entiendo para qué lo citaron a Rívolo. Distintas organizaciones vinieron a denunciar el desempeño de Casal y Juntos por el Cambio descalificó diciendo que eran organizaciones militantes o ‘K’ como si eso fuera algo negativo. Pero ellos son los independientes, los que representan la verdadera Justicia y en ese grupo se encuentra Rívolo y la asociación que preside” y agregó: “Rívolo defiende los mismos intereses que defiende Casal, los privilegios de una corporación que se resiste a los cambios y transformación democrática de sus estructuras”.

A su turno, el diputado del PRO, Cristian Ritondo, consignó: “Es una reunión rara, porque Velasco viene a denunciar traslados decididos por (Alejandra) Gils Carbó y a los fiscales que los procesaron. García Lois relata hechos que ocurrieron también en la época de Gils Carbó, Roberto Cipriano dijo expresamente que solo hicieron un pedido de informe, que ya fue respondido. Y le pido disculpas a Rívolo y le aclaro a Tailhade que a él no lo elegimos nosotros, lo eligen los fiscales como su representante”.

Desde la Comisión de la Memoria- la misma que impulsó la excarcelación de presos bonaerenses por el coronavirus e imputó a periodistas en la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio-, apuntaron que ellos “no tenían denuncias contra Casal, sino planteos” a la creación de la comisión SAIT. “Hemos pedido que se pueda tipificar a qué se refiere ‘extremismo violento’, en la respuesta quedó pendiente. No está tipificado y en base a la historia reciente es necesario poder tratar con seriedad y especificidad porque puede dar margan a tareas posiblemente represivas en ese sentido”, señalaron y plantearon que se creó en el marco de “un proceso estigmatizador contra las protestas de grupos mapuches” en ese entonces.

A principio de agosto, el oficialismo impuso su mayoría en la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal y giró 12 pedidos de juicio político contra Casal a la comisión competente de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no cesaron las reuniones de la comisión de Seguimiento para recibir reclamos, quejas y denuncias. La oposición señala que se trata de un “escenario” montado por el kirchnerismo para desgastar a Casal y forzar su renuncia.

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