Advierten sobre la abrupta caída de las inversiones en Internet, telefonía y TV paga



El Gobierno tiene más de $10.000 millones en una cuenta del Banco Nación, para que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) invierta en servicios que permitan reducir la brecha digital. Esos fondos se siguen incrementando, con el aporte mensual del 1% de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, tal como establece la normativa vigente, que fue sancionada en el año 2000.

En lugar de usar esos fondos rápidamente durante la pandemia para mejorar la conectividad de las personas y los hogares que no pueden acceder a servicios de telefonía e Internet, el presidente Alberto Fernández resolvió apuntar contra toda la industria del sector de las comunicaciones que prestan esos servicios, además de la televisión por cable y la TV satelital.

“Puede ser una medida beneficiosa para el consumidor en el corto plazo. Pero a mediano y largo plazo es muy grave, porque vamos a tener peor infraestructura de comunicaciones, con prestadores que no van a poder invertir para acompañar el ritmo de crecimiento que tiene el consumo de Internet”, dijo a Clarín el especialista Enrique Carrier.

Es que esas empresas invirtieron casi 2.000 millones de dólares el año pasado en desplegar redes de fibra óptica, ampliar las redes celulares 4G y comprar equipamiento que, por lo general, es importado, entre otras inversiones.

Además el especialista Carrier aclaró que la designación de “servicio público” no es garantía de acceso al servicio por parte de toda la población, ya que solamente el 70,4% de los hogares tiene gas de red y el 70,9% tiene cloacas; mientras que el 82,9% de los hogares tiene acceso a Internet, según datos del INDEC.

Ese nivel de inversiones en Internet, telefonía y TV paga se desplomará con el el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que los considera “servicios públicos” y congela sus precios hasta el 31 de diciembre, luego del congelamiento que ya tuvieron durante casi todo este año, en una economía que tiene una inflación anual que ronda el 40% y el peso se devalúa permanentemente en relación al dólar estadounidense.

La situación apunta a ser similar a lo que ocurrió durante los ocho años en que Cristina Kirchner fue presidenta de la Nación: congeló todas las tarifas de los servicios públicos, pero ningún prestador realizó inversiones para mantener la calidad ni para ampliar la cobertura de esos servicios. “Terminamos pagando 50 pesos mensuales la tarifa eléctrica, pero nadie invertía nada”, recordó un especialista del sector, que pidió mantener su anonimato.

Los especialistas consideran que el DNU de Alberto Fernández es un “combo explosivo”, que no tiene antecedentes a nivel internacional. Ni siquiera Cristina Kirchner se animó a tanto durante su ya famosa guerra contra los “medios hegemónicos”.

La pandemia del coronavirus generó un debate internacional en torno a la calidad de los servicios de telecomunicaciones, como la telefonía e Internet, junto con la necesidad de reducir la brecha digital. De hecho, ahora mismo se está discutiendo en el Congreso de Chile un proyecto de ley para declarar servicio público a Internet, enfocándose en las necesidades de garantizar la cobertura para toda la población. Incluso el país trasandino lanzó una licitación para brindar servicios de telefonía celular 5G. Pero allá no se habla de fijar todos los precios, ni de incluir a la televisión por cable ni la TV satelital.

“Definir topes de precio en servicios muy tecnológicos tiende a bajar la calidad de todos los prestadores a la vez. Por ello, en China, hace cinco años, se permitió que los tres prestadores estatales móviles establecieran precios libres, justamente para mejorar la calidad de sus servicios”, destacó el profesor titular de Legislación Comparada (UBA) y exvicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar.

A su entender, “con modelos de tarifas fijas los prestadores frenan la oferta de mayor capacidad de Internet (fija y móvil), así como las inversiones en electrónica o tendidos para mejorar lo existente. Para paliar esos efectos, además de liberar los servicios de alto de gama, podrían incentivarse las inversiones de los prestadores grandes y chicos para que mejoren la velocidad a los usuarios, que necesitan más ancho de banda para los próximos meses”, dijo Aguiar.

Es que la combinación de “servicio público” y congelamiento de precios es una ecuación sin sentido. “Limitar el desarrollo de las comunicaciones no impacta solamente sobre dos o tres grandes empresas, sino sobre el conjunto de la sociedad que, al desincentivarse la inversión y la innovación, tendrá peores servicios en un sector que está en la base del desarrollo”, aseguró José Crettaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (Convercom).

Por el contrario, el titular del ENaCom, el massista Claudio Ambrosini, aseguró que el objetivo del DNU es que “la gente siga conectada, que tenga previsibilidad en los pagos y que las empresas no pierdan plata. Ese es el trabajo que tiene que hacer el ENaCom”, sostuvo su presidente, en diálogo con Infobae. Allí planteó que “la idea no es que las empresas pierdan plata, ni que desinviertan, ni estatizarlas, ni nada que se le parezca”.

Habrá que ver si el DNU de Alberto Fernández va en esa sintonía o si es otro paso más en la nueva versión que adoptó la “batalla cultural” de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra los que ella denomina “medios hegemónicos”.

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