Aborto legal: aseguran que no complica ni sube los costos económicos del sistema de salud



Se acaba el año y el tiempo para debatir nuevamente la legalización del aborto en el Congreso. El Ejecutivo tiene un proyecto propio que no se sabe si lo presentará en lo que resta de este 2020 porque los votos no están asegurados. Podría discutirse el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que aún tiene estado parlamentario. Pero hay resistencias, no sólo de sectores que se oponen, sino del propio Gobierno que no quiere instalar un tema complejo en medio de la pandemia por el coronavirus.

Entre los argumentos que más se escuchan para no convertir al aborto en ley está el de los costos que podrían traerle estas intervenciones al sistema de salud, hoy enfocado al virus. Pero los embarazos, los abortos, las prácticas clandestinas y las complicaciones derivadas no han disminuido por el virus sino que se han incrementado.

Mujeres de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito frente al Congreso. Foto: Lucia Merle

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen 22 millones de abortos inseguros en el mundo. Casi todos (98 %) en países en vías de desarrollo, como la Argentina, donde -según datos del Ministerio de Salud-, cada año hay entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros, y unas 50 mil mujeres deben ser internadas. Es que aun siendo ilegal, aún contra los mandatos de la religión, las mujeres -de todas las clases sociales- abortan.

La OMS también asegura que las restricciones legales no dan como resultado menor cantidad de abortos. Sin embargo, aún hay quienes se resisten a la legalización, y esa presión -minoritaria pero poderosa- está frenando que en Argentina se sancione la ley, como tienen todos los países desarrollados del mundo.

“La experiencia que nos muestran distintos países, incluidos países de la región latinoamericana, indica que la legalización no implica mayores gastos al sistema de salud. Muy por el contrario, permite que costos extraordinarios como son las internaciones por complicaciones de abortos inseguros se reduzcan significativamente”, asegura a Clarín Mariana Romero, médica, investigadora del Conicet, integrante del Cedes y de Redaas (Red de Acceso Seguro al Aborto).

Mujeres frente al Congreso pidiendo que la ley se trate este año. Foto; Lucia Merle

“Estos países incluyen los servicios de interrupción legal del embarazo dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva, permitiendo que la anticoncepción sea parte de la consejería y asesoramiento que las personas reciben y así se prevengan embarazos no intencionales -sigue Romero-.  Asimismo, permite que los equipos de salud y las mujeres se posicionen en un clima de intercambio propicio, de confianza y privacidad, absolutamente necesario en la relación médico-paciente”.

Romero cita el estudio “Abortos seguros e inseguros: Costos monetarios totales y costos para el sistema de salud de la Argentina en 2018” -de las investigadoras Malena Monteverde y Sonia Tarragona, publicado en Salud Colectiva, Universidad de Lanús-, sostiene que “el costo de bolsillo que pagan las mujeres o sus familias para acceder a la práctica de forma ilegal e insegura, supera cualquier alternativa segura según los protocolos de la OMS entre un 30% y un 80% según sea el escenario de métodos más seguros que se considere. Por su parte, los recursos que gastaría el sistema de salud en tratamientos por complicaciones (sin considerar el gasto de bolsillo) superaría en 4 a 5 veces el costo para el sistema de cualquier escenario de práctica de aborto seguro”.

“Desde el punto de vista estrictamente económico, no habría evidencia a favor de continuar con el actual régimen de ilegalidad en la práctica del aborto en la Argentina. Los resultados de la comparación de los costos monetarios totales (privados o de bolsillo y para el sistema de salud) del escenario actual de ilegalidad y práctica insegura del aborto, frente a escenarios potenciales de prácticas seguras, muestran que se podría ahorrar una gran cantidad de recursos si se implementaran los protocolos recomendados, lo cual solo parece posible en un contexto de legalización y control estricto de las prácticas”, concluye el trabajo. 

Quedan pocos días de 2020 para que pueda tratarse el aborto en el Congreso. (foto Lucia Merle)

El trabajo también habla de otras múltiples consecuencias diferenciales del aborto en condiciones seguras e inseguras en términos de muertes prematuras, discapacidad, ausentismo, daño psicológico y pérdidas de productividad.  

Según la OMS, casi todas las muertes y la morbilidad por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está prohibido. Las complicaciones del aborto inseguro incluyen la hemorragia, la septicemia, la peritonitis y el traumatismo del cuello del útero y los órganos abdominales, histerectomía, infertilidad, discapacidad o incluso la muerte. Por el contrario, donde hay pocas restricciones para acceder al aborto sin riesgos, las muertes y las enfermedades se reducen drásticamente.

Cada año, dice la OMS, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro y 5 millones de mujeres que han abortado en malas condiciones padecen discapacidades temporales o permanentes, incluso infertilidad.

La muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna en la Argentina desde 1980. REDAAS también sostiene que 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguros: un promedio de 47 mujeres por año, 3030 muertas desde que Argentina está en democracia. 

Desde la Campaña se reclama que traten su proyecto de ley, que aún tiene estado parlamentario. Foto: Lucia Merle.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, entre 2016 y 2018 se produjeron 704 muertes maternas: 108 fueron por complicaciones de aborto (15,3%). Desde el ministerio se explica también que hay subregistros porque muchas veces es difícil identificar la causal aborto: un estudio de omisión de registro de causas de muerte materna (EORMM) de 2016 midió un subregistro de 17,3% de la causa de muerte materna.

“Bregamos por la legalización del aborto, principalmente porque es una cuestión de justicia social, las mujeres de los sectores más pobres son las que más inconvenientes tienen por la inaccesibilidad y las que más se ven afectadas por la regulación”, asegura a Clarín Daniel Teppaz, médico tocoginecólogo, integrante de Redaas.

“Circula una serie de mitos sobre el aborto legal, como que hace aumentar el número de abortos, y eso no es así, Está comprobado: en los países que tienen aborto legal el número de abortos no aumenta. Las mujeres siguen abortando igual, nada más que lo hacen en distintas condiciones, o mejores condiciones -explica Teppaz-. Si las mujeres tienen acceso al sistema de salud y saben que son escuchadas, que van a tener un ambiente amigable en el que van a poder hablar sin prejuzgamiento van a concurrir a edades gestacionales más tempranas, y si bien la interrupción del embarazo es una práctica de muy bajo riesgo, cuanto más tempranamente consulte la mujer, menor será el riesgo”.

El médico asegura que la legalidad sumada a la consulta temprana es lo que “hace disminuir drásticamente las internaciones por complicaciones de abortos. Y este es uno de los elementos para tener en cuenta a la hora de medir costos. Se ha estudiado y se han hecho investigaciones y todas concluyen que el aborto clandestino implica un costo muchísimo mayor. Lo que se ahorra puede usarse en mayor anticoncepción, evitando embarazos no deseados, y evitando que las mujeres sean obligadas a parir”.

Teppaz agrega: “El aborto legal baja los costos porque puede hacerse con medicamento, en domicilio y por autogestión de las mujeres cuando las edades gestacionales son bajas, que es lo que ocurre en la legalidad. Debemos dejar de tapar un problema de salud pública que está latente, que existe, pero que ahora como sistema de salud no le podemos dar una respuesta adecuada”. 

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